Podemos registró ayer en el Congreso una proposición no de ley (PNL) que busca introducir un cambio de calado en el acceso a la función pública. Crear un cupo específico de plazas de funcionario para transexuales. La propuesta, impulsada por la secretaria general Ione Belarra, la eurodiputada Irene Montero y la activista Mar Cambrollé, pretende que al menos un 1% de los puestos ofertados en la Administración Pública se reserven de forma exclusiva para personas trans.
Esta iniciativa, según la formación morada, responde a la necesidad de frenar la exclusión social que vive el colectivo en el ámbito laboral. La medida tendría como marco legal una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público. Y se inspira en modelos internacionales como el argentino, donde una legislación similar fue aprobada en 2020.
Un paso más allá: el modelo argentino como referente
En el texto de la proposición, Podemos cita expresamente la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, aprobada por el Gobierno argentino de Alberto Fernández. Esa ley, en vigor desde hace cuatro años, reserva también un 1% del empleo público al colectivo trans. El objetivo, en ambos casos, es combatir la discriminación estructural y facilitar la incorporación real y efectiva de personas transexuales a entornos laborales estables y seguros.
Desde Podemos se insiste en que las plazas de funcionario para transexuales son una herramienta de discriminación positiva necesaria en un contexto donde los datos de desempleo y precariedad son abrumadores. Irene Montero lo explicó así en su intervención: “Miles de personas trans son juzgadas antes por su identidad de género que por su currículum. Necesitamos políticas públicas que estén a la altura del sufrimiento estructural que padece este colectivo”.
Podemos basa la iniciativa en un estudio realizado por el Ministerio de Igualdad en 2022, cuando Montero dirigía el departamento. Según ese informe, la tasa de desempleo entre personas trans alcanza el 46,5%. Y muchas de ellas tienen cualificaciones superiores al puesto que desempeñan. Apenas un 24,7% accedió a recursos específicos de inserción laboral. Estos datos son los que, según el partido, justifican la creación de plazas de funcionario para transexuales como una acción concreta y medible.
Belarra, Montero y Cambrollé consideran que las políticas inclusivas actuales no son suficientes. En palabras de Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans y secretaria de LGTBIQA+ de Podemos, “es un toque de atención al Gobierno y al Ministerio de Trabajo. La ley contempla desde 2023 políticas activas de empleo para personas trans, pero no se están aplicando con la contundencia necesaria”.
Una propuesta simbólica, pero con valor político
La PNL no tiene fuerza de ley. Por lo tanto, su aprobación no supondría una obligación jurídica para el Ejecutivo. Pero sí un posicionamiento político del Congreso. La intención de Podemos es doble. Por un lado, visibilizar la situación del colectivo trans en la función pública. Y por otro, retratar el apoyo —o la ausencia de él— de otras formaciones políticas, incluidas las de la izquierda.
Esta estrategia de PNL ya ha sido utilizada por Podemos en otras ocasiones para marcar diferencias con el PSOE y otros socios del espacio progresista. En este caso, las plazas de funcionario para transexuales vuelven a colocar a la formación morada como abanderada de las políticas de inclusión LGTBI. Especialmente, tras la reciente polémica con colectivos feministas críticos con la Ley Trans.
