La segunda mujer que denunció por agresión sexual al exdiputado Íñigo Errejón pidió declarar como testigo protegida. La jueza rechazó conceder esa medida al considerar que no existía el “peligro grave” que exige la ley para activar este tipo de protección.
Sobre el papel, la figura está pensada precisamente para evitar que una persona quede expuesta por participar en un proceso penal. La Ley Orgánica 19/1994 de protección a testigos y peritos en causas criminales permite adoptar medidas como ocultar los datos de identidad del testigo o impedir su identificación durante el procedimiento.
Pero en los delitos de violencia sexual ese peligro rara vez adopta la forma de amenazas explícitas. A menudo tiene otra forma: el precio público de denunciar.
En este caso, ese riesgo se materializó casi de inmediato. Poco después de que la denunciante solicitara declarar sin que se conociese su identidad fuera de los juzgados, varios medios publicaron datos sobre su profesión. Aunque no se difundía su nombre, la información facilitaba datos y abría la puerta a que se filtrase su identidad.
La escena no es nueva. Basta observar lo ocurrido con la actriz Elisa Mouliaá desde que denunció a Errejón. Su vida privada ha sido objeto de debate público, su testimonio ha sido cuestionado en televisión y cada detalle de su comportamiento ha sido analizado y puesto en duda.
Ese escrutinio constante no es una excepción. Forma parte de un patrón que se repite una y otra vez cuando una mujer denuncia una agresión sexual.
El miedo a no ser creídas
La magistrada Victoria Rosell suele ilustrarlo con un ejemplo que se ha convertido en referencia en el debate público sobre violencia sexual. Si la víctima de La Manada de Pamplona hubiera salido del portal diciendo que cinco hombres le habían robado el bolso, nadie habría dudado de su palabra. Las sospechas aparecen cuando acusa a esos mismos hombres de una agresión sexual.
Es en ese momento cuando el foco se desplaza del presunto agresor a la propia víctima. Se analizan sus decisiones, su comportamiento, el momento en que denunció o cómo reaccionó después de los hechos.
El médico forense y experto Miguel Lorente lleva años señalando ese comportamiento. En su opinión, el relato de las mujeres que denuncian violencia sexual se examina con una desconfianza que no aparece en otros delitos. “La única manera de que te crean como víctima es que te maten”, ha llegado a afirmar para describir esa lógica. Cuando la víctima sobrevive, explica, su testimonio suele quedar atrapado en un proceso de sospecha permanente en el que cada detalle de su comportamiento se convierte en objeto de análisis. Ese clima de desconfianza ayuda a explicar por qué muchas mujeres se lo piensan antes de acudir a un juzgado.
La exigencia de la víctima perfecta
A esa desconfianza se suma otro obstáculo que aparece con frecuencia cuando una mujer denuncia una agresión sexual: la exigencia implícita de que su comportamiento encaje en una imagen muy concreta de víctima.
Durante años, los debates públicos sobre violencia sexual han estado atravesados por un mismo guion. Se espera que la víctima se comporte de una determinada manera, que reaccione de una forma concreta y que su relato encaje en un esquema fácilmente reconocible: el de una agresión violenta cometida por un desconocido en un contexto extremo. Todo lo que se aleja de ese patrón suele generar recelo.
La idea de fondo es siempre la misma: la de una víctima que debería comportarse de una determinada manera para resultar creíble. Cuando esa imagen no coincide con la realidad —cuando la mujer habla, duda, se contradice o no responde al estereotipo esperado—, el relato vuelve a ponerse en cuestión.
Elisa Mouliaá, durante su declaración ante el juez Carretero
El juicio público
El riesgo al que se enfrentan muchas denunciantes no se limita al proceso judicial. En los casos mediáticos, la exposición pública puede convertirse en una segunda forma de revictimización.
Cuando una mujer denuncia a una figura conocida, su vida privada pasa con frecuencia a ocupar el centro del debate. El relato se analiza, se discute y se cuestiona en tertulias televisivas, redes sociales o programas de entretenimiento.
Algo parecido ocurrió años antes con Nevenka Fernández, pionera en denunciar el acoso sexual de un cargo político en España. Tras el juicio, explicó que el precio personal de sostener aquella denuncia fue tan alto que terminó abandonando el país.
La politóloga y periodista Irene Zugasti advierte de que este tipo de tratamiento mediático sigue reproduciendo un patrón conocido: convertir el relato de las víctimas en objeto de debate público, donde se confrontan opiniones sin base técnica y se refuerzan estereotipos sobre las mujeres que denuncian.
Procesos largos y desgaste personal
A la presión pública se suma otro factor que muchas víctimas mencionan cuando explican por qué denunciar no es una decisión sencilla: la duración de los procedimientos judiciales.
Denunciar una agresión sexual no implica cerrar una etapa, sino abrir un proceso que puede prolongarse durante años. Durante ese tiempo, la víctima debe repetir su relato en distintas fases del procedimiento y convivir con la incertidumbre sobre el resultado del caso.
La actriz Jedet lo explicó tras lograr la condena del productor Javier Pérez Santana por agresión sexual. El proceso duró tres años y, según contó, tuvo “un impacto real” en su salud mental, su trabajo y su vida personal.
“Empatizo profundamente con el por qué muchas mujeres deciden no denunciar”, escribió tras conocerse la sentencia. “Porque los procesos son largos, complejos y tienes que revivir una y otra vez lo sucedido”.
Durante ese tiempo, la vida personal y profesional de muchas víctimas queda en suspenso mientras el procedimiento avanza lentamente.
La revictimización en los tribunales
A esa duración se suma otro problema que aparece con frecuencia en los estudios sobre violencia sexual: la forma en que se desarrollan muchos procedimientos judiciales.
La jurista, investigadora y experta en violencias machistas, María Naredo ha advertido de que muchas víctimas llegan a los tribunales “desinformadas, desprotegidas, asustadas y muy revictimizadas”. En su experiencia, el proceso puede acabar centrando la atención en el comportamiento de la denunciante en lugar de en los hechos denunciados.
Preguntas sobre la vida personal, el momento en que decidió denunciar o la manera en que reaccionó tras la agresión forman parte de interrogatorios que, según numerosas expertas, reproducen estereotipos todavía presentes en la cultura judicial.
El coste económico
El proceso judicial también tiene un impacto material. Los procedimientos pueden prolongarse durante años y obligar a las víctimas a afrontar gastos legales o a reorganizar su vida laboral para poder sostener el caso.
En ese tiempo, muchas denuncian que su vida profesional queda paralizada o condicionada por un procedimiento que sigue abierto y que mantiene el caso en el espacio público.
Cuando el Estado se retira
El caso de Mouliaá dejó además otro episodio que muchas expertas consideran difícil de ignorar. Cuando el juez consideró que existían indicios suficientes para procesar a Íñigo Errejón, la Fiscalía decidió no formular acusación al entender que no había quedado acreditado que el exdiputado fuera consciente de la falta de consentimiento. En la práctica, eso significó que el peso del procedimiento recaía fundamentalmente sobre la acusación particular.
Para la magistrada Victoria Rosell, decisiones como esta ayudan a explicar la distancia entre el mensaje institucional que anima a denunciar y la experiencia real de muchas víctimas. “Si exiges a las mujeres un gesto heroico para luego decepcionarlas”, ha advertido, “no hemos avanzado nada”.