La Fundación Avanza, de cuyo patronato forma parte Pedro Sánchez, llama a adoptar una posición de “ofensiva democrática” ante el “tensionamiento brutal” al que “las derechas” están sometiendo la contienda política y proponen, entre otras medidas, que los jueces apliquen más sanciones ante lo que consideran malas prácticas.
En un documento distribuido por el PSOE, recoge Europa Press, señalan que existe “lawfare“, utilización política de la Justicia contra los adversarios políticos, y responsabilizan a la “derecha conservadora”, que “ha optado desde el minuto uno por una batalla desnuda por recobrar el poder y desalojar de él al gobierno progresista por los medios que sean”, denuncian.
Según esta “estrategia”, pequeñas organizaciones “del más rancio derechismo español” llevan a los tribunales causas “endebles” que son admitidas “con rapidez por algunos jueces” y posteriormente “esparcidas por algunos pseudomedios de comunicación”.
La fundación Avanza, presidida por el embajador de España ante la OCDE y exdiputado socialista, Manuel Escudero, propone “firmeza y contundencia” en la respuesta ante los “desmanes” de la “estrategia antidemocrática de las derechas”.
Ayuda de jueces y periodistas
En este sentido señalan que esta contienda no se puede llevar a cabo solo por el Gobierno y sus partidarios, puesto que necesita de la participación de otros actores de la sociedad, por ejemplo los jueces y los periodistas.
“El establecimiento de nuevos mecanismos eficaces de rendición de cuentas y evaluación del desempeño o sanción de las malas prácticas dentro del sistema judicial español solo lo podrán poner en marcha los jueces y magistrados que quieren preservar el sistema como garante del imperio de la ley democrática”, sostienen.
Por otro lado, frente a la “desinformación” que, afirman, utilizan las derechas “políticas y mediáticas” contra el Gobierno de Sánchez, se debe responder con medidas auspiciadas por el Gobierno, pero también con “un movimiento coordinado de carácter civil de repulsa de la desinformación por parte de todos los actores implicados”.
Entre las iniciativas políticas necesarias menciona la exigencia pública de transparencia de los medios en cuanto a su propiedad y ayudas públicas y el refuerzo del derecho al honor y el deber de rectificación de bulos, todas ellas impulsadas desde la Moncloa.
Pero además consideran que deben implicarse las “asociaciones de medios, agencias, fact checkers (verificadores), investigadores, educadores” y en especial debe producirse una “autorregulación de los periodistas españoles que tengan la convicción de que la salud democrática de un país se fundamenta como elemento esencial en asegurar y hacer prevalecer la integridad de la información”.