La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto para dos líderes talibanes de Afganistán, a los que acusa de cometer crímenes contra la humanidad por la persecución de mujeres y niñas. Pese a que al retomar el poder tras la retirada del ejército estadounidense (2021) prometieron implantar un régimen más aperturista y tolerante, en la práctica los talibanes han recuperado el viejo fundamentalismo islamista que reprimió duramente a las mujeres durante su primer gobierno (1996-2001).
En la nota de prensa, la CPI comunicó este martes que existen “pruebas razonables para creer” que el líder talibán, Haibatullah Akhundzada, así como el jefe de la justicia afgana Abdul Hakim Haqqani, ordenaron implantar políticas que privan a las mujeres y las niñas de “educación, privacidad, vida familiar, libertad de movimiento, expresión, conciencia y religión”.
Acorde a grupos de defensores de derechos humanos liderados por mujeres afganas, el nuevo régimen talibán ha implantado un “apartheid de género”, ya que fuerza una segregación entre hombres y mujeres en todo el territorio. Paulatinamente, las niñas y adolescentes fueron abandonando las aulas por obligación, cubrieron al completo su rostro y cuerpo, y se les obligó a permanecer encerradas en sus casas. Les robaron el futuro.
Tahera Nasiri, activista afgana que reside en Canadá, consideró que la orden de arresto emitida certifica los injustos abusos que sufren las mujeres en su país de origen. “Durante cuatro años, los talibanes nos dijeron que nos quedáramos calladas en casa, que cubriéramos nuestras caras y renunciáramos a la educación y a nuestros sueños”, recordó. Y agregó: “ahora la justicia internacional ha dicho basta. Esto es un crimen”.
Por ello, celebró la orden, que será más simbólica que práctica. “Aunque Akhundzada y Haqqani nunca se sienten en el banquillo de los acusados, ahora están marcados como criminales internacionales. Ya no son solo líderes de Afganistán, sino hombres buscados”, añadió. En criterio de la CPI, los crímenes perpetrados por ambos llevan ocurriendo desde 2021 hasta enero de 2023, cuando el fiscal principal de la CPI solicitó la orden de arresto contra ellos.
Tras su rápida captura del poder en el país, los radicales islamistas prohibieron a las mujeres acceder a puestos de trabajo remunerados, e incluso vetaron que pudieran visitar ciertos lugares públicos. Eso incluye pasear por parques solas o hablar en público, entre otras prohibiciones.
Dado que la orden de la CPI no se aplicará, los grupos pro-derechos humanos exigen a la comunidad internacional ejercer más presión. Liz Evenson, directora de justicia de Human Rights Watch, incidió en que “los líderes talibanes son ahora hombres perseguidos por su persecución de mujeres, niñas, y gente con identidades de género no convencionales”.
El pasado junio, la ONU acusó al régimen talibán de eliminar el sistema de protección legal para las mujeres, y de convertir el sistema judicial en una herramienta para aplicar una “opresión de género institucionalizada, así como la persecución y la dominación”. El reporte del ente internacional también destacó la suspensión de una ley sobre violencia contra las mujeres, que incluía supuesta protección ante casos de violación o matrimonios forzosos.
Karim Khan, fiscal principal de la CPI, aclaró en enero que su intención de emitir las órdenes de arresto contra los dos líderes talibanes se basaba en su “responsabilidad criminal” por aplicar la persecución de género en Afganistán, y se mostró dispuesto a ampliar la orden a otros líderes talibanes.
“Nuestro compromiso para que se aplique justicia ante crímenes de género, incluida la persecución de mujeres, sigue siendo nuestra absoluta prioridad”, aclaró Khan. Amnistía Internacional también llamó a la comunidad internacional a reconocer el “apartheid de género” como un crimen bajo la legalidad internacional.
“Arrestar a estos hombres no será fácil, especialmente en algunos países que todavía mantienen vínculos con los talibanes”, apuntó Parwana Ibrahimkhail Nijrabi, expresa en las cárceles talibanes que ahora residen en Alemania. Recientemente, Rusia formalizó vínculos con el gobierno islamista de Kabul. “Espero que los estados miembros de la CPI se tomen esto en serio y actúen para arrestarlo”, concluyó la activista.
