La reciente cumbre de la OTAN celebrada en La Haya ha marcado un antes y un después en las exigencias presupuestarias de la Alianza Atlántica. Los 32 Estados miembros han acordado un ambicioso objetivo colectivo: alcanzar el 5% del PIB en gasto total de defensa para el año 2035. Aunque España ha logrado una excepción parcial, la presión internacional no deja de aumentar. ¿Qué pasaría si finalmente tuviera que asumir esta carga? ¿De dónde saldría el dinero?
Actualmente, España destina aproximadamente el 1,3% de su PIB a defensa. Cumplir con el 5% exigido por la OTAN implicaría multiplicar por casi cuatro el gasto actual. Lo que se traduce en más de 55.000 millones de euros adicionales cada año. La OTAN insiste en este incremento para garantizar la autosuficiencia militar europea ante amenazas globales. Pero las implicaciones para la economía española son enormes.
La cuestión no es solo si la OTAN lo exige, sino si España está en condiciones de responder sin afectar gravemente otras partidas clave del presupuesto nacional. Y todo indica que no hay una vía sencilla.
Recortes: la vía más conflictiva
Una de las formas más directas de cumplir con la exigencia de la OTAN sería redistribuir el gasto público. Sin embargo, esta opción conlleva un fuerte coste político. El Estado del Bienestar español —con pilares como la sanidad, la educación y las pensiones— consume una parte mayoritaria del presupuesto. Recortar en estas áreas para destinar fondos al gasto militar sería una medida muy impopular.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo expresó con claridad durante la cumbre de la OTAN: “No se puede desmantelar el Estado del Bienestar para comprar tanques”. Este rechazo ha sido respaldado también por socios parlamentarios y formaciones políticas que ven en el incremento del gasto militar una amenaza directa a las políticas sociales.
¿Y si se suben los impuestos?
Otra vía posible para responder a las demandas de la OTAN sería un incremento de la presión fiscal. Para obtener 55.000 millones de euros adicionales cada año, España podría considerar elevar el IVA, el IRPF o el impuesto de sociedades. Incluso podría introducir tributos especiales dedicados a la defensa.
Sin embargo, esta medida tampoco es sencilla. España ya tiene una de las presiones fiscales más altas de Europa en relación a sus salarios. Y aumentar los impuestos tendría consecuencias directas sobre el consumo, la inversión y la competitividad empresarial. Además, sería una medida muy difícil de justificar socialmente, sobre todo si esos ingresos se destinan a cumplir con las exigencias de la OTAN y no a reforzar las políticas públicas internas.
Endeudarse más… con consecuencias
La emisión de deuda es otro camino posible para financiar el gasto que exige la OTAN. No obstante, la deuda pública española ya ronda el 107% del PIB. Con la reactivación de las reglas fiscales europeas a partir de 2025, cualquier aumento significativo del endeudamiento sería mal recibido en Bruselas y en los mercados.
La OTAN puede pedir más inversión. Pero los márgenes presupuestarios son muy estrechos. Aumentar la deuda sin una justificación clara o sin una estrategia de consolidación fiscal podría disparar la prima de riesgo y poner en cuestión la estabilidad macroeconómica del país.
¿Fondos europeos? Improbable por ahora
Algunos analistas han sugerido que la solución podría estar en una mutualización del gasto militar a nivel europeo, al estilo del fondo Next Generation. Sin embargo, por ahora no existe un consenso real en la Unión Europea para crear una herramienta de financiación común destinada a defensa.
De hecho, varios países como Alemania o Italia también están lejos del 5% que pide la OTAN. Eso reduce las posibilidades de que se articule una solución común a corto plazo. España no está sola en su escepticismo ante esta meta.
La industria de defensa como vía complementaria
Otra alternativa podría ser apoyar a la industria de defensa nacional para atraer inversión privada y fomentar la colaboración público-privada. Empresas como Indra, Navantia o Airbus podrían asumir parte del gasto mediante la producción y exportación de tecnología militar.
No obstante, esta opción no basta por sí sola. El gasto que exige la OTAN no se limita a producción, sino que incluye costes operativos, compra de armamento, entrenamiento, mantenimiento y despliegues internacionales. Es decir, partidas que solo puede financiar el Estado.