Trabajadores del SMI protegidos: las empresas solo recibirán incentivos si limitan los despidos

En su empeño por encontrar el consenso entre las partes reunidas en la mesa de negociación de ayer, el Ministerio de Trabajo volvió a hacer un guiño a la patronal, el más reticente de los agentes implicados a apoyar el alza del salario mínimo interprofesional (SMI). En esta ocasión, aunque todavía sin dar detalles explícitos, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, propuso a las organizaciones patronales -CEOE y Cepyme- una fórmula de incentivos fiscales confeccionada a través del impuesto de sociedades para paliar los aumentos de costes en las empresas derivados de las mejoras salariales. Aunque con letra pequeña, ya que para acogerse a esta ventaja las firmas tendrán que comprometerse al mantenimiento de las plantillas. Es decir, a no despedir a sus trabajadores. 

Subida del 3,1%

La compensación tributaria, que tal y como ha reconocido el ‘número dos’ de trabajo no se trata de un regalo “urbi et orbi” -es decir, no será general–, podrá aplicarse únicamente en las empresas más afectadas por el incremento del sueldo base. Concentradas principalmente en sectores como la agricultura, la hostelería, las concesiones públicas, la limpieza o la seguridad privada. En este sentido, Pérez Rey detalló que la deducción fiscal estará condicionada al mantenimiento del empleo y al compromiso de las firmas por subir las retribuciones más bajas de sus plantillas. 

Con la subida ya fijada en los 1.221 euros brutos mensuales a catorce pagas y sin pago del IRPF -un incremento del 3,1%-, el Ejecutivo busca sumar a la patronal en el pacto. Si en la anterior reunión la oferta fue indexar los contratos públicos a las subidas del SMI, en la de ayer fue el incentivo fiscal el gancho mediante el cual Trabajo pretende sumar a CEOE y Cepyme en un acuerdo de mejora de sueldo mínimo que no suscribe desde el año 2020, cuando la cuantía pasó de 900 a 950 euros. 

Condiciones de la compensación

Los términos de la bonificación todavía no han trascendido. Además, Pérez Rey decidió no detallar ayer los criterios por “respeto” a los trabajos que está realizando Hacienda. Así, la cartera de María Jesús Montero es la encargada de definir la norma. No obstante, sí que señaló cuáles serían las empresas que podrán acogerse al alivio fiscal. Se trata de aquellas que tienen un mayor número de trabajadores cobrando el SMI.

Al mismo tiempo, el portavoz de Trabajo en esta materia dejó claro que no se trata de una concesión sin contrapartidas. La compensación, explicó, estará supeditada a que las empresas mantengan sus plantillas y reduzcan progresivamente su dependencia del SMI en ejercicios posteriores. Es decir, a que eleven los salarios por encima del mínimo legal y mejoren sus escalas retributivas. El objetivo, según defendió, es que la ayuda funcione como un estímulo temporal para absorber la subida. Y no como un mecanismo que consolide a los trabajadores en el umbral salarial más bajo.

“Incógnitas”

En este sentido, Pérez Rey subrayó que “la fórmula de compensación con la que estamos trabajando es una fórmula que debe ser también un incentivo para que las empresas de nuestro país suban salarios”.

Sin embargo, Trabajo confiesa que “falta aterrizar concretamente cómo va a funcionar ese incentivo-desincentivo”. En consecuencia, la directora del departamento de Empleo, Protección Social y Diversidad de la CEOE e interlocutora de la asociación en las negociaciones, Rosa Santos, criticó que la medida está llena de “incógnitas”. En la misma línea, los sindicatos CCOO y UGT también apuntaron que la propuesta planteada tiene “algunas lagunas”. Por ello, las agrupaciones evitaron objetar sobre la nueva apuesta de Trabajo y esperarán a tener toda la documentación al respecto para trasladar su postura en la próxima reunión del jueves.

Entrada en vigor

En paralelo, la subida definida no esperará hasta dirimir sobre esta cuestión. La cartera de Yolanda Díaz inició ayer el proceso de tramitación del alza del sueldo base. Aunque no incluirá una de las históricas demandas de los sindicatos: la reforma de las reglas de compensación y absorción. Este ajuste busca garantizar que los incrementos del SMI se sumen efectivamente al salario, evitando que los empleados pierdan parte del beneficio de la actualización del sueldo mínimo por los mecanismos de las empresas. Como este asunto todavía está pendiente de negociarse, su formulación se llevará a cabo en un Real Decreto distinto. Todo ello, con el fin de evitar que la actualización del SMI, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026, se dilate.  

Con la subida del 3,1% y la compensación a las empresas, el Ejecutivo intenta combinar dos objetivos que no siempre caminan de la mano: blindar una mejora salarial para los trabajadores con menores ingresos y ofrecer a las empresas un incentivo suficiente para que la patronal se sume a un pacto que el Gobierno pretende convertir en “asunto de Estado”. Puesto que, “España tiene que dejar de ser un país de salarios bajos”, concluyó Pérez Rey.