Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz -aunque algunos medios erróneamente mencionan el número 3-, es reconocida como una de las juezas más respetadas de Extremadura, tanto por su rigor profesional como por su cercanía humana. Nacida en Córdoba en 1977 y procedente de una familia humilde, accedió a la judicatura en su primer intento. Quienes la conocen bien afirman que es “más de Córdoba que el salmorejo”.
Con más de 20 años de experiencia, destaca por ser una gran profesional, según sus allegados. Firma una media de 300 sentencias anuales con un tiempo medio de resolución de 45 días, lo que revela su eficiencia. Es madre de dos hijos y su hermana es abogada en Córdoba. A pesar de estar bajo un escrutinio intenso, es descrita como equilibrada, accesible y serena, incluso en medio de presiones externas.
Abogadas pacenses la califican sin titubeos como “la mejor de Badajoz”. Se desconoce su ideología y no se le atribuye cercanía a ninguna corriente. A diferencia de otros magistrados locales -como Emilio Cancho, del Juzgado número 2, quien fue fotografiado con Santiago Abascal, o Esther Sara Vila, ex titular del Juzgado número 1 y vinculada familiarmente a entornos conservadores-, Biedma no se mueve por intereses personales ni partidistas.
Quienes la tratan habitualmente destacan que siempre está disponible para dialogar. “Te recibe en el despacho si necesitas hablar con ella”, dicen los abogados. Su estilo es firme, pero nunca arrogante, y no rehúye del trabajo ni de la responsabilidad.
La notoriedad pública le llegó por la instrucción del caso que implica a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusado de haber accedido presuntamente a un puesto público creado “a medida” en la Diputación de Badajoz. En el mismo proceso también está imputado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, junto con otros implicados, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
A pesar de que la Fiscalía solicitó el archivo del caso por falta de pruebas concluyentes, la jueza Biedma siguió adelante con la causa, argumentando que existen indicios razonables de criminalidad. La instrucción ha revelado también posibles irregularidades en la creación de otro puesto para Luis María Carrero, colaborador de confianza de Sánchez, lo que apuntaría a un patrón de favoritismo institucional.
Esta investigación ha supuesto una sobrecarga enorme para su juzgado. Diversas fuentes reconocen que otros casos han tenido que paralizarse debido al volumen de trabajo que ha generado esta causa, agravado por su complejidad mediática y política. Desde su entorno confirman que ha recibido presiones, muchas, especialmente tras la filtración de los vídeos de las declaraciones del hermano del presidente, lo que ha intensificado la tensión en el proceso.
Aun así, la magistrada mantiene su serenidad. “Está bajo la lupa, pero sigue adelante”, señalan. Quienes la conocen aseguran que está gestionando la instrucción “con brillantez”. Su profesionalidad y templanza están siendo puestas a prueba, y sin embargo, no se ha dejado amedrentar ni condicionar por el componente político del asunto, que muchos afirman que “viene directamente desde Madrid”.
El avance del caso ha tenido implicaciones políticas significativas. Miguel Ángel Gallardo ha recogido recientemente su acta de diputado autonómico, lo que podría trasladar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por aforamiento. Biedma ha manifestado dudas sobre la competencia del juzgado ordinario en esta nueva situación, aunque el procedimiento sigue su curso.
Beatriz Biedma se ha consolidado como una de las figuras judiciales más admiradas de Badajoz. Su instrucción del caso Sánchez, aún bajo fuertes presiones políticas y mediáticas, está siendo “ejemplar”, según las distintas fuentes consultadas para este perfil. “Serenidad, integridad y una ética profesional inquebrantable” la definen, según sus allegados.