El presidente Donald Trump pasó el fin de semana largo del Día del Trabajo en compañía de su nieta Kia, disfrutando de una jornada de golf. Sin embargo, mientras él descansaba, los tribunales federales de Estados Unidos lanzaron dos decisiones de gran impacto que ponen en entredicho pilares de su actual mandato. Por un lado la política migratoria en la que se apoya para asustar a medio país y el uso de los aranceles como herramienta de presión económica cada vez que un país no le baila el agua.
La jueza Jia Cobb, nominada por Joe Biden en 2021, bloqueó este fin de semana la ampliación de las deportaciones aceleradas en el interior del país y la Corte de Apelaciones del Circuito Federal en Washington dictaminó que la mayoría de los aranceles impulsados por Trump carecen de fundamento legal, aunque se mantienen temporalmente mientras el gobierno prepara una apelación ante la Corte Suprema.
Ambos reveses judiciales se suman a un contexto en el que Trump, en su segundo mandato, ha redoblado su agenda de deportaciones masivas y de confrontación comercial con los principales socios económicos de Estados Unidos.
La jueza Jia Cobb: perfil y trayectoria
La jueza Jia Marguerite Cobb, de 44 años, ocupa desde 2021 un asiento en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Su nominación, realizada por el entonces presidente Joe Biden, fue parte de un esfuerzo por diversificar el poder judicial federal tanto en experiencia profesional como en representación.
Cobb estudió Derecho en la Universidad Northwestern y comenzó su carrera como abogada defensora pública en Washington D.C., representando a acusados sin recursos. Posteriormente, trabajó en el bufete Relman Colfax PLLC, reconocido por sus casos de derechos civiles, vivienda justa y litigios por discriminación. Su trayectoria ha estado marcada por la defensa de los derechos constitucionales, el debido proceso y la protección de comunidades vulnerables. Estas credenciales se reflejan hoy en sus decisiones frente a las políticas migratorias y económicas de la actual administración Trump.
El nombramiento bajo Biden
Cuando Joe Biden la presentó como candidata, la Casa Blanca destacó su “compromiso con la justicia equitativa y el acceso a los derechos constitucionales”. La confirmación fue ajustada en el Senado, reflejando la polarización política en torno a las nominaciones judiciales.
Desde entonces, Cobb ha intervenido en casos de gran relevancia nacional. Su papel ha sido especialmente visible en asuntos migratorios, donde ha frenado disposiciones que, en su criterio, exceden la autoridad del Ejecutivo y afectan derechos fundamentales.
Aunque nombrada por un presidente demócrata, su función como jueza es independiente, y sus decisiones recientes la colocan en el centro de la disputa política de la administración actual.
El freno a las deportaciones exprés
El viernes por la noche, Cobb emitió una opinión de 48 páginas en la que ordenó bloquear la ampliación de las deportaciones exprés que la Casa Blanca buscaba aplicar de forma masiva en todo el país. Hasta el inicio de este año, el procedimiento de “expedited removal” solo se aplicaba a personas detenidas cerca de la frontera y con menos de dos semanas de permanencia en Estados Unidos. La administración Trump expandió esa figura para incluir a migrantes con hasta dos años en el país y detenidos en cualquier punto del territorio nacional.
La jueza consideró que esa extensión violaba el derecho al debido proceso protegido por la Quinta Enmienda. “Priorizar la velocidad por encima de todo llevará inevitablemente al Gobierno a remover erróneamente a personas a través de este proceso truncado”, escribió. Cobb subrayó que no cuestionaba la legalidad de la ley de deportación acelerada en sí ni su aplicación en frontera, sino que advertía contra su uso indiscriminado. El Departamento de Seguridad Nacional respondió con dureza, afirmando que la decisión ignora la autoridad presidencial y defendiendo que Trump tiene “el mandato de deportar a los peores de los peores”. Sin embargo, organizaciones de derechos de los inmigrantes celebraron la resolución, que podría beneficiar a cientos de miles de personas en riesgo de expulsión inmediata.
