El impuesto sobre la renta constituye una de las principales fuentes de recaudación para los estados modernos. Es un pilar fundamental en el Estado de bienestar, para el sostenimiento de los gastos públicos y la financiación de servicios esenciales como la sanidad, la educación y la administración de justicia. La declaración de la renta en España, tal y como la conocemos, no es el resultado de un único acto fundacional, sino la culminación de un largo y complejo proceso evolutivo.
La historia del impuesto sobre la renta en España
La práctica de la recaudación fiscal en España, como en otras naciones, se remonta a civilizaciones antiguas. Sin embargo, los primeros intentos de una fiscalidad que incorporara elementos de imposición directa en un sentido más moderno se sitúan en el siglo XVIII. Un precedente notable fue el proyecto de reforma fiscal impulsado por el Conde de Floridablanca en 1785.
Bajo el reinado de Carlos III, este representó el primer esfuerzo por combinar impuestos directos con indirectos, introduciendo los denominados “frutos civiles“, un gravamen directo sobre los rendimientos de la propiedad. Tras la aparición del sistema de Hacienda y Crédito público del ministro Martín de Garay en 1817, y el la gran reforma de 1845 que cambiaría la recaudación pública, llega el primer tributo personal en el año 1932.
Con la Segunda República, el ministro de Hacienda Jaume Carner impulsó una Ley de “contribución general de la renta” el 20 de noviembre de 1932. Este era un impuesto complementario progresivo, con un mínimo exento de 100.000 pesetas. Si bien tuvo un alcance bastante limitado, debido a numerosos desafíos políticos y sociales.
Tras la Guerra civil, llegó la autarquía intervencionista del régimen franquista. Aunque hubo una reforma tributaria en 1957, esta no sirvió de mucho, pues cambió el gravamen progresivo de 1932 por uno proporcional. Asimismo, se recuperaron métodos de recaudación del siglo XIX, como los sistemas de cupos por agrupaciones de contribuyentes. Este tipo de metodologías, según los registros de la época, facilitaron la evasión fiscal generalizada en la España de Franco.
El origen de la declaración de la renta contemporánea
Con la llegada de la democracia, también llegaron los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977. Estos desempeñaron un papel crucial al sentar las bases para la modernización del sistema tributario español. Impulsados por el gobierno de Adolfo Suárez, los acuerdos contenían el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía. En él, nació el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El IRPF se denominó de carácter “global, personal y progresivo”, sustituyó los impuestos “de producto”, ponía en el sujo del tributo a la unidad familiar, estableció 28 tramos y tipos impositivos, y amplió sustancialmente a los contribuyentes.
Desde su aprobación en 1978, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha experimentado una evolución constante, con numerosas reformas que buscan adaptarlo a las cambiantes realidades económicas y sociales de España. La ley actual que regula el IRPF es la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, aunque ha sido objeto de múltiples modificaciones posteriores.
Hoy en día, el IRPF es el principal pilar del sistema tributario español, esencial para la financiación de los servicios públicos. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la progresividad y la lucha contra la evasión fiscal. Esto requiere una mejora continua en la administración, para asegurar que este impuesto cumpla plenamente su función de equidad y sostenibilidad financiera.