La historia reciente de Perú vuelve a escribirse sobre un terreno movedizo. Lo que empezó como una presidencia transitoria terminó convertida en un torbellino político y judicial que ha acabado con la destitución de Dina Boluarte, una de las figuras más controvertidas de la democracia peruana. El Congreso, en una votación exprés, declaró su “incapacidad moral permanente” y la apartó del poder. Pero detrás de ese titular se esconde una trama más compleja: una sucesión de escándalos, decisiones polémicas y un país dividido que ya parecía anticipar este desenlace.
El principio del fin
La caída de Dina Boluarte no se explica solo por una votación parlamentaria. Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, su gestión estuvo marcada por la desconfianza. Llegó al poder prometiendo estabilidad y diálogo, pero su mandato derivó pronto en una crisis sostenida. Las protestas que sacudieron el país en los primeros meses de su gobierno —y que dejaron decenas de muertos— abrieron una herida profunda que nunca cicatrizó. A ojos de muchos peruanos, su figura quedó asociada a la represión y al desencanto.
A ello se sumó una sucesión de investigaciones judiciales y denuncias éticas que fueron debilitando su legitimidad. En el Congreso, donde las alianzas son tan frágiles como los equilibrios del poder, esa erosión fue suficiente para encender las alarmas. La palabra “vacancia” comenzó a circular con insistencia, hasta que finalmente se hizo efectiva.
El “Rolexgate”, el escándalo que lo cambió todo
El caso más explosivo en torno a Dina Boluarte fue el llamado “Rolexgate”. Todo comenzó cuando los medios peruanos publicaron fotografías en las que la presidenta lucía relojes y joyas de lujo valorados en miles de dólares, objetos que no figuraban en su declaración patrimonial. La Fiscalía abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y los registros bancarios revelaron movimientos sospechosos: depósitos sin justificación y adquisiciones que excedían su sueldo oficial.
Dina Boluarte intentó justificarse alegando que los relojes eran “préstamos” de un amigo cercano, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Pero aquella explicación solo agravó el escándalo. La ciudadanía interpretó el gesto como un símbolo de desconexión con la realidad de un país golpeado por la pobreza y la desigualdad. La imagen de una mandataria envuelta en relojes de oro mientras las calles ardían por la inflación y la inseguridad fue letal.
El “Rolexgate” se convirtió en la gota que colmó el vaso. Aunque el Congreso archivó una denuncia constitucional contra ella en abril de 2025, el daño ya estaba hecho. La opinión pública había dictado su propio veredicto.
Tramas familiares y sombras de poder
Pero el caso de los relojes no fue el único escándalo que rodeó a Dina Boluarte. Su hermano, Nicanor Boluarte, fue detenido meses atrás acusado de liderar una red de tráfico de influencias conocida como Los Waykis en la sombra. Según la Fiscalía, la organización buscaba colocar a funcionarios afines en cargos estratégicos del Estado, incluyendo subprefectos y asesores ministeriales.
La implicación familiar de la presidenta en este caso, aunque nunca se probó de manera directa, deterioró aún más su imagen. A ojos del país, el poder se había vuelto un asunto doméstico, una estructura sostenida por favores y lealtades personales. El discurso de moralidad que alguna vez proclamó su Gobierno se desmoronó.
La represión y las heridas abiertas
Otra de las grandes controversias de Dina Boluarte fueron las muertes registradas durante las protestas que sacudieron el país tras la caída de Pedro Castillo. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, que dejó un saldo de decenas de fallecidos, en su mayoría jóvenes de regiones rurales.
La Fiscalía abrió una investigación preliminar por presuntos delitos de homicidio agravado y genocidio. Pero el proceso quedó suspendido mientras la presidenta conservaba la inmunidad del cargo. Ahora, con su destitución, el caso podría reactivarse. Esa posibilidad abre una nueva etapa judicial en la que la ya exmandataria deberá rendir cuentas ante la justicia.
Entre el lujo y la soledad política
A medida que los escándalos crecían, los apoyos políticos de Dina Boluarte se evaporaban. Los mismos partidos que la habían sostenido para frenar a la izquierda populista terminaron abandonándola. La inseguridad, la inflación y la sensación de vacío institucional agravaron el clima de descontento. Cuando el Congreso votó su destitución, apenas hubo resistencia: 94 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones. La presidenta ni siquiera acudió a defenderse.
José Jerí, presidente del Congreso, asumió de inmediato la jefatura del Estado, prometiendo una transición ordenada. Pero Perú, una vez más, vuelve a la inestabilidad. Desde 2018, el país ha visto desfilar seis presidentes. Boluarte, la primera mujer en ocupar el cargo, se suma ahora a esa lista de gobiernos fugaces marcados por la corrupción, la división y la desconfianza.