Reducir la burocracia se presenta como uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Gobierno al ser una de las principales peticiones que demandan los empresarios. Y es que, en el último año, los costes derivados del “papeleo” entre los autónomos se ha incrementado un 13%, casi unos 400 euros, según las estimaciones realizadas por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
Los datos de la patronal indican que un trabajador por cuenta propia destina una media de 226 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social. En su último estudio publicado en diciembre de 2025 señalaban que este tiempo que dedicaban a la burocracia era de unas 200 horas al año, por lo que el tiempo que los autónomos destinan a los trámites puramente administrativos también se ha incrementado en el último año.
Pérdida de tiempo productivo e impacto económico
Y es que, desde ATA denuncian que el aumento del tiempo a cumplir con las normas no solo supone una pérdida de tiempo productivo -ya que son horas que se podrían dedicar al desarrollo de la propia actividad del negocio- sino que tiene un impacto económico directo en las empresas.
Desde la patronal estiman, teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, que estas 226 horas dedicadas a la burocracia representan un coste de 3.390 euros anuales por autónomo, frente a los 3.000 que señalaban el año pasado.
Así, en términos globales, la burocracia y el cumplimiento normativo le cuestan al colectivo más de 11.000 millones de euros al año (concretamente, 11.770.080.000€); y más de 780 millones de horas dedicadas por los trabajadores por cuenta propia a gestionar trámites burocráticos.
Fue hace dos años cuando el ahora vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa; Carlos Cuerpo, se comprometió a reducir la burocracia “para favorecer la actividad empresarial”. Pasados dos años, estos trámites no se han reducido y la incertidumbre sobre algunas normativas se ha visto incrementada.
Entre las legislaciones que han generado gran expectativa entre los empresarios se encuentran Verifactu, la factura electrónica, el registro horario, el nuevo reglamento sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea, y la ley de transparencia salarial.
Verifactu y factura electrónica
El principal problema entre estas normativas es el parecido entre ambas. La principal diferencia es que VeriFactu viene de la Ley Antifraude y se centra en el sistema de facturación que utilizan las empresas y autónomos para emitir sus tickets de venta (B2C), y busca que los registros de facturación sean trazables y no puedan modificarse de forma fraudulenta.
Por su parte, la factura electrónica viene de la Ley Crea y Crece y se centra en que las facturas entre empresas (B2B) se emitan, reciban y gestionen en formato electrónico.
Entrada en vigor de las dos normativas
Además, también las ha marcado los cambios en la fecha de entrada en vigor de Verifactu. El final del año 2025 estuvo marcado por el cambio de opinión “in extremis” del Gobierno sobre la normativa Verifactu que provocó la prórroga hasta el año 2027. Hasta que Pedro Sánchez no anunció la decisión de postponer la normativa, las compañías con una facturación inferior a los seis millones de euros tenían la obligación con contar con estos nuevos softwares -que permiten compartir sus facturas con la Agencia Tributaria de manera inmediata- en enero de 2026; mientras que los autónomos debían incorporarlos a partir del 1 de julio de ese año.
A menos de un mes de que entrara en vigor, y con miles de negocios ya adaptados a esta normativa -tras varios meses pidiendo un aplazamiento- el Gobierno dio su mano a torcer y decidió prorrogar su entrada hasta enero de 2027. Ahora, las empresas que no se han adaptado cuentan con cinco meses para incorporarlo en sus negocios. Si bien es cierto, los autónomos cuentan con más margen, ya que no será hasta el 1 de julio de 2027 cuando se les hará efectiva la entrada en vigor.
A esto se suma que este próximo mes de enero también entrará en vigor la normativa que obliga a empresa que facturen a otras compañías en España a emitir facturas en formato digital. Si bien es cierto, esta normativa se activará en 2027 para aquellas empresas y profesionales que facturen más de 8 millones y el 1 de enero de 2028 para quienes ganen menos de 8 millones de euros.
Registro horario
Otro de los “dolores de cabeza” de los empresarios este año está siendo el registro horario. Se trata de la normativa a la que se acogió la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando el Congreso de lo Diputados rechazó la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales. El ‘plan B’ de la ministra fue plantear un nuevo registro horario digital, interoperable y accesible para la Inspección de Trabajo.
Las previsiones apuntan a que será en el mes de septiembre cuando Trabajo lo lleve al Consejo de Ministros, pero las discrepancias con Economía, y su aprobación vía normativa y no ley, dejan dudas sobre el alcance que podrá tener en las empresas.
Reglamento Inteligencia Artificial
El Reglamento de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial afecta a las empresas que desarrollan, comercializan o utilizan sistemas de IA, y no solo a las empresas tecnológicas. Su aplicación depende del tipo de sistema y del uso que se haga de él.
Por ello, una empresa que utilice esta tecnología en su actividad puede estar sujeta a determinadas obligaciones, especialmente en materia de alfabetización en IA, transparencia y uso responsable.
Transparencia salarial
Otra de las legislaciones que está acaparando las miradas del mundo empresarial es la Ley sobre Transparencia Salarial que prevé obligar a las empresas a que la brecha de los sueldos entre hombres y mujeres no supere el 5%.
Por el momento, el Ministerio de Trabajo se encuentra en negociación con los sindicatos (UGT y CCOO) y la patronal (CEOE) y ha publicado en audiencia pública el borrador de este real decreto.
Si bien es cierto, España es uno de los países que llega tarde, ya que el plazo para que los estados miembro de la Unión Europea aplicaran esta normativa concluyó el pasado 7 de junio.