El Ministerio de Cultura ha presentado recientemente el ambicioso Plan de Derechos Culturales. Una iniciativa inédita en la historia de la administración española que contempla 146 medidas concretas y una inversión total de 79 millones de euros —46 de ellos de nueva asignación— para transformar de forma estructural la relación entre el Estado y la cultura.
El Plan de Derechos Culturales se plantea como una hoja de ruta que reordene las políticas públicas en torno a un principio constitucional tantas veces olvidado: garantizar el acceso efectivo de todos los ciudadanos a la vida cultural.
Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales —cargo creado específicamente para impulsar este proyecto—, fue la encargada de presentarlo en el Museo Reina Sofía. Lo definió como “una seña de identidad” y “un hito en Europa”. Con un horizonte temporal a dos velocidades (100 medidas antes de 2027 y el resto hasta 2030), el Plan de Derechos Culturales busca paliar desigualdades históricas en el acceso a la cultura, reforzar la libertad de expresión, combatir la precariedad del sector y dignificar la creación artística como un derecho, no un privilegio.
Cultura como derecho: del papel a la acción
Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció hace más de ocho décadas los derechos culturales, en la práctica han quedado relegados a declaraciones de principios sin aplicación real. El Plan de Derechos Culturales intenta convertir en medidas concretas esos compromisos abstractos. Entre las primeras acciones, se encuentran las siguientes:
- La ampliación de descuentos en museos y teatros estatales para colectivos como familias monoparentales
- El aumento de ayudas a proyectos educativos y rurales
- La introducción de criterios de igualdad de género en las subvenciones públicas
- El impulso de una futura Ley de Derechos Culturales (como ya existe en Navarra)
- La reforma de normativas como el Código Penal y la Ley de Contratos del Sector Público
- Una mayor integración entre cultura, salud mental, diversidad y sostenibilidad
Todos estos elementos forman parte del núcleo del Plan de Derechos Culturales. Beirak insistió en que el Plan de Derechos Culturales “no es del Gobierno, es del sector”. A fin de cuentas, el 80% de las medidas han sido propuestas por profesionales de la cultura a través de procesos participativos: más de 300 expertos, grupos de trabajo organizados en 13 ejes temáticos, entrevistas sectoriales y cerca de 1.000 aportaciones ciudadanas.
El respaldo institucional fue reforzado por un mensaje de Alexandra Xanthaki, relatora especial de la ONU para los derechos culturales, quien celebró que España esté dando este paso.
El Gobierno afirma que la cultura no puede depender de los vaivenes políticos. Aun así, solo seis comunidades autónomas (Canarias, Murcia, Asturias, Aragón, Cataluña y País Vasco) han enviado propuestas para colaborar en el desarrollo del Plan de Derechos Culturales. Eso pone de manifiesto la dificultad de convertirlo en una política de Estado verdaderamente transversal y sostenida.
¿Dónde se invertirá el presupuesto?
De los 79 millones previstos en el Plan de Derechos Culturales, 66 millones se destinarán directamente a ayudas. Se incluye un millón de euros para asociaciones profesionales y sindicatos, cuatro millones para proyectos de fuerte impacto social y otros tantos fondos ya en proceso de ejecución. Beirak aseguró que el 80% del presupuesto ya está comprometido.
El Ministerio se compromete a una evaluación intermedia en 2027 y otra final en 2030, con la intención de que el Plan de Derechos Culturales se convierta en una política estructural con continuidad. Para el ministro Ernest Urtasun, este plan marca un punto de inflexión: “Hacía falta una actualización profunda de las políticas culturales. Lo que más me enorgullece es su visión estratégica a 20 años”.