“Por mí y por todos mis compañeros”. La estrategia por conseguir el aforamiento en el último momento del líder de los socialistas de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, podría elevar toda la causa del hermano de Pedro Sánchez al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¿El motivo? Según las fuentes jurídicas consultadas, podría aplicarse el principio de conexidad por la relación que guardan los hechos que se le imputan a Gallardo y al resto de implicados en la causa, siendo este tribunal el que enjuicie a los once procesados llevados al banquillo.
Según fuentes jurídicas consultadas, la estratagema no tiene por qué favorecerlos: “¿Qué pasa, que piensan que los magistrados del TSJ les van a absolver?”, se preguntan. Pero, reconocen, para lo que sí sirve es para enturbiar el proceso y dilatar todos los plazos.
¿Es fraude de ley?
Las acusaciones populares formadas por PP, Vox, Iustitia Europa, Manos Limpias, Liberum, Hazte Oír y Abogados Cristianos están muy molestas con la maniobra de Gallardo y apuntan a fraude de ley. Desde Iustitua Europa emitieron una nota de prensa acusándole de “alterar las reglas del proceso penal” y querer escoger el tribunal que finalmente lo juzgará.
Fuentes del Tribunal Constitucional creen que es una forma de “prostituir el aforamiento y una utilización zafia” de las reglas. Pero indican que el Tribunal de Garantías solo podría valorar el fraude de ley en el caso de que se agoten todas las vías del proceso. Es decir, que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se recurra al Tribunal Supremo y de ahí se presente un recurso de amparo en el Constitucional. Trámites que podrían dilatarse durante años.
En principio, el aforamiento es un estatus jurídico según el cual determinadas personas por el cargo que ocupan solo pueden ser juzgados por tribunales superiores para evitar demandas interesadas y que los juzgados ordinarios sean sometidos a presiones. “En ningún caso podría utilizarse como un privilegio sino como una garantía de la actividad del Diputado. Se trata de preservarle un ámbito de libertad para ejercer su función parlamentaria”, precisan las fuentes jurídicas consultadas.
¿Llegó a tiempo con el aforamiento?
Pero Gallardo ha hecho y deshecho a su antojo en la última semana para intentar adelantarse a la jueza Beatriz Biedma antes de que abriera juicio oral. Hizo dimitir a una diputada de la Asamblea y obligó a cinco cargos a renunciar a su acta para que corriera la lista electoral hasta su posición. Los tiempos son clave en determinar quién ganó la carrera: la jueza o el líder de los socialistas madrileños.
El auto de apertura de juicio oral se emitió este jueves 22 de mayo. Gallardo consiguió que se expidiera su credencial de diputado justo el día antes, el 21 de mayo. Según el reglamento de la Asamblea extremeña, no alcanzas el estatus de diputado oficialmente hasta que se cumplan los siguientes requisitos: presentar la credencial, cumplimentar la declaración a efectos de incompatibilidades, realizar la declaración de bienes y prestar juramento.
Precisamente, este último requisito es el que faltaría para que fuera diputado de pleno derecho. Pero resulta que el reglamento de la Asamblea extremeña también indica que “las prerrogativas y derechos, entre las que está el aforamiento, se adquieren una vez que el diputado es electo, caso de Gallardo”.
Por tanto, todavía falta que quede claro si, efectivamente, expedir la credencial ha sido el pasaporte para que Gallardo sea juzgado en el TSJ o si la falta de juramento lo aboca al banquillo de la Audiencia Provincial como corresponde a los no aforados.