La causa judicial que rodea a Marine Le Pen volvió a situarse este martes en el centro del debate político y judicial francés. La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París confirmó que solicitará penas de inhabilitación en el proceso por malversación de fondos europeos que afecta a la dirigente ultraderechista y a otros miembros de su partido, Agrupación Nacional. Aunque no se precisó la duración concreta de esas sanciones, el anuncio refuerza el riesgo de que su futuro político quede seriamente comprometido.
El encargado de abrir la requisitoria fue el fiscal Thierry Ramonatxo, uno de los dos representantes del Ministerio Público. En su intervención inicial dejó claro el rumbo que seguirá la acusación al afirmar: “Solicitaremos penas de inhabilitación (…) No hace falta disimular un falso suspense“. La exposición de la Fiscalía, que se espera se prolongue durante más de cinco horas, se desarrolla en una fase clave del juicio en apelación.
Le Pen fue condenada en primera instancia en marzo de 2025 por malversación de fondos del Parlamento Europeo. Aquella sentencia incluyó cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata para ejercer cargos públicos, una medida que, de confirmarse, impediría su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027, en las que parte como favorita. Además, se le impuso una pena de cuatro años de prisión, de los cuales dos quedaron exentos de cumplimiento.
“Ha llegado la hora de ajustar cuentas”
Durante su alegato, Ramonatxo subrayó la gravedad del caso y el momento procesal al asegurar: “Ha llegado la hora de ajustar cuentas. No se trata en absoluto de trivializar las responsabilidades de nadie ante este tribunal, sin diluirlas ni disminuirlas”. El fiscal adelantó que, junto a Stéphane Madoz-Blanchet, solicitarán que se confirme de forma amplia la responsabilidad penal de todos los acusados y que se apliquen las inhabilitaciones correspondientes.
La Fiscalía también recordó el clima de tensión que rodeó el fallo inicial. Ramonatxo reprochó a dirigentes y militantes del entonces Frente Nacional los ataques públicos dirigidos contra la justicia tras la primera condena y aludió a las amenazas de muerte que recibieron los magistrados. En contraste, celebró que el juicio en apelación se haya desarrollado en un ambiente más calmado.
Según quedó establecido en la primera sentencia, Le Pen habría continuado un sistema de financiación irregular diseñado por su padre, Jean-Marie Le Pen, basado en el uso indebido de fondos asignados a asistentes parlamentarios europeos entre 2004 y 2016. El perjuicio económico para la Eurocámara fue estimado en más de cuatro millones de euros.
En esta fase del proceso, la defensa de Le Pen ha girado en torno a la ausencia de intención delictiva. La dirigente sostiene que actuó de buena fe y que no fue consciente de estar infringiendo la ley. En el tribunal afirmó: “Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho”, insistiendo en que nunca existió voluntad de montar un sistema para financiar ilegalmente a su partido con recursos europeos. También argumentó que sus actuaciones fueron públicas y que el Parlamento Europeo no emitió advertencias previas sobre posibles irregularidades.
“Nunca espero una sorpresa agradable”
La Fiscalía, sin embargo, rechaza esa versión. El abogado general sostuvo que el proceso en apelación ha confirmado la existencia de “una organización fraudulenta con la meta de financiar” al partido en una etapa de serias dificultades económicas. A su juicio, se trató de “un sistema pensado a desviar fondos públicos despreciando las reglas de probidad y del funcionamiento de lo público”. Además, recordó que el Parlamento Europeo se financia con los impuestos de los ciudadanos franceses y del resto de la Unión Europea.
Por su parte, Stéphane Madoz-Blanchet enfatizó que la condición de cargo electo no exime del cumplimiento de la ley y afirmó que ser elegido por sufragio universal “no representa un refugio contra la ley, pero sí una máxima exigencia”.
Antes de conocer la requisitoria, Le Pen reconoció ante la prensa que su experiencia con los tribunales la ha vuelto prudente. “Nunca espero una sorpresa agradable al pisar un tribunal”, declaró, aunque añadió que sigue creyendo “en milagros”. Consciente de que su porvenir político está en juego, dijo confiar en una absolución o, al menos, en una reducción de la inhabilitación: “No depende de mí, no tengo todas las cartas en la mano”.
El juicio en apelación, iniciado el 13 de enero, encara su recta final y está previsto que concluya el 13 de febrero. La sentencia, sin embargo, no se espera hasta este verano. Su contenido será decisivo no solo para el destino judicial de Marine Le Pen, sino también para su capacidad de competir por cuarta vez por la presidencia de Francia en 2027, un objetivo que podría quedar definitivamente fuera de su alcance si se confirma la condena.