Las cuentas anuales de Plus Ultra Líneas Aéreas correspondientes al ejercicio 2024/2025, a las que ha tenido acceso Artículo14, reflejan que la compañía mantiene una deuda con la Seguridad Social de 811.390,75 euros. La cifra, destacada en el balance de situación de la aerolínea, representa solo uno de los capítulos de un pasivo total con administraciones públicas que supera los 2,7 millones de euros en saldos acreedores.
La situación contrasta llamativamente con el ejercicio 2019/2020, en el que esa misma partida ascendía a 396.677,84 euros. En apenas cinco años, la deuda con la Seguridad Social aumentó, una evolución que resulta especialmente significativa dado el historial previo de la compañía con la Tesorería General.
Fuentes de Plus Ultra confirman al periódico que el aumento de la deuda está vinculada a que ahora cuentan con el doble de plantilla y salarios más altos. En el 2020 solicitaron un aplazamiento que “no están relacionados” con estas cuentas -cuando una empresa tiene un aplazamiento concedido y va pagando las cuotas e intereses pactados, esa cantidad no aparece contabilizada como deuda, explican-. Lo que figura ahora en las cuentas, argumentan, es deuda ordinaria derivada de su actividad corriente, no cuotas impagadas ni aplazamientos vencidos.
Una deuda que venía de antes del rescate
El auto judicial de 18 de mayo de 2026 dictado por el Tribunal Central de Instancia en el marco de las diligencias previas 77/2024-S, que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal, ofrece un retrato detallado del estado real de las cuentas de Plus Ultra en los meses previos al rescate público.
Uno de los requisitos exigidos por el Real Decreto-ley 25/2020 para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) era que la empresa solicitante estuviera al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019. Plus Ultra presentó, el 1 de septiembre de 2020, dos certificados expedidos el 20 de agosto de ese año que así lo acreditaban. Sin embargo, según refleja el auto, la Tesorería General de la Seguridad Social informó a requerimiento judicial de que existía deuda vigente en aquella fecha.
Informe externo
El propio informe elaborado por Deloitte Legal como asesor externo de la SEPI reconocía que Plus Ultra había facilitado una resolución de aplazamiento de una deuda preexistente con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por importe de 451.954,79 euros, contraída entre julio de 2017 y mayo de 2020. La compañía había solicitado sucesivas reconsideraciones de ese aplazamiento en 2017, 2020 y nuevamente en junio de 2020. En conversaciones internas intervenidas judicialmente, el director de Recursos Humanos de Plus Ultra advertía que la TGSS “nunca ha visto con buenos ojos varias reconsideraciones de deudas en el mismo año”.
El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2021 una ayuda pública de 53 millones de euros a favor de Plus Ultra, articulada en un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.
Maquillaje de la situación patrimonial
Un informe pericial acordado judicialmente concluyó que Plus Ultra no cumplía las condiciones de elegibilidad, dado que ya se encontraba en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019, con más de un año en causa de disolución, insolvencia y sin liquidez suficiente para operar.
Los informes de los asesores de la SEPI habrían sido redactados, según el auto, para justificar la concesión del rescate, pese a que el propio Deloitte Legal advertía de graves problemas de caja.
El auto judicial añade indicios de que la aerolínea habría recurrido a diversas herramientas contables para maquillar su situación patrimonial: un préstamo participativo del grupo panameño Panacorp que obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión.
Seguridad Social
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defendió que el aplazamiento concedido a Plus Ultra “se ciñó a la normativa vigente”, que todos los aplazamientos “finalizaron por pago” y que la operación fue rutinaria en el contexto de la pandemia, cuando la TGSS concedió más de 137.000 aplazamientos en 2020, el doble que el año anterior.
Sobre la cuestión más espinosa —cómo Plus Ultra obtuvo un certificado de estar al corriente existiendo deuda vigente—, la TGSS también respondió que los aplazamientos son una herramienta habitual y que esos certificados “se expiden de forma automática”, sin intervención de ningún funcionario, porque un aplazamiento activo convierte técnicamente la deuda en un pago diferido y no vencido.
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