Pedro Sánchez tiene un largo historial de golpes de efecto. Acumula jugadas que le han permitido poner boca abajo el tablero político de un solo movimiento; marcar la agenda y lanzar al terreno de juego cuantas pelotas han sido necesarias para desconcertar a sus oponentes. Esta última semana, sin embargo, el Gobierno tenía algunos hitos en su planificación, pero se ha visto incapaz de establecer la agenda. Más bien ha tenido que ir reaccionando, casi día a día, a rebufo.
El miércoles, en el Congreso de los Diputados, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, alertó a Sánchez de que la derecha está dando un “golpe de Estado blando”; de que existe una ofensiva “policial, judicial, digital y mediática” contra el Ejecutivo. En privado, lejos de cámaras y micrófonos, dirigentes socialistas, de Sumar e integrantes del Gobierno, refrendaban y esgrimían estas tesis, aunque en público no fueran tan lejos.
Fuentes de Moncloa aseguran que el presidente es consciente, especialmente desde los cinco días de “reflexión” del pasado año, de que “van a intentar derribarlo por tierra, mar y aire”. El grueso de las explicaciones y diagnósticos se mueven en estas coordenadas, sea en los partidos de la coalición como en el Gobierno.
Las revelaciones de mensajes de Whatsapp privados entre el presidente y el exnúmero tres del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, han monopolizado buena parte de la agenda. Las informaciones de El Mundo se colaron en la mayoría de ruedas de prensa, en la sesión de control en el Congreso, y hasta en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presentaba el proyecto de ley de reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, que ahora debe arrancar su tramitación en el Congreso de los Diputados. Y que ya ha sido rechazado por la inmensa mayoría de asociaciones judiciales y fiscales.
Un día antes, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presentaba una herramienta para evaluar los riesgos laborales de las trabajadoras del hogar. Y el miércoles, ya en el ecuador de la semana, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, comparecía en la Cámara Baja para dar algunos detalles sobre del origen del apagón del 28-A. Tres semanas después, la investigación está lejos de arrojar conclusiones.
El Ejecutivo incluso se vio derrotado por la oposición en tres votaciones en pleno: con una ley del PP que ha logrado iniciar su tramitación (la iniciativa para “despolitizar” el CIS); con una moción sobre seguridad energética, también del Grupo Popular, y hasta con un tratado internacional, algo totalmente inusual. Naufragó el acuerdo de amistad y cooperación entre España y Francia, rubricado hace dos años por Sánchez y el presidente francés, Emmanuel Macron.
Según las cifras del propio grupo socialista, de las más de 1.100 votaciones que ya se han celebrado desde que comenzó la legislatura, han logrado cerca de un millar de victorias, pero también han acumulado 124 derrotas.
Ninguna de ellas ha logrado gran repercusión mediática, como tampoco lo hacían los escasos avances logrados para esclarecer qué pasó para que España se fundiera a negro 28-A. Casi todos los focos han estado puestos en las conversaciones privadas del presidente y Ábalos, previas al estallido del caso Koldo.
El jueves, Artículo14 publicó que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aún en elaboración, apunta a que el número tres del PSOE, Santos Cerdán, se habría visto gratificado con dos vehículos por parte de esta trama.
Los escándalos, de nuevo, obligaban a los ministros a salir del paso. Bolaños ponía la mano en el fuego por Cerdán y, como otros compañeros del Ejecutivo, defendía que la filtración de las conversaciones pudo constituir un delito. El Gobierno ha pasado la semana intentando convencer de que los whatsapps, que no tienen relevancia judicial alguna, tampoco tienen interés político ni periodístico; que apenas son “salsa rosa”, “morbo” o “cotilleo”.
La gira exterior del presidente
El viernes, Sánchez arrancaba una nueva gira internacional por Albania e Irak, en la que buscará ahondar en alianzas con socios europeos y árabes para contribuir al fin del bloqueo en Gaza. 24 horas antes, Israel había anunciado una nueva reprimenda diplomática a España, después de que el presidente lo tildara de ser “un estado genocida”.
El viaje llegaba al cierre de la misma semana en la que las acusaciones particulares han pedido hasta tres años de cárcel para el hermano del presidente, David Sánchez, por los supuestos delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía, por su parte, reclamaba el archivo.
El mismo viernes, agentes de la UCO ratificaron ante el Tribunal Supremo el informe en el que adjudicaban al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un rol “preeminente” en la filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por distintos delitos. El Alto Tribunal abrió la investigación al jefe del Ministerio Público por la denuncia de González Amador.
Casi en paralelo, la Audiencia Provincial exigía por tercera vez al instructor de la causa que afecta a la mujer del presidente, Begoña Gómez, que deje fuera de sus investigaciones el rescate de Air Europa. También validaba el interrogatorio del juez Juan Carlos Peinado al jefe del Ejecutivo, como testigo, en julio del pasado año. En el mejor de los casos, una de cal y otra de arena.
La presión de la OTAN para aumentar aún más el gasto en defensa
Cuando el Gobierno disparó el gasto en defensa y seguridad en 10.471 millones, para llegar al 2% del PIB en 2025 -sin pasar por el Congreso-, ya anticipó que podría no ser la última inyección económica de colosales dimensiones en estas partidas. Si el plan de la Comisión Europea es movilizar cerca de 800.000 millones entre los 27, su receta también pasa por alcanzar el gasto del 3% del PIB en estos fines.
Y ahora es la OTAN, la organización ante la que España comprometió el incremento hasta el 2% del PIB antes de 2029, quien mueve ficha y exige mucho más. El viernes, en Tirana (Albania), el secretario general de la Alianza Atlática, Mark Rutte, dio por hecho que España acabará gastando el 5% de su producto interior bruto en defensa.
Un volumen semejante de recursos (decenas de miles de millones de euros) sería inasumible para el socio minoritario de la coalición, Sumar, y en particular para IU, dentro de la alianza de partidos de Yolanda Díaz. Resultaría, además, incompatible con mantener el gasto social ya comprometido.
La cumbre de la OTAN de junio es clave para definir objetivos y pasos a seguir, pero un Ejecutivo que no cuenta hoy con apoyos para aprobar nuevos Presupuestos, y que está integrado por partidos que se oponen frontalmente a este incremento, tiene muy poco margen para afrontar la hoja de ruta que exige la Alianza Atlántica. Sánchez lo sabe.
