Francia afronta el final de año sin unos nuevos presupuestos aprobados y con una escena política cada vez más fragmentada. En este contexto de bloqueo parlamentario, el Gobierno galo ha optado por una salida de emergencia prorrogando de forma provisional los presupuestos de 2025 durante unas semanas. La decisión, que se materializa en una ley especial tramitada por la vía de urgencia, pone de relieve tanto la debilidad del Ejecutivo como la distancia entre las fuerzas políticas, entre ellas la extrema derecha de Marine Le Pen, que ha rechazado cualquier contacto con el Gobierno.
El Ejecutivo del primer ministro Sébastien Lecornu ultimó este lunes los preparativos para esa prórroga presupuestaria, después de constatar el fracaso de las negociaciones para dotarse de unas cuentas antes del 31 de diciembre. La falta de acuerdo en el Parlamento, y en particular el colapso de la comisión mixta de senadores y diputados encargada de buscar un texto de consenso, obligó al Gobierno a alargar los plazos para garantizar la continuidad del Estado. La ley especial permitirá seguir recaudando impuestos y pagando salarios públicos a partir del 1 de enero, mientras se intenta retomar la negociación en enero.
La prórroga como un mal menor
Durante la jornada, Lecornu mantuvo una ronda de consultas con los principales líderes políticos. Quedaron excluidos tanto la extrema derecha de Marine Le Pen como La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que se negaron a participar en los contactos. El resto de partidos coincidieron, al menos, en la necesidad de prorrogar las cuentas de forma provisional.
Los primeros en ser recibidos fueron los socialistas, cuyo apoyo resulta clave para la supervivencia del Gobierno. Ese respaldo, sin embargo, ha tenido un coste político elevado, con concesiones que amenazan con alejar a los conservadores y a sectores del centro-derecha. El líder socialista, Olivier Faure, cargó contra la derecha por “rechazar todo compromiso” y aseguró que su formación mantendrá sus “exigencias”, centradas en “una mayor justicia social y evitar recortes en los servicios públicos”.
Le Gouvernement prend acte de l’échec de la commission mixte paritaire dans laquelle siégeaient des députés et des sénateurs, sans le gouvernement.
Je remercie tous les parlementaires de tous les groupes qui ont travaillé et recherché, de bonne foi, un compromis raisonnable,…
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 19, 2025
Tras los socialistas, el primer ministro se reunió con los líderes de la coalición macronista, los comunistas, los ecologistas y, finalmente, con la derecha conservadora. Todos aceptan la prórroga como un mal menor, pero discrepan radicalmente sobre el contenido de unas nuevas cuentas. La derecha y parte del bloque macronista rechazan subidas de impuestos y defienden los recortes como única vía para equilibrar el presupuesto, mientras la izquierda reclama más ingresos y menos ajustes.
“Una verdadera ley de finanzas de 2026”
El presidente Emmanuel Macron tiene previsto presidir un Consejo de Ministros en el que se presentará formalmente la prórroga presupuestaria. El texto seguirá un procedimiento acelerado en la Asamblea Nacional y el Senado, con la previsión de ser adoptado el martes. El objetivo declarado por la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, es que “una verdadera ley de finanzas de 2026” esté aprobada antes de “finales de enero”, plazo que algunos responsables reducen incluso a las dos primeras semanas del mes.
El calendario, sin embargo, se presenta complicado. El Gobierno se ha fijado un mes para cerrar un presupuesto definitivo, en un contexto marcado por la precampaña de las elecciones municipales de marzo, que empuja a los partidos a marcar perfil propio y dificulta los compromisos. A ello se suman las advertencias de los organismos económicos sobre los riesgos de prolongar en exceso la prórroga.
En este escenario, resurgen las presiones para que el primer ministro recurra al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar un texto sin votación parlamentaria.
Lecornu se ha comprometido a no utilizarlo, a petición de los socialistas, aunque desde distintos sectores se plantea como una salida posible. Para el diputado Marc Fesneau, un eventual 49.3 no sería “un paso en fuerza”, sino “un reconocimiento del fracaso del parlamentarismo”. Desde la derecha, Bruno Retailleau instó a usar ese mecanismo para ofrecer al país un presupuesto “responsable”, con “menos impuestos y menos gasto”.
Mientras tanto, Marine Le Pen permanece al margen de las negociaciones, reforzando su estrategia de oposición frontal en un momento de crisis política prolongada desde las elecciones anticipadas de 2024. Lecornu estuvo recibiendo a lo largo de la jornada a los principales líderes políticos, pero Le Pen, al igual que el partido de izquierdas La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, se ha negado a tener contactos con el primer ministro galo.
Con una deuda que supera el 117 % del PIB y los mercados atentos, Francia gana tiempo con una prórroga presupuestaria que nadie considera satisfactoria, pero que se ha convertido en el único camino para evitar el bloqueo total del Estado.