Cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, la guerra ha entrado en una fase de desgaste prolongado que combina estancamiento militar en varios frentes con una intensificación de los ataques contra la retaguardia civil. En la noche anterior al cuarto aniversario, Rusia lanzó alrededor de medio centenar de misiles y casi 300 drones Shahed, según las autoridades ucranianas. Aunque muchos fueron interceptados, al menos 14 misiles y 23 drones impactaron en 14 puntos distintos del país, dañando infraestructuras energéticas y edificios residenciales.
En la ciudad oriental de Leópolis, lejos de la línea del frente, dos explosiones sacudieron el centro de la ciudad. Los artefactos, colocados en papeleras, mataron a una agente de 23 años e hirieron al menos a 25 personas. Las autoridades detuvieron a una mujer ucraniana de 33 años y sostienen que actuó bajo instrucciones de los servicios secretos rusos. En paralelo, en la región de Kiev murió al menos una persona y varias resultaron heridas por impactos y caída de restos de misiles. También se reportaron daños en Odesa, Kirovograd y Poltava.
El coste humano de cuatro años de guerra
La intensificación de los ataques coincide con el fracaso de los últimos intentos de negociación impulsados por la Casa Blanca para explorar una salida diplomática. Sin avances tangibles y con el frente estancado, el coste humano de cuatro años de conflicto es devastador. Para analizar las implicaciones de la guerra en materia de derechos humanos, Artículo14 conversó con Yulia Gorbunova, investigadora senior de Human Rights Watch (HRW).
-Cuatro años después de la invasión a gran escala, ¿en qué fase está la guerra?
-La guerra se ha transformado en un conflicto prolongado de desgaste, caracterizado por la erosión sistemática del derecho internacional humanitario.
-¿Cómo se manifiesta esa erosión sobre el terreno?
-Las fuerzas rusas han atacado hospitales, escuelas y edificios residenciales, devastando barrios enteros, a menudo como resultado de ataques indiscriminados con armas explosivas en zonas pobladas.
-¿Qué ha cambiado para la población civil desde 2022?
-Para los civiles ucranianos, el cambio más fundamental desde 2022 es la transición del shock agudo a una vulnerabilidad crónica. En las zonas ocupadas, se manifiesta en una atmósfera de miedo, presión y coerción impuesta por las autoridades rusas. En todo el país, millones de personas afrontan un desplazamiento de larga duración.
-Han documentado ataques repetidos contra la red energética. ¿Qué patrón observan ahora?
-La estrategia rusa se basa ahora en ataques coordinados a escala nacional diseñados para interrumpir gravemente la red energética y convertir el invierno en un arma. Se suma la utilización precisa de drones FPV contra civiles, lo que aterroriza a las comunidades de primera línea.
-En los territorios ocupados, ¿qué tipo de presiones están documentando?
-Las autoridades rusas obligan a los residentes ucranianos a aceptar la ciudadanía rusa, en violación del derecho internacional, lo que allana el camino para la comisión de nuevos crímenes de guerra. Restringen el acceso a la atención médica, a las pensiones y al empleo para forzar a los residentes a obtener pasaportes rusos. En esencia, dejan a los ucranianos ante una elección extrema: aceptar la ciudadanía rusa o verse obligados a marcharse.
-¿Qué revelan sus investigaciones sobre el trato a los prisioneros de guerra ucranianos?
-Nuestra investigación, así como los hallazgos de la ONU, confirman que el abuso contra los prisioneros de guerra ucranianos no es una serie de excesos aislados, sino parte de una política estatal sistemática y coordinada. Datos de finales de 2025 y principios de 2026 muestran que el 96% de los prisioneros ucranianos liberados denunciaron haber sido sometidos a tortura o malos tratos graves bajo custodia rusa.
Los abusos comienzan con los llamados “procedimientos de admisión”, que incluyen brutales palizas, y evolucionan hacia un régimen casi diario de descargas eléctricas, simulacros de ejecución y violencia sexual, dentro de un sistema institucionalizado que opera con impunidad casi total.
-¿Qué grupos considera que están en mayor riesgo de sufrir daños irreversibles?
-Las personas mayores en comunidades cercanas al frente, que a menudo no pueden huir y son las primeras en perder acceso a atención médica y pensiones. Los niños en zonas ocupadas enfrentan una desucranización sistemática: son obligados a seguir el currículo ruso, sometidos a adoctrinamiento militar y aislados de su cultura, lo que crea un trauma generacional que ningún tratado de paz puede revertir fácilmente. Las personas discapacitadas son invisibles en los planes de evacuación y se ven gravemente afectadas por los ataques a la red eléctrica, ya que los apagones inutilizan los ascensores y los equipos médicos de los que dependen para sobrevivir.
-De cara al futuro, ¿qué deberían hacer los aliados de Ucrania?
-Cuatro años después, la magnitud de las atrocidades documentadas exige una rendición de cuentas concreta a lo largo de toda la cadena de mando rusa, desde quienes actúan sobre el terreno hasta la más alta dirección política y militar.
-¿Qué papel deben jugar los mecanismos internacionales de justicia?
-Las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra altos cargos rusos son un hito importante hacia la reparación para las víctimas. Los aliados de Ucrania deberían apoyar plenamente las investigaciones nacionales y de la CPI, hacer cumplir las órdenes de arresto, ampliar los procesos basados en jurisdicción universal y respaldar a la sociedad civil ucraniana que documenta las violaciones y asiste a los supervivientes.