Choi Min-kyung, desertora del ejército de Corea del Norte, reclama 50 millones de won (aproximadamente 31.500€) como reparación por daños del estado norcoreana. Los personifica en el líder del país, Kim Jong-un, y otros seis oficiales. También ha enviado una denuncia alegando crímenes contra la humanidad. Afirma haber sufrido torturas y violencia sexual en los centros penitenciarios del régimen, por lo que denuncia a otros 5 oficiales del ejército.
Esta denuncia supone la primera ocasión en la que algún desertor/a del país presenta cargos criminales en los tribunales de Corea del Sur. Huyó de su país en 1997, pero fue repatriada en cuatro ocasiones desde China, la última en 2008. Fue entonces cuando pasó 5 meses en una prisión en la provincia de Hamyong del norte, donde afirma que ocurrieron los hechos.
Las denuncias detallan supuestos incidentes específicos, como palizas severas que le dañaron severamente el tímpano derecho, una agresión sexual y tortura sistemática mediante posiciones de estrés forzadas por más de 15 horas al día. El caso fue apoyado por la Base de Datos de Derechos Humanos de Corea del Norte (NKDB), que planea usarlo como base para presentarlo ante la Corte Penal Internacional.
Estas peticiones pueden tratarlas los tribunales surcoreanos dado que comprenden Corea como una única entidad, y los asuntos que competen a Corea del Norte, se ven como internos. ¿Y cómo está procediendo la justicia de Corea del Sur?
Todos apuntan al líder
El nombre más repetido al buscar culpables es el de Kim Jong-un, al que se responsabiliza de los presuntos abusos. De acuerdo con el principio que sostiene que los funcionarios norcoreanos operan bajo el “control efectivo” del líder supremo, se argumenta que tiene responsabilidad de mando por crímenes de lesa humanidad.
La denuncia se basa en gran medida en la comisión de investigación de la ONU de 2014 que concluyó que Corea del Norte cometió crímenes generalizados de lesa humanidad, como tortura, violencia sexual y detenciones arbitrarias. Se documentaron abusos en la red de campos de prisioneros políticos del país, que albergan entre 80.ooo y 120.000 personas.
Entre las demandas civiles anteriores se incluyen casos de ex prisioneros de guerra que pedían compensación por trabajos forzados o familias secuestradas durante la guerra de Corea (1950-1953).
Qué esperar de la denuncia
La denuncia civil incluye la misión de Corea del Norte ante la ONU en Nueva York, ya que el servicio directo a las instituciones de Pyongyang es imposible dado el hermetismo del país.
Sin embargo, la ejecución sigue siendo imposible ya que no existe ningún mecanismo para obligar a Corea del Norte a pagar daños y perjuicios. Por tanto, de ganar los demandantes, se trata más bien de una victoria simbólica.
Además, la Alianza Ciudadana por los Derechos Humanos de Corea del Norte advirtió que los casos de crímenes contra la humanidad necesitan de dos factores: múltiples víctimas y pruebas de que se sigue un patrón.
Joanna Hosaniak, parte de la alianza, explicó que “se trata de procedimientos jurídicos enormemente complejos que suelen tardar años en concretarse adecuadamente”.
Estas palabras, aún siendo críticas con los procedimientos de organismos como la Corte Penal Internacional, no desalientan a la desertora Choi, que persigue un propósito mayor.
El precedente que sienta la desertora Choi
A pesar de los obstáculos que ha encontrado en su camino hacia la justicia, Choi Min-kyung se mantiene en su idea. “Hemos de actuar mientras los supervivientes aún estén vivos para testificar”, afirmó, “somos los testigos vivos”.
También dejó claras sus intenciones detrás de esta denuncia, que mira más por una colectividad que, de acuerdo con la desertora, corren una suerte parecida.
“Este pequeño paso debe convertirse en una piedra angular para la libertad y los derechos humanos, para que ningún norcoreano más inocente sufra bajo este régimen brutal.”
No podemos saber si este caso traerá sanciones al Estado Norcoreano ni a sus líderes, pero esta desertora ha hecho historia. Su testimonio, junto a informes de organizaciones internacionales como la ONU o Amnistía Internacional, abre nuevas posibilidades frente a abusos que no cuentan con mayores evidencias que testimonios.
Tampoco se puede predecir lo lejos que llegará con esta denuncia, pero posiblemente, y gracias a ella, no será el último caso del que se hablará.