El caso mascarillas en Almería ha dado un giro decisivo con la detención del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García (PP), investigado por supuestas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario en 2020. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo arrestó este martes dentro de una operación que afecta también al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón. El caso avanza ahora hacia una fase más intensa tras meses de instrucción judicial.
Los tres responsables políticos han sido suspendidos de militancia por su partido apenas horas después de conocerse las detenciones. La jornada incluyó registros en varios domicilios vinculados a los investigados y la detención de otras cuatro personas. El caso mascarillas en Almería sigue abierto y no se descartan nuevos arrestos.
Un origen que se remonta a 2021 y un contrato bajo excepcionalidad COVID
El caso mascarillas en Almería no estalla ahora. Su primer gran movimiento tuvo lugar el 15 de junio de 2021, cuando agentes de la UCO ya registraron la Diputación y detuvieron a su entonces vicepresidente, Óscar Liria. Aquella primera intervención se centró en un contrato de emergencia firmado en abril de 2020 con la empresa Azor Corporate Ibérica para adquirir mascarillas, monos de protección y guantes por más de dos millones de euros.
El caso mascarillas en Almería ha continuado desde entonces bajo secreto de sumario, con prórrogas constantes debido a la complejidad de la causa.
Ese contrato, tramitado bajo el procedimiento acelerado autorizado por la normativa de pandemia, es hoy uno de los elementos clave de la investigación. El caso mascarillas en Almería revisa si esa excepcionalidad fue utilizada para facilitar presuntas mordidas en la adjudicación, tal y como sospechan los investigadores.
El vínculo con Cataluña y el papel de la Operación Lúa
Un aspecto menos conocido del caso mascarillas en Almería es su punto de conexión con Cataluña. La instrucción se activa realmente cuando las escuchas de la Operación Lúa —una investigación sobre narcotráfico, blanqueo y tráfico de armas— mencionan la adjudicación del contrato de mascarillas en la Diputación.
Esas referencias desencadenan las primeras sospechas y permiten relacionar el contrato del abril de 2020 con supuestos pagos irregulares. Desde entonces, el caso ha ido creciendo en volumen, ramificaciones y número de investigados.
Los detenidos anteriores: el origen de la trama
Dentro del caso mascarillas en Almería, el nombre de Óscar Liria sigue siendo central. Fue detenido en 2021 por presuntamente haber cobrado entre 200.000 y 400.000 euros en comisiones. En su domicilio se localizaron 26.750 euros repartidos en sobres escondidos entre prendas de vestir. Liria negó ante el juez haber recibido mordidas y aseguró que se trataba de dinero aportado por su padre con motivo de su boda. Pero nuca se consideró convincente dicha versión.
También figura Kilian López, amigo de Liria y propietario de Azor Corporate Ibérica. Según la instrucción, habría obtenido una mordida cercana al millón de euros por aquel contrato. Está acusado de corrupción en los negocios, malversación y blanqueo. Su papel es esencial para entender el recorrido inicial del caso.
Los nuevos detenidos: la declaración política del caso
El caso mascarillas en Almería se intensifica con las detenciones de este martes. Javier Aureliano García, presidente de la Diputación y figura clave del PP almeriense, firmó en abril de 2020 el contrato con Azor. Su papel, hasta ahora situado en el plano administrativo, entra directamente en el foco judicial. El PSOE provincial ya había solicitado su declaración como testigo, pero ahora su situación es más comprometida dentro del caso mascarillas en Almería.
El vicepresidente Fernando Giménez también estaba siendo investigado y aparece como uno de los presuntos organizadores de la trama. Mensajes intervenidos por la UCO revelan referencias veladas a comisiones supuestamente pactadas, dentro del grupo de WhatsApp llamado “Naranjito”. Él insiste en que desconocía cualquier cobro irregular, pero la investigación lo señala como un actor fundamental.
Por último, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, ya aparecía mencionado en la causa. Sus vínculos familiares y empresariales con el entorno de Kilian López reforzaron las sospechas iniciales. Su hijo también fue interrogado tras ser sorprendido en 2021 con casi 120.000 euros en metálico dentro de una bolsa procedente del domicilio del padre de Liria.