Si has recorrido nuestro país estas Navidades, ya habrás visto los primeros coches detenidos en los arcenes con esa nueva luz de emergencia tan de moda. Habrás notado también a esas caras de conductores dudando de cómo proceder al resultar involuntariamente inmovilizados. Y es que, en momentos de estrés o pánico, es fácil quedarse paralizado ante la acumulación de normas y dispositivos.
¿Deberé llamar primero a la grúa?, ¿ponerme uno de los chalecos que me obligaron a comprar hace años?, ¿salir antes del coche o poner la dichosa baliza? Y a todo eso, ¿los triángulos sirven aún de algo?
Sin hablar de la importancia del móvil en cualquier emergencia, ya que es lo primero que consultamos antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida. No tanto para llamar, sino para comprobar dónde estamos, avisar de nuestro incidente y tratar de orientarnos en los próximos pasos.
Nunca habíamos contado con tantos sistemas de alerta y, sin embargo, nunca ha habido tanta confusión en nuestras cabezas. No por falta de tecnología o de agentes por las rutas, sino por la coexistencia de distintas formas de entender hoy la seguridad por nuestras vías.
Adelantamos recientemente en Artículo14 ciertos detalles sobre el uso de las balizas con la propia subdirectora de la DGT. Detalles que luego se vieron revisados tras cierta guasa, contenidos virales y debates en redes.
Más allá del dispositivo en sí, la polémica revela algo más profundo. Existe un choque entre la seguridad reglada, diseñada desde los organismos oficiales, y otra más social y distribuida, que es la que ya tenemos integrada en nuestras vidas cotidianas.
Seguridad regulada
Con la baliza V16, la Dirección General de Tráfico apostó por una lógica clara. Reducir incidentes y atropellos por las carreteras españolas, evitar que los conductores salieran de sus vehículos e informar, en tiempo real, de cualquier percance o parada. Y tenía sentido. Un dispositivo conectado y controlable encajaba bien con un sistema oficial de gestión del tráfico.
Sin embargo, su implementación se ha visto truncada por rectificaciones y matices que han alimentado, con cierta razón, las suspicacias ciudadanas y el porqué de esta medida. ¿Una nueva recaudación disfrazada?, ¿una nueva forma de tenernos controlados a todos? Son preguntas que circulan con fuerza entre la opinión pública.
Las balizas suponen un importante flujo económico (con impacto fiscal incluido) y una larga lista de actores beneficiados. Sin hablar de la promesa fallida de unos datos personales que no iban a ser publicados y, poco después de su implementación, demostraron ser localizables a través de una web de vehículos detenidos por todo el territorio, significando que cualquiera podía saber dónde estabas, si habías activado tu baliza.
La baliza representa una norma, en forma de objeto homologado y estandarizado, pero cuando su uso y el mensaje que conlleva van cambiando, nuestra percepción como ciudadanos es de improvisación, inquietud y desasosiego.
Apps: ya existían otros tipos de balizas
No es que tuviéramos únicamente la obligación de comprar y tener varios triángulos y chalecos para los pasajeros, sino que la DGT decidió adentrarse en el mundo tecnológico anunciando la baliza como un sistema infalible y moderno.
Mientras se introdujo de forma obligatoria, y con un régimen sancionador asociado, muchos conductores enfadados se arriesgaron a retrasar la compra del invento. De hecho, los que aún no compraron la baliza se beneficiarán de la guerra de precios entre operadoras y supermercados que ha tumbado en un 50% su precio.
Lo curioso es que millones de conductores ya participaban de otros sistemas de alerta, muy útiles y fiables, sin haber sido nunca considerados como mecanismos formales de seguridad para el Estado. Aunque Google no haya desvelado sus cifras oficiales en nuestro país, son probablemente cientos de miles los usuarios que utilizan a diario sus Google Maps o Waze.
Las usan ya habitualmente taxis y Cabis para elegir el camino más rápido o informar de un accidente. Son apps gratuitas que calculan rutas en tiempo real, comprueban al instante cualquier retención, avisan de obstáculos o vehículos detenidos por el paisaje, contribuyendo a reducir riesgos. Ya no hay miedo al cambio de rasante, algún conductor habiendo reportado en la aplicación que, en ese punto, el tráfico se detiene.
Estos brillantes aplicativos en términos de desarrollo son ampliamente utilizados y totalmente legales. La información se genera de forma colaborativa, gracias a las aportaciones de los propios conductores. No requieren ya ni escribir ni teclear al volante gracias a un control de voz que evita cualquier despiste.
Por supuesto que no sustituyen a los servicios de emergencia ni pretenden hacerlo, pero aportan algo esencial que es un contexto inmediato o una anticipación a cualquier disgusto. Si la inteligencia artificial y el big data nos permiten saber ya la hora estimada de llegada del bus a la puerta de nuestras casas o el tiempo de cara a mañana, ¿por qué no usarlos en nuestras carreteras?
¿Por qué no nos cuentan esas alternativas?
Aquí está la gran paradoja. Existen tecnologías que, en determinados contextos, pueden resultar más eficientes a la hora de aportar seguridad vial y reducir los riesgos a nivel nacional, pero no acaban de formar parte del relato oficial. No porque no funcionen (se estima que somos más de 2.000 millones de usuarios mensuales de los mapas de Google a nivel mundial), sino porque no encajan con el modelo institucional de nuestros gobernantes.
Esas apps no dependen de una administración centralizada, sino de una empresa con dinámicas económicas claras. Dependen también del uso del móvil que, al volante, es siempre algo delicado. Y responden a una lógica colaborativa difícil de regular, ya que, por ejemplo, no reportan únicamente los accidentes o animales muertos, pero también los potenciales controles viales y radares.
Tecnología impuesta vs. tecnología adoptada
La baliza V16 simboliza un intento de introducir cierta innovación en un sistema tradicional de control de nuestros desplazamientos. Un sistema percibido por la ciudadanía como excesivamente orientado a la recaudación y al control masivo. Sin embargo, el sistema tarda siempre demasiado en entender las tendencias que copan sus caminos. El uso de los móviles al volante, por ejemplo, estuvo infravalorado como factor de riesgo hasta que alguien se dio cuenta ahí arriba de que hablar conduciendo no era cosa buena.
La polémica abierta en torno a la baliza revela algo más profundo que un mero cambio normativo. No se discute únicamente la incorporación de un nuevo dispositivo en el habitáculo (por cierto, ¿dónde llevarás el tuyo: en la guantera o en el reposabrazos?), sino la manera en que la tecnología irrumpe en nuestras vidas y cómo se comunica a los millones de personas que deberemos usarla.
Desde la lógica institucional, apostar por este nuevo artilugio homologado busca poner al día, estandarizar la seguridad vial y centralizar la información de nuestras carreteras. Sin embargo, convive con las costumbres vigentes de millones de conductores que utilizan ya otras herramientas.
Dos modelos avanzan en paralelo sin una lógica clara que los conecte. El resultado es una brecha entre la seguridad regulada y la que se practica en el día a día de forma colaborativa y ciudadana. No se trata de un rechazo social a los avances tecnológicos de las instituciones, sino de un cierto desconcierto creciente ante un sistema aún imperfecto y, desde el principio, mal explicado.