Sánchez no logra recomponer su mayoría: sin política social ni atisbo de Presupuestos

La decisión judicial sobre el posible retorno de Carles Puigdemont se le está haciendo lenta al Gobierno. Descafeinar el real decreto ley de escudo social al gusto del PNV no le bastó para atraer a Junts per Catalunya a la mayoría de investidura en el último pleno en el Congreso. Tampoco logró que la Cámara Baja convalidara su decreto para topar precios de bienes y servicios esenciales en emergencias.

Entre las pocas certezas con las que trabajan, fuentes del Ejecutivo expresan que hay una muy clara: “La situación de este partido [Junts] se terminará de estabilizar cuando vuelva Puigdemont”. Hasta entonces, el Gobierno intenta exponerse al mínimo de votaciones posible, y está “valorando la situación a cada minuto” en lo que tiene que ver con los Presupuestos Generales del Estado para 2026. Llegarán a la Cámara Baja seis meses después de expirar el plazo que establece la Constitución (30 de septiembre).

Hoy asumen que no tienen “el acuerdo de Junts y de ERC”, y que por tanto el proyecto de ley de Presupuestos nacerá muerto -“No están en condición de aprobarlos”-. El calendario alternativo que se ha dado María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, contempla presentar las cuentas en el Congreso de los Diputados en marzo, a más tardar.

Las elecciones en Castilla y León, en las que el PSOE prevé ser segunda fuerza o incluso superar al PP, pero sin opciones de formar gobierno, han servido para vaciar de plenos la agenda de la Cámara Baja hasta la tercera semana del mes entrante. Bien en la semana del 17 al 19 de marzo, bien entre el 24 y el 26, el aterrizaje de las cuentas públicas está cerca. Siempre que Pedro Sánchez decida mantener el rumbo prefijado.

“En este minuto es difícil que salgan, pero hazañas más grandes hemos conseguido”, defienden. Los contactos con los partidos se suceden, “menos con los que no se quieren sentar”. Y el reloj avanza. Hay cuestiones, como la desclasificación de los documentos del golpe de Estado fallido del 23-F, que les permiten copar la agenda durante días, granjearse una tregua. La gravedad de la situación de inestabilidad y violencia en Oriente Próximo tras los ataques de EEUU e Israel en Irán también acapara focos.

La semana previa al 8-M puede ser propicia para sacar otro conejo de la chistera. Pero la constatación de que hay un bloqueo con Junts, y otro con ERC, impide hoy que puedan apuntarse un tanto con las cuentas públicas. Y, en lo que respecta a Junts, que votó con PP y Vox contra dos de los cuatro reales decretos que sometieron a convalidación el jueves, desnuda su debilidad parlamentaria.

Pedro Sánchez y las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz este jueves durante el pleno del Congreso de los Diputados.

Relaciones “fluidas” con ERC; Junts apenas “descuelga el teléfono”

Con todo, hay diferencias en las formas y en el diagnóstico de situación en sus relaciones con ERC y Junts. En el caso del partido de Oriol Junqueras, la conversación es “fluida”. Y en el Ejecutivo se les “escapa” por qué los republicanos anticiparon a las claras la semana pasada que no apoyarían los Presupuestos de Salvador Illa en Catalunya. El viernes, el president de la Generalitat los llevó al Parlament para comenzar su tramitación.

ERC reclama a Montero que se comprometa con el traspaso de la gestión y recaudación del IRF a Cataluña, y señala el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (marzo) como posible escenario para concretarlo. En el Gobierno interpretan como un pack las cuentas de Illa y las de Sánchez, en los que respecta a ERC: si logran desencallar la situación, esperan contar con su ‘sí’ en ambas Cámaras.

Para contentar a ERC vicepresidenta primera ofrece incrementar la cooperación para ir traspasando la recaudación, y los suyos afirman que las posiciones aún están alejadas. “Tienen un planteamiento sobre IRPF que no compartimos”. Articular el traspaso a través de una modificación de la ley orgánica de financiación de comunidades autónomas (LOFCA), se les antoja imposible. Han avanzado algo sobre el consorcio de inversiones, pero de nuevo sin acuerdos. Sintetizan que, aunque hay “caminos transitables”, no “gustan” en ERC.

Los de Junts, sin embargo, apenas “descuelgan el teléfono”. Recuerdan que fue el partido de Puigdemont quien rompió lazos en octubre, y sostienen que aún les “echan en cara” que al expresident fugado no se le aplique la ley de amnistía. O que no se haya producido el traspaso de competencias en materia de inmigración, que “todavía no tiene el acuerdo de Podemos”. No hay fecha aún para la publicación de las balanzas fiscales, ni reciben respuesta a sus “guiños”.

Se abren a trocear el escudo social, entre presiones de la izquierda

El viernes, la vicepresidenta primera se abrió a trocear el decreto de escudo social que contiene la prórroga de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables, y otras medidas como la garantía de suministros básicos. “Meditaremos en el interior del Gobierno a ver cómo se componen esas aritméticas parlamentarias para impulsar como siempre la mayor parte de las medidas”, afirmó en una entrevista en Cadena SER.

Tienen claro que la prohibición de desahuciar es la medida que más enerva a Junts, y no obvian la presión de la izquierda para no renunciar a ninguna de las políticas de este decreto. Se tramiten juntas o por separado. Pero no desvelan los pasos a dar, mientras en las filas socialistas hay voces que contemplarían no actuar de momento, para que la ausencia de estas políticas, por el rechazo de la derecha, se deje notar. “Podemos seguir separando [medidas] hasta el infinito, al criterio de cada grupo”, ironizan desde el Ejecutivo.

El enfado con el PP

Que el PP va a votar siempre contra las medidas del Gobierno se da por descontado en Moncloa, aunque intenten hacerles pagar la factura de bloquear medidas que pueden ser percibidas como positivas entre la mayoría de los ciudadanos, voten a la izquierda o a la derecha. El último pleno, sin embargo, creen que el PP cruzó una línea roja cuando Cayetana Álvarez de Toledo pidió a Sánchez “desclasificar” su historial médico.

Que se hiciera eco de un “bulo” sobre la salud del presidente, desmentido después por él mismo, les sorprendió. Como lo hizo el nivel de hostilidad que mostraron los diputados conservadores en la Cámara, contra el que protestaron por escrito a la Mesa. En el Ejecutivo se muestran hartos de tener que intervenir “con Miguel Tellado gritando barbaridades” mientras hablan. Escuchando cómo les tildan de “mentirosos”, “traidores”, “puteros” o “violadores”.

En enero, antes del accidente ferroviario de Adamuz, Sánchez y Alberto Núñez Feijóo estuvieron a punto de reunirse por primera vez en 10 meses. El siniestro ferroviario obligó a postergar esta reunión, en el marco de un encuentro con el resto de partidos para abordar la respuesta de España a la guerra de Rusia en Ucrania. No han vuelto a retomar esta senda. Y el contexto electoral no facilita una reducción de decibelios en el debate público.