La justicia española ha adoptado una medida poco habitual para hacer cumplir una sentencia firme por acoso sexual y laboral: el embargo de la cuenta bancaria del consulado de Marruecos en la Región de Murcia. El bloqueo de fondos llega tras meses de incumplimiento reiterado de una resolución judicial que condena al entonces cónsul marroquí y obliga a indemnizar y readmitir a una trabajadora despedida de forma nula.
El caso sitúa al consulado de Marruecos en el centro de un procedimiento de ejecución forzosa que los tribunales han activado ante lo que consideran una resistencia continuada a acatar el fallo. Se trata de una actuación excepcional, pero jurídicamente respaldada, que persigue garantizar la tutela judicial efectiva de la víctima.
Una sentencia firme contra el consulado de Marruecos
La resolución fue dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Murcia y declaró nulo el despido de Maryam —nombre ficticio—, secretaria del cónsul marroquí Sidi Mohammed Biedallah. La sentencia considera probado que, desde septiembre de 2022, la trabajadora sufrió un proceso continuado de acoso sexual, laboral y moral que afectó gravemente a su salud.
El fallo describe un entorno de trabajo degradante, con aislamiento profesional, ausencia de medios básicos y una estrategia empresarial destinada a presionar a la empleada tras rechazar insinuaciones y conductas consideradas “vergonzosas”. El consulado de Marruecos fue condenado a readmitirla, a pagar una indemnización superior a 50.000 euros y a abonar los salarios dejados de percibir.
El incumplimiento que llevó al embargo
Pese a la firmeza de la sentencia y al agotamiento de la vía de los recursos, el consulado de Marruecos no procedió ni a la readmisión ni al pago íntegro de las cantidades reconocidas. Ante esta situación, el juzgado inició la fase de ejecución forzosa, como haría con cualquier otro empleador que incumple una resolución judicial.
A finales de octubre, el tribunal ordenó el embargo de la cuenta operativa del consulado de Marruecos en una entidad bancaria española, la misma desde la que se abonaban nóminas y gastos corrientes. La orden permitió bloquear más de 64.000 euros, destinados a cubrir parte de la condena, incluidos intereses y costas.
Sin inmunidad en una relación laboral
Uno de los argumentos centrales de la defensa del consulado de Marruecos fue invocar la inmunidad de jurisdicción y de ejecución. Sin embargo, el juzgado rechazó de forma reiterada esta tesis. En sus autos, recuerda que en una relación laboral con una empleada local el consulado actúa como empleador, no como órgano soberano del Estado.
Las resoluciones subrayan que la legislación española y la doctrina consolidada excluyen la inmunidad en litigios laborales de este tipo, especialmente cuando se trata de vulneraciones de derechos fundamentales como el acoso sexual y moral en el trabajo.
Una ejecución que sigue abierta
El embargo de la cuenta del consulado de Marruecos no pone fin al proceso. La cantidad retenida cubre solo una parte de la condena, ya que el importe total sigue aumentando por los salarios de tramitación y las cotizaciones sociales pendientes mientras no se produzca la readmisión efectiva.
Según consta en la sentencia, el consulado debe abonar los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la reincorporación, a razón de 56,89 euros diarios. Esto eleva el coste total por encima de los 100.000 euros, según las estimaciones realizadas a partir de la resolución judicial.
Un precedente incómodo para una representación consular
El embargo de una cuenta consular es una medida poco frecuente y sitúa al consulado de Marruecos en una posición especialmente delicada. No obstante, desde el punto de vista judicial, la actuación responde a un principio básico del Estado de derecho: las sentencias firmes deben cumplirse.
“No estamos ante un conflicto diplomático, sino ante la ejecución de una condena por acoso sexual y laboral”, subraya la defensa de la trabajadora. Mientras no se produzca el pago íntegro y la readmisión ordenada, el procedimiento seguirá abierto y el consulado de Marruecos continuará sujeto a nuevas actuaciones judiciales.