Hace veinte años, en 2006, una adolescente de Alabama, en Estados Unidos, le contó a una mujer que trabajaba acompañando a víctimas que había sufrido una agresión sexual. Esa mujer era la activista Tarana Burke. Ella, que tenía sus propias heridas, pensó que lo más poderoso que podía decirle a esa niña era algo tan sencillo como: me too, a mí también.
Durante años, esas dos palabras circularon en espacios pequeños, entre mujeres que compartían experiencias parecidas. Hasta que en octubre de 2017 ocurrió algo que lo cambió todo.
Mientras se multiplicaban las denuncias contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres de agresión y acoso sexual y hoy condenado por violación y otros delitos sexuales, la actriz Alyssa Milano escribió un mensaje en Twitter: “Si todas las mujeres que han sido acosadas o agredidas sexualmente escribieran me too como estado, quizá podríamos dar a la gente una idea de la magnitud del problema“. Millones lo hicieron.
Aquella oleada cambió algo más que la conversación en redes sociales. Durante mucho tiempo, cuando una mujer contaba una agresión sexual, la reacción habitual era la sospecha: preguntas sobre por qué no lo había dicho antes, lo que había hecho después, sobre si su relato era creíble o respondía a intereses espurios. Los testimonios comenzaron a recibirse de otra manera y cada vez más mujeres se animaron a contar lo que durante tanto tiempo callaron.
La Manada de Pamplona y el #Cuéntalo en España
Mientras todo eso ocurría al otro lado del Atlántico, en España el país seguía conmocionado por el caso de La Manada de Pamplona, la agresión sexual cometida durante los Sanfermines de 2016 por cinco hombres de Sevilla —uno de ellos guardia civil y otro militar— a una joven de 18 años.
El 26 de abril de 2018, apenas seis meses después del tuit de Alyssa Milano, se conoció la primera sentencia del caso. El tribunal condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por abuso sexual, no por agresión sexual. La indignación estalló en las calles. Aquella tarde, mientras miles de mujeres protestaban, la periodista Cristina Fallarás escribió un mensaje en Twitter: #Cuéntalo.
En cuestión de horas, el hashtag se llenó de historias. Mujeres de todas las edades empezaron a narrar agresiones, abusos y situaciones de violencia sexual que habían sufrido a lo largo de su vida. Algunas eran recientes. Otras habían ocurrido años o incluso décadas antes. En pocos días se publicaron casi tres millones de mensajes y más de 150.000 testimonios directos.
Las mujeres tenían ganas de hablar desde hacía mucho tiempo. Lo que durante años no habían existido eran las condiciones para hacerlo. Fallarás creó ese refugio, un espacio colectivo donde otras mujeres escuchaban, creían y respondían, muchas veces, con la misma frase que había inspirado todo aquello: a mí también.
El consentimiento y la Ley del solo sí es sí
Pero la indignación que había desencadenado aquella avalancha de relatos tenía un origen muy concreto: la sentencia del caso de La Manada. Durante el juicio, la joven había explicado que nunca dijo “no”. El tribunal interpretó que no había existido violencia ni intimidación suficientes para hablar de agresión sexual. Para muchas mujeres, obviamente, aquello no significaba consentimiento y tampoco que cinco hombres corpulentos en un espacio reducido, no se entendiese como intimidatorio. Las protestas en las calles, los testimonios compartidos en el #Cuéntalo y el debate público empezaron a colocar una pregunta en el centro de todo: qué significa realmente consentir.
No surgía en el vacío. El Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014 durante el gobierno de Mariano Rajoy, ya establecía que los delitos sexuales debían basarse en la ausencia de consentimiento. Pero no fue hasta 2022 cuando vio la luz, de la mano de Irene Montero, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del solo sí es sí, que situó el consentimiento en el centro de la definición de los delitos sexuales.
La norma provocó un intenso debate público. Pero su alcance iba más allá de ese cambio de paradigma. La ley introducía una transformación profunda: ponía a las víctimas en el centro. Ya no se trataba únicamente de perseguir y castigar al agresor, sino de construir alrededor de la mujer una red, un sistema de apoyo, protección y reparación. Hoy, las víctimas tienen derecho a justicia gratuita y asesoramiento jurídico desde el primer momento, atención psicológica especializada, la norma obligó a implantar centros de crisis de atención disponibles las 24 horas en cada provincia, introdujo la protección de la identidad y la intimidad de las denunciantes, la formación de los jueces y operadores que trabajan con víctimas y también, entre otras muchos derechos, introdujo algo nuevo: la posibilidad de acreditar la violencia sexual sin necesidad de presentar una denuncia.
