En un movimiento inédito, el Gobierno va a celebrar una consulta pública para recabar opiniones de diversos agentes del mercado en torno a la oferta pública de adquisición del BBVA sobre el Banco Sabadell. El período de audiencia comienza este martes y pretende reunir testimonios que no serán vinculantes al preceptivo informe que deberá adoptar el Ejecutivo sobre la OPA hostil, que el ministro de Economía Carlos Cuerpo deberá elevar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de dos semanas.
La consulta la adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes durante un diálogo con el presidente del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola. En ese foro, Sánchez también destacó que el objetivo es recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones sobre la oferta hostil, que ya cuenta con luz verde por parte de la CNMC.
No altera plazos
Con este propósito, el Gobierno busca argumentos y una coartada para tratar de tumbar la OPA hostil del BBVA sobre Banco Sabadell. Es la primera vez que el Gobierno celebra una consulta pública antes de tomar una decisión sobre una OPA. Fuentes del Ministerio de Economía señalan a Artículo14 que la audiencia “abre una vía de información adicional para tener más inputs antes de tomar la decisión”, en referencia al informe gubernamental, y que la misma “no altera los plazos del procedimiento”.
Las mismas fuentes enfatizan que la medida es “a todas luces algo positivo” y que este mismo martes será el propio Cuerpo el encargado de dar más detalles sobre el procedimiento, como por ejemplo su duración concreta.
La legislación española no establece expresamente la obligación de celebrar consultas públicas en estos casos. Hasta ahora, lo habitual era que el Gobierno lanzara audiencias sobre la redacción de anteproyectos de ley o de real decreto con especial incidencia en sectores económicos. Al margen de las opiniones que se viertan en este proceso, la última palabra la seguirá teniendo el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.
22 de mayo
La medida del Gobierno llega después de que el miércoles pasado la CNMC emitiera su informe, aprobando la operación por unanimidad pero exigiendo compromisos que garanticen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos. Es por esta razón por la que el Ejecutivo de Sánchez está habilitado para intervenir: el Ministerio de Economía tiene un plazo de quince días para confirmar la resolución de Competencia o para proponer nuevas condiciones, estas “motivadas en razones de interés general distintas a las de la defensa de la competencia”.
En otras palabras, el debate técnico ahora será un pulso político, después de que el Gobierno haya perdido el as en la manga que podría haber sido un informe desfavorable de la CNMC o un voto particular de uno del consejero propuesto de Junts, Pere Soler, que finalmente no se produjo. Por esta razón también surge esta inédita consulta pública gubernamental.
El plazo de esos quince días hábiles culmina el próximo 22 de mayo, fecha para la que el Gobierno habrá tenido que determinar si emitirá un dictamen propio complementario al de la CNMC. Su silencio ratificaría la aprobación inicial de Competencia. Si Cuerpo eleva el asunto al Consejo de Ministros, lo que presumiblemente sucederá, entonces el plazo se prorrogaría otros 30 días en los que el Ejecutivo, ya con todo el feedback reunido de la audiencia pública, podrá lanzar sus consideraciones y plantear nuevos compromisos a la OPA hostil del BBVA.
Personaciones
Ahora que la CNMC ha emitido su dictamen y ha dejado sin argumentos de competencia al Gobierno, llega el turno del Ejecutivo. Hace exactamente un año el ministro Cuerpo intervino en otra reunión con el Cercle d’Economia donde reconoció que le preocupaba “la concentración e impacto de una posible reducción de la competencia”, algo que el organismo regulador descarta siempre que el BBVA se atenga a los compromisos planteados. La operación ya contaba con los preceptivos acuerdos del Banco de España y del Banco Central Europeo, pero antes de que estos se conociesen Cuerpo advertía que, en caso de que la oferta hostil prosperase, no se autorizaría la fusión. “Tendrían la propiedad del banco, pero seguirían siendo dos entidades separadas”.
La consulta pública que ahora promueve el Gobierno también da alas a una quincena de entidades que en su momento solicitaron a la CNMC personarse en el proceso contra la OPA del BBVA. Entre aquellas entidades se encontraba el propio Sabadell, la Asociación de Accionistas Minoritarios de este banco, patronales catalanas como Foment del Treball, Pimec y Cecot, el Consejo General de las Cámaras de Catalunya, la Cámara de Sabadell, la Cámara de Alicante, la Autoritat Catalana de la Competència o los sindicatos UGT y CCOO.
La CNMC descartó todas las personaciones salvo la del propio Banco Sabadell, al no encontrar entre las solicitantes los argumentos sobre el interés legítimo que la operación de concentración les podía suscitar.
Tensión política
La consulta pública que comienza este martes también llega un momento en el que la tensión política es total. Junts, después del fiasco provocado porque su consejero en la CNMC no presentara un voto particular contra la OPA, ha endurecido su postura contra el Gobierno. El presidente de la organización, Carles Puigdemont, advertía estos días en la red social X que no confían en las palabras del Gobierno cuando dicen estar en contra de la OPA. “Lo veremos pronto”.
En el mismo foro en el que Sánchez ha anunciado esta semana la consulta pública, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, pidió al Ejecutivo que paralizara la oferta hostil al considerar que una resolución como esa “debería tener un estudio más exhaustivo y más profundo de las consecuencias sobre el crédito”. Entiende que la concentración recortaría el crédito disponible para pymes en 70.000 millones de euros.
Por su parte, el PP ha ratificado que también estará en contra si no se dan “garantías” en la operación. Lo ha confirmado el vicesecretario de Economía de la organización, Juan Bravo, quien ha animado al Gobierno a que la inédita consulta pública sea una convocatoria electoral para que los ciudadanos “se puedan pronunciar sobre el conjunto de situaciones excepcionales que viven”.
Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, también volvió a ser categórico este lunes, incidiendo en que la aparición de “colosos” financieros fruto de operaciones de esta naturaleza generan inestabilidad como sucedió en la crisis de 2008. El principal socio del Gobierno de coalición ha valorado positivamente la consulta pública, pero lo ha hecho recordando que el Gobierno seguirá teniendo “la última palabra”.