Es la última oportunidad para establecer el nuevo registro horario. También para reformar el despido o crear nuevos permisos ya comprometidos. Yolanda Díaz y el resto de integrantes del Consejo de Ministros inician a la vuelta del verano el último curso político de la legislatura.
La vicepresidenta segunda, que ya ha oficializado su aspiración de dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se autodescartó en febrero como potencial cabeza de lista de los partidos de Sumar para el próximo ciclo. También anticipó que no prevé ir en las listas electorales.
Ministra de Trabajo desde el primer Gobierno de coalición de Pedro Sánchez (2020), la también fundadora de Movimiento Sumar afronta el último sprint hacia las elecciones generales con varias leyes en la recámara. La que fuera su medida estrella durante la campaña al 23-J, la reducción de la jornada laboral, acabó estrellándose contra el rechazo de Junts, PP y Vox hace algo menos de un año. Pero el elemento nuclear de su proyecto de ley, el nuevo registro horario, avanza pese a los choques con el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, también vicepresidente primero.
A finales de julio, Trabajo y Economía constataron que la aprobación del nuevo registro deberá retrasarse, al menos, hasta septiembre. Esto es, un par de meses antes de la votación en la que se decidirá si Díaz tiene futuro en la OIT (noviembre). Pocos días antes de esta prórroga, la vicepresidenta aspiraba a que el nuevo registro viera la luz “antes del 31 de julio”.
Busca implantar un nuevo sistema digital para el control efectivo del cumplimiento del horario laboral, que sería monitorizado en tiempo real. Y así reducir las horas extras no pagadas. Los cálculos de los sindicatos apuntan a que en España se trabajan unos 2,5 millones de horas extraordinarias sin remunerar cada semana, una cifra que Díaz repite en buena parte de sus comparecencias públicas.
Es la arista de la reducción de jornada que más rechazo generaba entre los representantes de los empresarios y formaciones como Junts o el PP, o así lo diagnosticó la vicepresidenta mucho antes del naufragio de la que fuera su propuesta insignia. Desde hace meses, fuentes de Sumar en el Gobierno acusan al vicepresidente primero de no haber dejado de pisar el freno a la tramitación de esta norma.
Recurriendo, principalmente, al dictamen del Consejo de Estado sobre el nuevo registro. Entre otras cuestiones, el organismo que preside la socialista Carmen Calvo advirtió en contra de que esta modificación se tramite a través de una iniciativa sin rango legal, un reglamento. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”.
También alertó de que crear un registro horario digital, accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo, supondría menoscabar el principio de privacidad de los trabajadores. Economía también emitió dos informes desfavorables. Los sindicatos CCOO y UGT, por contra, lanzaron un comunicado conjunto rechazando el dictamen del Consejo de Estado. Este tipo de informes no son vinculantes, pero suelen ser tenidos en cuenta para garantizar que las normas a aprobar están blindadas ante futuras ofensivas judiciales.
La reforma del despido, pendiente desde la reforma laboral
La reforma laboral de 2022 es el gran hito en la carrera de Díaz. Logró aprobarla por un solo voto gracias al error del diputado del PP Alberto Casero, y después de conseguirlo afirmó que habría dimitido de haber descarrilado esta norma. La reforma para encarecer el despido y lograr que sea más proporcional al daño causado es una asignatura pendiente desde entonces, como se ha encargado de recordarle en varias ocasiones el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
Hoy por hoy, Trabajo debe presentar una propuesta escrita -no hay fecha estimada- a los sindicatos y la patronal. En 2026 la mesa del diálogo social se ha reunido hasta en tres ocasiones, y el acuerdo con los sindicatos se anticipa razonablemente fácil. Con la patronal, como ocurre con la mayoría de normas impulsadas por Trabajo, se aventura mucho más complejo.
De hecho, UGT y CCOO han presentado quejas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, incidiendo en que el modelo de despido improcedente, con una indemnización de días por año trabajado, no es adaptativo. El Comité Europeo de Derechos Sociales dictó una resolución en este sentido en junio, instando al Ejecutivo a actuar.
Además, el penúltimo Consejo de Ministros del curso aprobó un anteproyecto de ley para blindar a los trabajadores que denuncien corrupción en el seno de sus empresas, dificultando así que sufran represalias.
Y, entre las normas que acumulan un mayor retraso se encuentra también el Estatuto del Becario. Díaz intentó llevar esta ley al Consejo de Ministros a escasas semanas de las últimas generales, sin éxito. Tres años después, ya ha concluido su tramitación en el Consejo de Ministros y permanece bloqueada en el Congreso. Sin que conste fecha para su reactivación.
Nuevos permisos: por fallecimiento y para cuidar de familiares en paliativos
Otra de las materias pendientes es la extensión del permiso por fallecimiento. Trabajo propone pasar de los dos días por la muerte de un familiar (hasta cuatro, según la distancia) a un máximo de diez días de permiso. A esto se une la instauración de otro permiso de hasta 15 días por cuidados paliativos a un familiar, y otro de un día por acompañamiento en caso de eutanasia.
Los sindicatos han avalado estas propuestas, de nuevo con la CEOE en contra. De hecho, visto que todas ellas deben ser sometidas a la consideración del Congreso, y dada la fragilidad parlamentaria de la mayoría de Sánchez, Trabajo sabe que no puede garantizar su aprobación. El tiempo, de nuevo, no juega a su favor.
El agujero en vivienda y el escaparate presupuestario
A finales de julio, después de casi un mes anticipando un real decreto ley con medidas de vivienda, la coalición PSOE-Sumar retrasó hasta septiembre la aprobación de esta norma en Consejo de Ministros. Las dificultades para contentar a Junts y a Podemos forzaron al Ejecutivo a rectificar en una materia que es particularmente sensible para la izquierda alternativa. Por más que sea el PSOE quien controla el Ministerio del ramo.
En septiembre, además, el socio minoritario del Gobierno aprovechará los focos de la negociación presupuestaria para enfatizar sus prioridades de cara a la elaboración de las cuentas públicas para 2027, que hoy no cuentan con suficientes apoyos para salir adelante. Las reformas en el sistema fiscal, o la prestación universal por hijo a cargo son dos de sus grandes reclamaciones.
Otra de ellas, simbólica pero sin vinculación con los Presupuestos, es la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna. En febrero de 2024, Sumar abanderó una propuesta en este sentido que fue inicialmente rechazada por el PSOE, que después la asumió como propia. Tras su aprobación en Consejo de Ministros, el Congreso celebró a finales de abril la votación de enmiendas de totalidad, el trámite que entraña un mayor riesgo para cualquier norma antes de la votación final en pleno.
La reforma de la Constitución pasó este filtro a escasas horas de que comenzase la campaña electoral para las andaluzas del 17 de mayo. Desde entonces ha dormido el sueño de los justos en la Comisión Constitucional, donde acumula diez prórrogas del plazo para presentar enmiendas. Desde el PSOE admitieron que les urgía llevar esta votación a la Cámara Baja a las puertas de la campaña, aunque sabían que no contaban con los votos necesarios para que prosperase. A día de hoy siguen sin haberlos logrado, y la norma se mantiene en el congelador del Congreso, como tantas otras.