Que un expresidente de la República vaya a cumplir una pena de prisión es una decisión sin precedentes e histórica. Tras la condena de Nicolas Sarkozy, se reaviva la batalla entre los poderes. La condena de Nicolas Sarkozy el jueves amenaza con reavivar la polémica sobre el «gobierno de los jueces», en un momento en que el Estado de derecho está en el punto de mira en muchos países.
El expresidente de la República se suma así a un debate que no deja de cobrar importancia en Francia, que enfrenta a los responsables políticos y a la justicia, brazo armado del Estado de derecho. En este momento, la derecha se mantiene discreta. Las críticas se dirigen contra un punto concreto: la ejecución provisional de una condenación, que llevará a Nicolas Sarkozy a la cárcel antes de un nuevo juicio en apelación y una posible condena definitiva.
¿Debemos ver en ello una señal de que el inicio de una batalla entre los poderes político y judicial solo se ha pospuesto? Esta adquiriría especial relevancia en una época en la que el Estado de derecho se ve sacudido por una fuerte corriente «iliberal», que cuestiona la independencia de la justicia frente al poder del «pueblo», conferido a los políticos en las urnas: así ocurre con Donald Trump en Estados Unidos o Viktor Orbán en Hungría.
A la crisis económica que azota Francia, ¿añadirá esta sentencia una crisis institucional a la crisis política? No es nada nuevo: cada vez que se cuestiona judicialmente a un responsable político, resurge el viejo estribillo del «gobierno de los jueces», como si la probidad de los representantes electos dependiera únicamente del sufragio universal y no de la ley. Pero, ¿qué valor tiene una democracia si sus dirigentes pueden eximirse de toda responsabilidad penal?
Es cierto que cabe preocuparse por los posibles abusos de una autoridad pública sin atentar contra la separación de poderes. Pero, en este caso, las vehementes críticas contra la fiscalía no se dirigen tanto a la naturaleza política del proceso o a la insuficiencia de las garantías contra el riesgo de desviación del procedimiento, sino al principio mismo de penalizar los hechos cometidos en el ejercicio de las funciones de los representantes electos; los tribunales sustituirían al pueblo soberano, único juez de la probidad de sus mandatarios.
Ya conocemos la canción. Lo que no entendemos tan bien es que no suscite la reprobación general. ¿Cómo pueden los responsables políticos querer liberarse así de toda responsabilidad por sus ilegalidades, salvo una hipotética sanción electoral? ¿No debe ser la ley igual para todos, tanto si protege como si castiga?
Es evidente que se trata de una imposición. O, más exactamente, de un mito: porque, en realidad, como todos los mitos, la retórica del gobierno de los jueces tiene por objeto hacer indiscutible una representación del mundo social. En este caso, presentar la ampliación de los poderes de los tribunales —la condena de los responsables políticos o la censura de sus decisiones— como necesariamente abusiva, para legitimar su impugnación, es decir, la impugnación de la emancipación del poder jurisdiccional.
¿En qué se basa el mito? En dos tendencias históricas, reales e interdependientes, que prevalecen. Por un lado, la primacía de la ley se ve cuestionada por el desarrollo del control de constitucionalidad, así como por la afirmación de la superioridad del derecho europeo y convencional sobre la ley nacional. Por otro lado, se observa un movimiento de emancipación relativa del poder judicial con respecto al poder ejecutivo. Por último, la dinámica de integración del derecho —tanto francés como español— en el ordenamiento jurídico europeo confiere a los tribunales una poderosa palanca para la emancipación progresiva del poder ejecutivo.
La retórica del gobierno de los jueces constituye, precisamente, una reacción a este doble movimiento. La denuncia del gobierno de los jueces designa, en general, la supuesta usurpación de la voluntad popular. Esta retórica recodifica la emancipación de los magistrados —real— en una empresa —sistemática y necesaria— de cuestionamiento de la soberanía popular. En Turquía, Israel, Hungría, Polonia o Italia, esta denuncia de la subversión judicial caracteriza a los gobiernos o movimientos políticos con inclinaciones autoritarias. En Francia, el juez se concibe, en el mejor de los casos, como un auxiliar del poder ejecutivo y de su poderosa administración.
Así, la retórica del gobierno de los jueces expresa, ante todo, una oposición reaccionaria a la emancipación de un poder jurisdiccional dedicado a la preservación de las libertades. Por iniciativa del poder político, los jueces contribuyen a una forma de bloqueo, a través de una jurisprudencia que rechaza como ilegal cualquier propuesta alternativa en materia económica y social. En los últimos años, también se ha observado la aplicación de supuestas estrategias de «lawfare» contra fuerzas políticas en España, es decir, la instrumentalización con fines coercitivos del aparato jurisdiccional, como herramienta de represión o venganza política.
Pero, más allá de estos golpes de fuerza, de la connivencia social y profesional y de la intimidación más o menos explícita, siguen existiendo numerosos vectores de influencia del poder ejecutivo sobre el curso de la justicia: le permiten ejercer otra forma de gobierno por parte del juez; indirecta e insidiosa, no por ello menos eficaz, que favorece la adopción de decisiones favorables a sus orientaciones en detrimento de las garantías de los justiciables.
Francia se ha convertido en la campeona europea en condenas de antiguos dirigentes políticos. Entre la voluntad de una justicia estricta y las acusaciones de politización, el elevado número de condenas contra sus antiguos gobernantes distingue a Francia en el continente. Hay dos formas de ver las cosas: o bien la justicia francesa funciona mejor que en otros lugares y no duda en condenar a los poderosos, o bien la justicia francesa está politizada y ha tomado el poder sobre los políticos.