Un problema grave de infradenuncia
Algo importante. Solo una mínima parte de las mujeres víctimas de un ataque sexual acude a la justicia. Según la Macroencuesta de Igualdad, apenas alrededor del 8% de las víctimas denunciaban en ese momento. La cifra ha aumentado ligeramente en el último estudio hasta situarse en torno al 9,9%, pero sigue siendo evidente la magnitud del problema de infradenuncia en este tipo de delitos, la enorme distancia entre lo que ocurre y lo que llega a los tribunales.
Poco a poco, algo empezó a moverse en la forma en que las mujeres respondían a situaciones de abuso o acoso. Lo que durante años había permanecido en silencio comenzó a aparecer en otros espacios: en universidades, en redacciones, en partidos políticos, en organizaciones sociales o en entornos culturales. Cada vez más mujeres empezaron a señalar comportamientos que antes se toleraban, se minimizaban o simplemente se callaban. Ese cambio se refleja también en los datos. En los últimos años han aumentado las denuncias por acoso sexual y por agresiones sexuales. Para muchos especialistas, ese incremento no significa necesariamente que haya más violencia, sino que más mujeres están dispuestas a denunciarla.
Cristina Fallarás lo había intuido años antes. Tras la experiencia de #Cuéntalo, comprendió que el fenómeno del ‘MeToo’ podía resultar aspiracional cuando se miraba desde Hollywood, pero que muchas mujeres seguían teniendo miedo a contar lo que les había ocurrido. Algunas no querían denunciar públicamente una agresión para no exponerse, para no dañar a su familia o para evitar un proceso judicial largo y doloroso.
Los testimonios anónimos y el reconocerse en los relatos de otras
Por eso decidió abrir otro espacio. En su cuenta de Instagram empezó a publicar relatos anónimos que las mujeres le enviaban por mensaje privado. Historias breves, sin nombres, que hablaban de abusos, acoso o relaciones marcadas por el poder. Aquella página se convirtió con el tiempo en un archivo colectivo de testimonios, que ahora también utilizan las propias instituciones para diseñar distintas políticas, como anunció el Instituto de las Mujeres.
En algunos casos, esos relatos terminaron teniendo consecuencias públicas. Fue en ese lugar donde aparecieron los mensajes que acabarían precipitando la dimisión del exdiputado Íñigo Errejón y que más tarde llevaría a la actriz Elisa Mouliaá a presentar una denuncia, que ahora ratifica una nueva víctima.
Ese mecanismo tiene algo de contagio. Cuando una mujer se atreve a hablar, otras se reconocen en su historia. El “a mí también” funciona como una cadena: una voz abre el espacio y otras empiezan a aparecer. Durante mucho tiempo esas conversaciones ocurrieron en privado, entre amigas, hermanas, primas o compañeras de trabajo. En los últimos años, sin embargo, han empezado a trasladarse también a la esfera pública.
Una red de mujeres que sostienen a las víctimas
Ese cambio ha tenido otra consecuencia: cada vez más denuncias afectan a hombres con poder. Profesores universitarios, periodistas, directores, responsables políticos, deportistas, el propio jefe de la Policía Nacional. El patrón se repite con frecuencia. Primero aparece un relato. Luego otro. Después otro más. Historias que durante años se habían confesado en voz baja empiezan a coincidir y a hacerse visibles.
Con el tiempo, aquellas conversaciones entre mujeres también han ido creando algo más: una red. Si una mujer rompe el silencio, ya no está sola. Su testimonio no queda suspendido en el aire. Existen periodistas especializadas que saben cómo tratar a las víctimas y manejar este tipo de relatos sin revictimizar, juristas expertas que conocen los entresijos del sistema de justicia y las leyes, profesionales que investigan, psicólogas que acompañan en el proceso y redes que evitan que la historia vuelva a caer en el silencio. El “tranquila, hermana, aquí está tu manada” está más vivo que nunca.
Algo parecido a lo que Tarana Burke imaginó hace casi veinte años en Alabama cuando pensó en aquellas dos palabras tan simples y que lo han cambiado todo. Porque como explicaría después: “El ‘Me Too’ no nació para exponer a los agresores, sino para que las supervivientes se encontraran entre sí”.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.