Cada día que pasa, el Fiscal General del Estado está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. “En un 95% de posibilidades llegados a este punto ya va a juicio”, auguran fuentes del caso. Este martes, es otro día clave, toda vez el Supremo delibera sobre recurso que interpusieron tanto Álvaro García Ortiz como la otra imputada en el caso, Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid. Su objetivo con sendos escritos era el archivo porque consideraba que su imputación fue “absolutamente infundada, arbitraria o carente de toda base o fundamento”.
El juez Ángel Hurtado imputa al fiscal general un delito de revelación de secretos por, presuntamente, haber publicado datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Para el magistrado, existen indicios de que fue el fiscal general quién filtró a la prensa un e-mail de la defensa de González Amador reconociendo delitos fiscales y ofreciendo un pacto a la Fiscalía. El juez precisó en su auto que la filtración surgió “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. Su propósito era desmentir una información publicada en el diario El Mundo titulada “La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales”.
Lo cierto es que ocurrió al revés, que fue la defensa de la pareja de Ayuso quien ofreció ese pacto. Por eso sospecha Hurtado que el fiscal general “con la finalidad de ganar el relato entró en un frenético intercambio de comunicaciones para preparar una respuesta, y dejar bien claro que la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”, incurriendo, en consecuencia ese delito de revelación de secretos.
García Ortiz siempre ha reconocido que él quiso emitir una nota de prensa aclaratoria sobre quién había ofrecido el pacto “para desmentir el bulo” filtrado al diario El Mundo por el gabinete de Ayuso para no manchar la imagen de la presidenta, pero la circular se publicó cuando ya algunos medios habían desvelado el contenido de ese correo. De ahí que defienda que no pudo haber revelación de secretos en la publicación de unos datos que ya se conocían por la prensa.
En su recurso, el fiscal general insiste en que la noche previa a la filtración no mantuvo “ningún contacto con periodistas y menos con Presidencia del Gobierno”, como afirma el juez. Además, considera que Hurtado sostiene la responsabilidad penal “a partir del eventual uso político o mediático de un documento que ya era de dominio público” y eso “excede por completo el juicio racional de indicios”.
El recurso presentado por el fiscal general fue directamente a la Sala de Apelaciones. Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres debatirán los pormenores del recurso. Una decisión que no se conocerá en la jornada de este martes. “Tardará más”, aseguran fuentes de la Sala consultadas.
Mientras tanto, el juez ha paralizado la causa a la espera de tener una decisión de la Sala de Apelaciones. Hasta que no haya fallo no se podrá abrir juicio oral definitivamente al fiscal general. Algo que podría irse a después de verano.
Finalmente, si el fiscal general acaba en el banquillo, la duda está en si se irá del cargo. En la carrera fiscal sospechan que no porque el estatuto que rige la institución no contempla la posibilidad de que un fiscal general sea procesado. Lo que sí recoge es la suspensión de otros fiscales -artículo 145 del reglamento- “cuando se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”.
Por tanto, se daría la circunstancia que García Ortiz se quedaría al frente del Ministerio Público y suspendería a Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, procesada por el mismo delito y por los mismos hechos que el propio fiscal general. Algo que, antes de que ocurra, ya ha despertado la furia de gran parte de la cúpula fiscal: “Debería ser suspendido de sus funciones como cualquier fiscal”. “Lo contrario es colocarse por encima de la ley y quebrar el principio de igualdad ante la ley”, dicen fiscales del Supremo.