Una semana de terremotos en el PSOE de Extremadura, seguida después del tsunami de este jueves. La jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, acaba de mandar al banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno, el músico David Sánchez, así como al líder socialista extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otras 9 personas.
La magistrada investiga las supuestas irregularidades en torno a la creación y adjudicación a Sánchez de la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses. Moncloa evita hacer nuevas valoraciones, pero siempre ha encuadrado este caso en el marco de la “ofensiva por tierra, mar y aire” de la derecha y la ultraderecha contra el presidente del Gobierno.
En reiteradas ocasiones ha considerado esta causa una pieza más de una suerte de persecución que acabaría cayendo por su propio peso, toda vez que, según ellos, carecía de fundamento; cuando se adjudicó la plaza a su hermano, Pedro Sánchez ni siquiera era líder del PSOE.
En Ferraz son aún más rotundos: “El único delito de David Sánchez es ser hermano de un presidente del Gobierno progresista”, aseguran. Recuerdan que siempre han defendido que esta causa, como la que afecta a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, se acabarán desinflando. Cargan contra el PP por ejercer una “oposición de casquería”; contra los “pseudomedios financiados por administraciones gobernadas por el PP”, y contra las “organizaciones de ultraderecha” que denuncian en base a “recortes de prensa”.
Su última esperanza es que la Audiencia Provincial dé alas al recurso de la Fiscalía y acabe desmontando la causa. “La Fiscalía, por primera vez en el proceso de David Sánchez, ha sido muy dura con la jueza. Deja bien claro que no hay elementos ni indicios que sustenten un juicio, y por lo tanto recomienda que esto termine aquí”, inciden.
El hermano del presidente, pero también la plana mayor del PSOE extremeño, están hoy un paso más cerca del banquillo, acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La moral de derrota es evidente en algunos interlocutores del partido en Madrid. En Extremadura, el incendio es imposible de ocultar.
El PSOE extremeño, en riesgo de implosión
Una causa que, según el propio Gallardo, iba a quedar en nada, amenaza con llevarse por delante su carrera política, como empieza a deslizarse en privado. Si las resoluciones judiciales han generado malestar e incertidumbre, y así lo reconocen dirigentes socialistas extremeños consultados por Artículo 14, son precisamente los movimientos del secretario general en la región los que han llevado a sus compañeros de filas al sonrojo y hasta a la indignación.
A la “preocupación” por el rumbo del partido. El jueves, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, trasladó públicamente esa “preocupación”, así como su “tristeza” por la situación que vive su partido.
El pasado viernes trascendió que Gallardo había tomado la decisión de dimitir como presidente de la Diputación de Badajoz, para convertirse en diputado en la Asamblea, un escenario que rechazaba hasta ahora. Al menos lo posponía a después de que se archivara la causa. Este estatus le garantiza su aforamiento, por lo que sólo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) puede juzgarlo.
Él defiende que no busca únicamente ser aforado, ni retrasar durante meses la causa judicial que se ha seguido en el juzgado ordinario. “Si yo he dado el paso ahora y no antes, ha sido porque he querido que termine el proceso de instrucción”, aseguró el jueves en RNE. Un día antes había reconocido que el aforamiento le daría “más garantías de justicia”, tras meses de “absoluta indefensión”. Su discurso, hasta ahora, pasaba por prometer que no sería aforado hasta que la causa estuviese muerta.
Además, para llegar hasta aquí, ha tenido que forzar la renuncia de cuatro personas que le precedían en la lista electoral a la Asamblea, y reclamar su acta a su ex jefa de gabinete, Mari Cruz Rodríguez, hasta ahora diputada. La misma a la que, según los medios extremeños, quiso convertir en subdelegada del Gobierno en Badajoz, para compensar este sacrifico político. La maniobra, apuntan esos medios, fue abortada por el delegado del Gobierno, José Luís Quintana.
Varios periódicos recogen las declaraciones de la casi defenestrada subdelegada, María Isabel Cortés, que inicialmente confirmó su cese y después se vio obligada a rectificar. En el entorno de Gallardo afirmaron que se trató de un “error”; que ella “se dio por cesada cuando no lo estaba”. Hasta aquí, afirma un veterano dirigente político autonómico, ya bastaba para construir un guion digno de una “serie de Netflix”.
Pero la guinda del pastel llegaba con el auto conocido a última hora de la mañana del jueves, por el que la magistrada los enviaba al banquillo. Y el equipo del secretario general respondía afirmando que Gallardo ya había tomado posesión de su escaño el día antes, a toda velocidad. Esto supondría que era aforado, aunque la jueza no lo supiera, antes de que dictara la resolución. “Miguel Ángel Gallardo es, desde ayer miércoles, diputado de la Asamblea a todos los efectos”, indicaron. Era difícil rizar más el rizo.
El PSOE cambió sus estatutos: si se declara víctima del ‘lawfare’, no tendrá que dimitir
El enfado en las filas de su formación es considerable. “Me preocupa mucho la imagen que se da”; “Da pie a la estrategia de desafección a la que se dedica en exclusiva la derecha”, apunta una dirigente en ese territorio. Esto va “en sentido contrario” a la línea de trabajo para “potenciar la confianza de la ciudadanía”, abunda.
En Ferraz piden tiempo: “Estamos hablando de que podría no haber juicio si la Audiencia así lo estima, por los recursos que hay”. Con una fórmula algo enrevesada, vienen a avalar los movimientos de Gallardo para granjearse un escaño, aún a costa de pasar por encima de los suyos.
“Los militantes dieron un mandado al compañero Gallardo al elegirlo secretario general: dirigir la oposición al gobierno del PP en Extremadura. Compartimos desde la CEF que ese mandato debe llevarse a cabo desde la Asamblea de Extremadura, para confrontar claramente el liderazgo de futuro de Gallardo, con el menguante de [María] Guardiola”, apostillan.
Se da la circunstancia de que, hasta el último Congreso Federal del PSOE (Sevilla, diciembre de 2024), los estatutos del partido le habrían impedido mantener la secretaría general, una vez llegados a la fase de apertura de juicio oral. Sin embargo, en el último cónclave, y sin dar explicaciones, el partido decidió modificar estas normas.
Gracias a la disposición adicional sexta incluida en los estatutos, Gallardo tiene una vida extra a mano. Esta disposición abre la puerta a que un dirigente que sea víctima del “uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas”. Esto es, una operación de lawfare como la que describen que sufre, le capacitaría para solicitar una suerte de moratoria a la Comisión de Ética y Garantías. Al menos, hasta que haya sentencia.
El entorno de Gallardo, hace meses: “Nos dicen que en la Semana Santa se archiva”
Las decisiones judiciales y los tiempos que ha marcado la jueza contrastan con las previsiones que manejaban hace escasas semanas en el entorno del ya presidente de la diputación autonómica. “Nos dicen que para Semana Santa se archiva”, indicaban entonces. Desde el principio, Gallardo ha reivindicado su inocencia y ha confiado en que la causa se acabaría desinflando.
El resto de partidos asisten impasibles al “desnorte” del PSOE, a las maniobras “alucinantes” que se han producido durante la última semana. Un veterano de una formación rival explica la secuencia de acontecimientos y declaraciones de estos días aludiendo, casi únicamente, a la “soberbia” que atribuye a Gallardo: “Está acostumbrado a hacer esto. Hasta ahora le había salido bien”.