Ante la creciente preocupación que despierta el uso sin control de las redes sociales entre menores de edad, Francia planea seguir los pasos de Australia. El pasado 10 de diciembre, Canberra aprobó la prohibición para que menores tengan cuentas en redes, y se ordenó multar a las empresas que no impidan o cierren cuentas de usuarios menores de esa edad con multas de hasta 28 millones de euros.
Con un proyecto de ley ya redactado, Francia pretende evitar que los menores de 15 años puedan utilizar libremente las redes. El borrador está pendiente de ser revisado por expertos legales, y será debatido en el parlamento a principios de año. El presidente del país, Emmanuel Macron, ya avanzó su intención de que Francia siga el ejemplo australiano, que aprobó el veto al uso de Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok, entre otras.
El diario Le Monde informó que el borrador del proyecto de ley incluye dos medidas centrales: la prohibición del uso de redes sociales a menores de 15 años y la prohibición de usar smartphones en institutos, donde estudian adolescentes de 15 a 18 años. En escuelas de primaria y secundaria ya se había vetado el uso de estos dispositivos, aunque la medida ha sido difícil de supervisar y aplicar.
Además del Consejo de Estado, sindicatos educativos también supervisarán la ley propuesta antes de aceptar su entrada en vigor. El ejecutivo tiene intención de aprobarla a partir de setiembre de 2026. En la ley se destacan los “riesgos del uso excesivo de las pantallas por parte de los adolescentes”, que incluyen los peligros a ser expuestos a contenidos inapropiados, bullying online o alteración de patrones de sueño. Todo por la necesidad de “proteger a las futuras generaciones”.
En opinión de Macron, ya existe un “consenso social” tras la aprobación de la ley en Australia. “Cuanto más tiempo de pantalla existe, más caen los resultados escolares. Cuanta más pantalla, más problemas de salud mental crecen”, remarcó el presidente francés. Hizo la comparación con el uso de un coche de Fórmula 1 por parte de un adolescente: “si un niño está en un coche de Fórmula 1 y enciende el motor, no quiero que gane la carrera, solo quiero que salga del coche. Quiero que primero aprenda el código de circulación, que se asegure de que el coche funcione y que le enseñe a conducir en otro coche”.
Dinamarca, Malasia, Reino Unido…
El modelo australiano está siendo estudiado también en Dinamarca -que planea aplicar el veto este 2026- o Noruega. Malasia también pretende vetar las redes sociales a menores de 16. En Reino Unido, el gobierno de Keir Starmer no descarta la medida. Anne Le Hénanff, ministra francesa de desarrollo digital, dijo a Le Parisien que el veto a menores de 15 años era una prioridad de gobierno, y que la ley será “compatible con la legislación europea”.
Una encuesta publicada en septiembre reveló que 4 de cada 5 franceses desean que se prohíban las redes sociales a los menores de 14 años. A nivel de la UE, el Parlamento Europeo instó el mes pasado a Bruselas a establecer edades mínimas de acceso a las redes sociales para combatir el aumento de los problemas de salud mental entre los adolescentes debido a la exposición excesiva.
Un “veneno lento” para los niños
Una investigación del Parlamento francés sobre los efectos psicológicos de TikTok concluyó en septiembre que la plataforma era como un “veneno lento” para los niños. La diputada centrista Laure Miller declaró que TikTok era un “océano de contenido dañino” muy visible para los niños a través de algoritmos que los mantenían en una burbuja.
TikTok respondió que se le estaba utilizando injustamente como chivo expiatorio de “desafíos que afectan a toda la industria y a la sociedad”. El informe del parlamento francés recomendó que se prohibiera por completo el uso de las redes sociales a los menores de 15 años en Francia, y que los de entre 15 y 18 años se enfrentaran a un “toque de queda digital” nocturno, lo que significa que las redes sociales quedarían inaccesibles entre las 22:00 y las 8:00. La investigación se inició tras una demanda de 2024 contra TikTok, presentada por siete familias que la acusaron de exponer a sus hijos a contenido que los incitaba a suicidarse.