Cada 31 de mayo, con motivo del Día Mundial sin Tabaco, se reabre un debate clave: cómo acabar definitivamente con el cigarro. Sin embargo, mientras la evidencia científica internacional avanza, el debate público en España sigue marcado por un ruido político y mediático. Los principales organismos de salud llevan años señalando un mismo punto de partida. Tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) coinciden en una idea central: la nicotina es adictiva y no está exenta de riesgos, pero no es la principal responsable de las enfermedades graves asociadas al tabaquismo. El problema clave es la combustión del tabaco, que genera el humo cargado de sustancias tóxicas y cancerígenas.
Sobre esta base, la propia evidencia científica ha analizado el papel de las alternativas sin combustión -como los vapeadores, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina-. Estas opciones, aunque no son inocuas, presentan un perfil de riesgo diferenciado al eliminar el proceso de combustión. Evaluaciones de salud pública y estudios científicos sitúan esa reducción de exposición a sustancias nocivas en rangos habituales de entre el 90% y el 99% frente al cigarrillo convencional.
Sin embargo, este matiz clave suele desaparecer en el debate público. En los últimos años se ha extendido un discurso que tiende a equiparar todas las formas de consumo, trasladando la idea de que no hay diferencias relevantes entre fumar y utilizar estas alternativas. Para numerosos expertos, esta simplificación no solo distorsiona la realidad científica, sino que puede generar un efecto contraproducente.
Cuando un fumador percibe que todas las opciones suponen el mismo riesgo, disminuye su incentivo para abandonar el cigarro. Y eso implica seguir expuesto al producto que concentra la mayor carga de enfermedad. La literatura científica coincide en que comunicar de forma precisa el riesgo relativo es un elemento clave en cualquier estrategia eficaz de salud pública.
Los datos también cuestionan algunos de los argumentos más habituales como el surgido hace días desde una ONG en el que se alertaba de sustancias cancerígenas en los vapers y alzaba la voz por “tragar un humo digitalizado”. Un estudio reciente liderado por el químico Miguel de la Guardia (Universidad de Valencia) concluye que el aerosol del vapeo genera niveles de partículas significativamente inferiores a los del humo del cigarrillo, con una exposición pasiva hasta siete veces menor. La conclusión es clara: no todas las exposiciones son equivalentes, y equipararlas puede contribuir a una percepción de riesgo errónea.
A nivel internacional, varios países han incorporado esta diferenciación en sus políticas públicas. Reino Unido, a través del NHS, integra el vapeo como herramienta dentro de sus estrategias de cesación tabáquica. Japón ha experimentado una caída superior al 50% en las ventas de cigarrillos coincidiendo con la expansión del tabaco calentado. Y Suecia se sitúa ya en torno al 3,7% de fumadores, con reducciones significativas en enfermedades asociadas al tabaco.
El patrón común en estos casos no es la eliminación de la nicotina, sino la reducción de la combustión y la facilitación del abandono del cigarro. Frente a este enfoque, España mantiene tasas cercanas al 20-22% de fumadores, en un contexto donde el debate sigue centrado más en percepciones que en evidencia científica.
Además, el escenario se ve agravado por otros factores estructurales. En Europa, hasta el 48% del mercado de vapeadores es irregular y cerca del 90% de los dispositivos procede de China, lo que genera riesgos añadidos en términos de control sanitario y acceso de menores. Esto introduce un problema paralelo: el foco del debate se desplaza hacia el mercado ilícito, mientras se diluye la discusión sobre cómo reducir el tabaquismo adulto. Por ello, recientemente tanto PSOE como PP han salido al paso para poner la primera piedra parta evitar el contrabando y la entrada de menores en este producto de cesación de tabaquismo con una PNL (proyecto no de ley) en la cual se obligue a vender estos dispositivos únicamente en estancos y tiendas especializadas para mayores de 18 años.
En este contexto, cada vez más expertos advierten de que el principal riesgo no es solo el producto, sino la desinformación. Equiparar riesgos distintos, ignorar la evidencia acumulada o trasladar mensajes simplificados puede terminar reforzando el statu quo: que el cigarro siga siendo el producto dominante.
La conclusión de parte de los científicos es consistente: ninguna alternativa es inocua, pero no todas presentan el mismo nivel de riesgo. Mantener esta diferenciación no es un matiz técnico, sino una condición clave para reducir el tabaquismo, inciden. Porque cuando el debate se construye “sobre el alarmismo y no sobre la evidencia, el resultado puede ser el contrario al deseado”: que quienes aún fuman sigan haciéndolo creyendo que no existe una opción mejor.