La ley de Memoria Histórica de 2007 tenía como objetivo abordar las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura franquista. En el año 2020 se presentó un anteproyecto de ley de Memoria Democrática para reemplazar a la anterior, la cual fue aprobada y entró en vigor en octubre de 2022.
Esta ley ha dado lugar a que se denuncien determinados actos llevados a cabo durante la etapa franquista. La organización por los derechos humanos Irídia, presentó una querella según la cual unos hermanos mellizos habían sufrido torturas en la comisaría de Vía Laietana (Barcelona) tras ser detenidos en 1970 por la Brigada Político-Social. Esta Brigada era la policía política de la dictadura franquista, creada a raíz del final de la guerra civil.
La mencionada denuncia no fue admitida a trámite y la Fiscalía ha presentado recientemente un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El pasado 19 de mayo se personó en la Ciudad de la Justicia de Barcelona la primera persona en declarar y denunciar ante la Fiscalía las torturas franquistas que sufrió en las dependencias de la actual Jefatura Superior de Policía en la Vía Laietana de Barcelona.
La Fiscalía se ampara en el contenido de la Ley de Memoria Democrática, la cual obliga a “realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición,…”
Recientemente, también en Barcelona, los partidos políticos PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, tomaron la iniciativa de dar a conocer lo que han llamado “represión por razones de género” y los abusos a menores llevados a cabo por el Patronato de la mujer. En base a ello, ERC, Comuns y la CUP ( PSC y Junts han decidido no formar parte), han registrado en el Parlament de Catalunya la petición para la creación de una comisión de investigación sobre los mencionados abusos de esta institución. El Patronato de la Mujer estuvo vigente en España entre los años 1941 y 1985, es decir, durante la dictadura franquista y casi hasta el final de la primera legislatura del PSOE, cuando en 1983 se creó el Instituto de la Mujer. El objetivo de esta institución era crear un sistema de control de las mujeres, especialmente de las jóvenes, en virtud de los preceptos de la moral católica y de la vigente modelo de relación de género.
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, recoge en su preámbulo que uno de sus objetivos es “neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El firme compromiso con la pedagogía del “nunca más” se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo”.
Es cierto que hay episodios de nuestra historia que no se deben de olvidar ni repetir, pero también hemos de ser conscientes de nuestra realidad actual.
No podemos centrarnos únicamente en el pasado puesto que los datos actuales sobre abusos sexuales en la infancia en nuestro país son escandalosos.
Las agresiones sexuales a menores de edad detectadas aumentaron un 55,1% en España en el periodo comprendido entre 2019 y 2023. En estos casos, el 78,7% de las víctimas son niñas y su edad media es de 12,5 años. En el 28,3% de las situaciones no se efectúa denuncia.
La recién desmantelada red de pederastia en Barcelona nos ha demostrado la vulnerabilidad de los menores que están en centros tutelados. Al menos 1.100 menores tutelados por las CCAA han denunciado abusos sexuales desde 2019.
Ante la magnitud de estos datos nos deberíamos de cuestionar la voluntad de conocimiento y respuesta de la ciudadanía y, sobre todo, la de los gobiernos y la de todos los partidos políticos.
“Mirar para otro lado” hace cómplices de la situación a aquellos que desde hace mucho tiempo debían de haber puesto freno a esta situación.
Querer dar visibilidad a actos del pasado y no querer ver lo que sucede en el presente, además de preocupante, es indignante.