Pese a las latentes diferencias entre la patronal y la titular de Trabajo, ambas partes siempre han apostado por el diálogo. Ahora, con el fin de obtener una posición favorable y cerrar un acuerdo tripartito, la ministra Yolanda Díaz ha apostado por una nueva medida: indexar los contratos públicos a las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Lo que favorecería a sociedades ligadas a sectores muy feminizados como el de los servicios de limpieza. La iniciativa pretende ganarse a las organizaciones empresariales, el actor más reticente, de cara a sellar un pacto sobre el alza del SMI que beneficie a todas las partes implicadas –UGT, CCOO, Cepyme, CEOE y el Ministerio de Trabajo-.
La propuesta del Ejecutivo para el presente año defiende aumentar en un 3,1% el sueldo base respecto al 2025. Así, la asignación mínima se elevará, previsiblemente, hasta los 1.221 euros brutos a 14 pagas. Un incremento que, pese a aprobarse tras el inicio del 2026, será de carácter retroactivo y tendrá efecto desde el 1 de enero.
Un beneficio sin perjuicio
El planteamiento de vincular los contratos públicos al salario mínimo busca que las empresas que prestan servicios al Estado puedan ajustar automáticamente sus costes laborales si sube el salario mínimo, evitando que los incrementos salariales limiten su rendimiento. En la práctica, esto significa que si una compañía cobra del Estado 100.000 euros por la adjudicación de servicio y sus costes de personal aumentan por la subida del SMI, la asignación acordada con la administración también se incrementaría, permitiendo a la compañía cumplir con lo acordado sin prescindir de parte de su ganancia. Así, la medida crea un marco de estabilidad que beneficia a los trabajadores sin perjudicar a las empresas.
Sin embargo, el principal freno a esta acción proviene del Ministerio de Hacienda. Cada contrato público tiene un presupuesto previamente aprobado, y vincularlo automáticamente al SMI podría elevar el gasto total del Estado de manera imprevista. Esto complica la planificación fiscal anual, ya que Hacienda tendría que prever incrementos continuos que afectan a los recursos disponibles.
Un 77%
La propuesta de vincular el salario mínimo interprofesional a los contratos públicos es una reivindicación habitual de las compañías vinculadas a los servicios de limpieza. Un sector en el que los sueldos se sitúan en el entorno del SMI y cualquier incremento tiene un impacto directo en los costes laborales. Se trata, además, de una actividad altamente feminizada. Según el último informe sobre ‘Brecha de Género en el Mercado Laboral en los sectores de Servicios, Movilidad y Consumo’, elaborado por UGT, el 77% de las personas que trabajan en el sector de la limpieza son mujeres, lo que convierte a este ámbito en uno de los más dependientes de las decisiones sobre el salario mínimo.
De supeditar los conciertos a la prestación mínima, el presidente de la Asociación de Federaciones de Empresarios de Limpieza Nacionales (AFELIN), Jesús Martín, asegura que supondría “un gran alivio para los negocios del sector”. Hasta el momento, las compañías que se presentan a los contratos públicos “tienen que hacer un ejercicio de imaginación para estimar el incremento de los costes anuales durante el periodo para el que se cierra la adjudicación y entonces presentar su oferta“, tal y como reconoce Martín. Al mismo tiempo, el Estado ha ido retrasando la entrada en vigor de la medida al considerarla un agravio para las arcas públicas. “Ellos no lo han cambiado porque reconocen que perderían dinero. Entonces, ¿qué quieren, que lo perdamos nosotros?”, critica.
Reglas de compensación y absorción
Encima de la mesa de negociación, otro de los escollos a superar son las reglas de compensación y absorción. Un mecanismo que permite a las empresas neutralizar las subidas del salario mínimo utilizando complementos salariales ya existentes. En la práctica, esta fórmula hace posible que el incremento del SMI no se traduzca necesariamente en una mejora real del salario final que perciben algunos trabajadores. Algo que los sindicatos consideran inasumible y que el Ministerio de Trabajo quiere corregir.
Desde la patronal, en cambio, defienden estas reglas como una herramienta clave para contener costes en sectores con márgenes muy ajustados y alta dependencia de la contratación pública.
La línea de diálogo, al menos por ahora, continúa abierta. A la espera de cerrar los flecos finales, la subida del SMI saldrá adelante en los próximos días. De hecho, Yolanda Díaz ya reconoció ayer que el alza se aprobará “con carácter inmediato” mediante real decreto. Con el respaldo de los sindicatos, solo falta por pronunciarse la CEOE, aunque su tramitación no requiere del visto bueno de todas las partes, ya que el Gobierno puede sacar adelante la medida de forma unilateral. De hecho, desde 2020, año en el que sueldo base pasó de 900 a 950 euros, la patronal no ha suscrito ningún aumento.