Antecedentes en inmigración
No es la primera vez que Cobb frena disposiciones migratorias del gobierno. Entre sus decisiones previas destacan el bloqueo a la deportación de beneficiarios de “parole humanitario”, consideró que el DHS actuaba fuera de su autoridad legal. Crítica a las detenciones en cortes migratorias. Ella cuestionó la práctica de agentes de ICE que arrestaban a inmigrantes en los pasillos después de que jueces cerraban sus casos. Estas resoluciones muestran una línea consistente de exigir que el Ejecutivo adapte sus procedimientos a los estándares de debido proceso.
La Reserva Federal
Cobb también tiene bajo su jurisdicción un caso de alto perfil institucional: la demanda de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, contra Donald Trump. El presidente busca destituirla alegando supuestas irregularidades financieras, pero la defensa de Cook sostiene que su remoción violaría la independencia del banco central.
El caso aún no se ha resuelto, pero podría llegar al Tribunal Supremo y sentar precedente sobre los límites del poder presidencial frente a la Fed.
Los aranceles bajo escrutinio judicial
En paralelo al fallo migratorio, Trump enfrentó otro revés judicial en el terreno económico. La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Washington dictaminó que la mayoría de los aranceles que el presidente impuso bajo la Ley de Poderes Económicos en Situaciones de Emergencia Internacional (IEEPA) son ilegales.
El tribunal, en una votación 7-4, concluyó que la ley de 1977 no otorga al presidente autoridad ilimitada para fijar aranceles. Tradicionalmente, el IEEPA ha sido usado para sanciones financieras o congelación de activos frente a enemigos extranjeros, no para políticas comerciales.
El fallo afecta tanto a los “aranceles recíprocos” de abril, parte de la guerra comercial de Trump, como a los impuestos adicionales de febrero contra China, Canadá y México. La corte decidió mantenerlos en vigor hasta el 14 de octubre, plazo en que la Casa Blanca puede apelar ante la Corte Suprema.
En respuesta, Trump calificó al tribunal de “altamente partidista” y aseguró que eliminar los aranceles sería “un desastre para el país”. No obstante, expresó confianza en que la Corte Suprema revertirá la decisión.
La Casa Blanca, a través de su portavoz Kush Desai, defendió que el presidente “ejerció de manera legal los poderes que el Congreso le otorgó para proteger la seguridad nacional y económica de Estados Unidos”.
Repercusiones económicas y políticas
Los aranceles han sido una de las piedras angulares de la política exterior de Trump en su segundo mandato. Bajo su premisa de “reciprocidad”, los utilizó para renegociar acuerdos y presionar a socios comerciales. Si la Corte Suprema confirma la ilegalidad de su aplicación bajo el IEEPA, el gobierno necesitaría recurrir a otras normas o negociar directamente con el Congreso para mantenerlos.
Analistas consideran que la decisión aumenta la incertidumbre en los mercados. “Lo último que necesita el sector privado es más dudas sobre la política comercial estadounidense”, señaló Art Hogan, estratega jefe de B. Riley Wealth.
Escenario político
Las dos decisiones de este fin de semana demuestran que el Poder Judicial está actuando como freno a las medidas ejecutivas más agresivas del presidente. En inmigración, los jueces han advertido que acelerar procesos sin garantías amenaza derechos fundamentales. En comercio, han recordado que la Constitución reserva al Congreso la potestad de imponer impuestos y aranceles.
Trump, sin embargo, mantiene el control del Ejecutivo y cuenta con un Congreso dividido. Sus simpatizantes lo ven como un líder dispuesto a desafiar las instituciones para cumplir sus promesas; sus detractores señalan que sus políticas corren el riesgo de ser desmanteladas en los tribunales.
Mientras Trump disfrutaba de un fin de semana familiar, la justicia federal ponía en entredicho dos de sus principales banderas: las deportaciones masivas y la política arancelaria.
Ambos fallos limitan la capacidad inmediata del gobierno y anticipan una serie de enfrentamientos legales que sin duda llegarán hasta la Corte Suprema.