Sumar y Yolanda Díaz asumen la derrota del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral en el pleno del Congreso de los Diputados, que se oficializará en la votación de este miércoles. El partido de Carles Puigdemont les comunicó el lunes que mantendrán su enmienda de totalidad, y salvo que se produzca el enésimo e improbable giro de guion la ley se estrellará ante la mayoría de PP, Vox y Junts per Catalunya.
Si no retiran el proyecto de ley -Sumar lo descarta-, el Gobierno cosechará su primera derrota parlamentaria en el primer pleno del curso político. Y no se trata de cualquier norma, sino de aquella a la que Díaz fiaba la recuperación de su capital político. De hecho, si hace cuatro años comunicó a posteriori que habría dimitido de no aprobarse la reforma laboral, en esta ocasión los suyos rechazan de plano este escenario.
Durante la mañana, en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta), fue la propia vicepresidenta segunda quien descartaba tirar la toalla. Dijo que, de fracasar la norma, lo que hará es volver a presentarla. “Seguir trabajando al día siguiente”, fue su promesa. Interpretó que no es ella quien perdería la votación, sino “la gente trabajadora de este país”. La entrevista se produjo antes de que Junts comunicara formalmente su portazo, cuando aún albergaban una mínima esperanza.
La vicepresidenta segunda y referente de Sumar se centra ahora en preparar el terreno para esta derrota política, en intentar responsabilizar al PP de anunciada caída, presentando su voto en contra como una traición a los 12.5 millones de trabajadores que se beneficiarían de la norma. Y en asegurar su futuro político el día después del pleno.
Hay formaciones del espacio político de Díaz que son mucho menos optimistas que la vicepresidenta, y que deslizan que un fracaso de esta magnitud tendrá un impacto político aún difícil de medir. Que la voladura de la que ha sido la medida más reiterada, difundida y defendida de Sumar desde las elecciones generales de julio de 2023 no debería saldarse de un plumazo, sin consecuencia alguna.
Y hay otros que se expresaban en la línea de Díaz, en incluso afirmaban que no podría considerarse “un golpe” al Gobierno de confirmarse su naufragio”. En sus filas hay dirigentes que defienden esta hoja de ruta -“Tenemos que dar la batalla cultural”-, o que insisten en intentar poner los focos sobre los partidos que la rechazarán. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se manifestarán en Madrid y otras decenas de ciudades en paralelo a la votación, para elevar la presión política.
Díaz ha reiterado públicamente que dialogaba con Puigdemont para intentar salvar esta bala, si bien en Junts rebajaron estas conversaciones a “intercambios de mensajes” y “contactos ocasionales”, en palabras de su vicepresidente y portavoz, Josep Rius.
“Yo estoy hablando con Puigdemont, sí. Y yo no miento”, insistió Díaz en La Sexta. A última hora de la mañana, aseguraba no saber si la ley tenía futuro: “No han desvelado su voto”, insistió. Teniendo en cuenta que la patronal catalana Foment del Treball había dado portazo a esta norma, el margen para que Junts pudiera cambiar de tercio se antojaba bastante reducido.
El equipo de Díaz reconoció hace meses que algunas de las reivindicaciones de otra patronal catalana, PYMEC, sí le parecían “asumibles”, y recuperó los incentivos para pequeñas y medianas empresas que en su día ofreció al empresariado español, antes de que se descolgara del acuerdo de diálogo social. Estas ayudas han seguido sobre la mesa, pero no han servido para que Junts vire.
Durante la mañana del lunes, también la coportavoz de Sumar en el Congreso, Aina Vidal (Los Comunes) compareció públicamente para exigir a Junts que retirase su enmienda de totalidad. No hacerlo, dijo, sería “una bofetada al debate público”.
Dentro y fuera de cámara, en su espacio insisten en que esta medida ya cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, como indican varias encuestas. y por eso están convencidos de que es sólo cuestión de tiempo que la mayoría de formaciones políticas acaben pasando por el aro.
Además de rebajar la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, la norma instauraría un nuevo registro horario en tiempo real, pensado para controlar las horas extraordinarias y acabar con los abusos de las empresas. Díaz y los suyos reiteran que esta es la parte del león en su proyecto de ley porque ya hay muchos convenios que ya recogen jornadas de menos de 40 horas semanales: “La patronal dijo que lo único que les preocupaba era el registro horario”, apuntan fuentes del Ministerio de Trabajo.
De pasar este filtro en el Congreso, la norma ni siquiera entraría en vigor, simplemente continuaría su tramitación. Pero habría esquivado el penúltimo gran obstáculo en su camino. 
El PSOE, al margen, evita culpar a Junts
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, son quienes han aterrizado los detalles de las conversaciones. El socio mayoritario de Sumar en el Gobierno, el PSOE, se ha mantenido y se mantiene al margen. “Es cosa de Yolanda”, suelen repetir algunas de las voces socialistas del Ejecutivo.
No ocultan su malestar porque Díaz haya precipitado la votación de una norma de tanto peso político sin tener los votos amarrados. Como no entendieron en junio que la vicepresidenta optara por anunciar la votación de las enmiendas de totalidad escasas semanas después, en idéntica situación. Finalmente acabó dando patada hacia adelante y posponiendo el debate, pero en septiembre no ha podido hacer lo propio.
De momento el PSOE evita hacer mucha más sangre, pero en sus filas anticipaban que el miércoles toca presenciar la crónica de una muerte anunciada. Intentaron ganar otra semana para la negociación, pero no tuvieron éxito, dada la mayoría de la derecha en la Junta de Portavoces (le toca a UPN ejercer la portavocía del grupo Mixto). Los socialistas, de hecho, colocan al PP en la diana de todas sus críticas por este resultado.
De hecho, el lunes Vidal sí señaló la responsabilidad de Junts, pero en el PSOE evitaron por todos los medios criticar a uno de los socios de investidura que más difícil de gestionar les resulta. De paso, como Díaz, buscan preparar el terreno para rebajar el impacto del resultado del miércoles.
“Si no sale adelante la votación no será una derrota del Gobierno”; “Lo tendrán que explicar los partidos políticos que se oponen”, apuntó el lunes la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez. Hasta la tarde del lunes, en Ferraz no querían dar por sentada la derrota: “Lo veremos”.
No es la primera vez que Junts cambia de opinión en los últimos minutos de partido, aunque cuando lo hace suele ser para castigar al Ejecutivo, y no para regalarle oxígeno político. “Junts no nos lo dice [el sentido de su voto] casi hasta que aprieta el botón”, abundaban fuentes de la dirección socialista. A última hora de la tarde, los independentistas despejaron las incógnitas. En el PSOE no habían dejado de señalar que es Díaz quien ha manejado este timón, por mucho que el resultado afecte al Gobierno en su conjunto.