En el sistema jurídico español, el término decreto ley es uno de los más citados en la actualidad política. Pero no siempre se comprende del todo. Aunque suele usarse en contextos de urgencia o necesidad, su naturaleza y diferencias respecto a una ley ordinaria despiertan debate y dudas en la ciudadanía.
A continuación, analizamos qué es exactamente un decreto ley, cuándo se puede utilizar y por qué no debe confundirse con una ley ordinaria.
¿Qué es un decreto ley?
Un decreto ley es una norma con rango de ley que puede dictar el Gobierno de España sin necesidad de pasar, en un primer momento, por el trámite parlamentario. Se utiliza exclusivamente en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, según lo establece el artículo 86 de la Constitución Española.
Este instrumento legal permite al Ejecutivo actuar con rapidez cuando la situación así lo exige. No obstante, no es una carta blanca: el decreto ley debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación.
La figura del decreto ley está recogida en la Constitución Española de 1978. Concretamente, el artículo 86.1 indica que el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decretos-leyes. Pero con ciertas limitaciones temáticas.
No se puede utilizar un decreto para regular materias que afectan al ordenamiento de las instituciones del Estado, los derechos, deberes y libertades fundamentales de los ciudadanos, el régimen de las comunidades autónomas o el derecho electoral general.
¿Cuándo se recurre a él?
La aplicación del decreto ley se justifica únicamente en situaciones donde el tiempo es determinante. Por ejemplo, en contextos de crisis económica, desastres naturales, pandemias o medidas que requieren una acción inmediata del Estado.
Gracias a su inmediatez, el decreto permite actuar antes de que se paralicen procesos importantes por la lentitud del procedimiento legislativo habitual.
¿Quién aprueba un decreto ley?
A diferencia de una ley ordinaria, que requiere debate, votación y enmiendas en el Parlamento, el decreto es aprobado directamente por el Consejo de Ministros. Posteriormente, debe ser presentado ante el Congreso de los Diputados para su convalidación.
Este control parlamentario no implica la posibilidad de modificar el texto, solo de aceptar o rechazar el decreto en su conjunto. En caso de no ser convalidado, queda derogado.
¿Qué ocurre tras la convalidación?
Una vez convalidado por el Congreso, el decreto puede continuar en vigor tal cual fue aprobado. O bien convertirse en un proyecto de ley para ser tramitado como una ley ordinaria. En este caso, sí puede ser modificado por los grupos parlamentarios.
Este procedimiento convierte al decreto en una herramienta flexible que puede adaptarse posteriormente, aunque no siempre ocurre.
Diferencias clave con una ley ordinaria
Aunque ambos instrumentos tienen rango de ley, existen diferencias notables entre un decreto ley y una ley ordinaria:
- Origen: el decreto nace del Ejecutivo; la ley ordinaria del Legislativo.
- Procedimiento: el decreto se aprueba de forma inmediata por el Gobierno; la ley ordinaria requiere todo el procedimiento parlamentario.
- Temporalidad: el decreto es provisional hasta que lo convalida el Congreso; la ley ordinaria tiene validez plena desde su aprobación parlamentaria.
- Temas regulables: hay materias vedadas al decreto, como derechos fundamentales o leyes orgánicas; en cambio, la ley ordinaria puede tratar cualquier ámbito no reservado a leyes orgánicas.