El Ayuntamiento de Cercedilla, gobernado en coalición por PSOE y Más Madrid, anunció esta semana que denunciará a Ione Belarra e Irene Montero por las consecuencias de su actuación durante las manifestaciones contra Israel el 13 de septiembre. En un comunicado, el consistorio expresó que, durante el paso de la Vuelta a España por el municipio, “dos personas ajenas a Cercedilla, representantes de un partido político nacional, con algunos miembros de ese mismo partido, interrumpieron la etapa con actos irresponsables que pusieron en riesgo a ciclistas, equipos y vecinos, poniendo en grave peligro la seguridad de todos”.
También en Navacerrada, la Guardia Civil identificó y pidió documentación a Belarra y Montero. ¿Cometieron delito? Por su condición, no están eximidas de responsabilidad penal o administrativa. Atentar en grupo contra la autoridad o contra la paz pública con actos violentos o intimidación podría ser constitutivo de un delito de desorden público. También negarse a las órdenes de los agentes podría considerarse un delito de resistencia y desobediencia. Sin embargo, no parece que finalmente vaya a haber consecuencias legales.
Otros políticos han estado vinculados con protestas que han derivado en violencia o altercados, Podríamos mencionar a Pedro Sánchez, acusado por la oposición y grupos críticos de “jalear la violencia”. Fuera de nuestras fronteras, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierdas La France Insoumise y amigo personal de Montero, ha estado vinculado en varias ocasiones a protestas violentas. Fue acusado de incendiario por agitar las revueltas que siguieron al asesinato del joven argelino Nahel Merzouk, en 2023, con una escalada de violencia sin precedentes.
Hubo más de 3.000 detenciones, 4.000 vehículos quemados, cientos de edificios saqueados, la muerte de un bombero y varios policías heridos. Condenó el intento de asesinato de un alcalde, pero recibió numerosas críticas, incluso desde la izquierda, por no llamar a la calma y respaldar los enfrentamientos contra los agentes. Ya en 2018, la fiscalía le abrió una investigación por amenazas y actos de intimidación contra la autoridad judicial y violencia contra personas que ejercen la autoridad pública.
Son solo algunos ejemplos de líderes que hacen muy delgada la línea entre representar a la ciudadanía protegiendo su estabilidad en un momento de desbordamiento o involucrarse de una manera tan personal poniendo en riesgo la confianza que exige el cargo. Después de los incidentes mencionados, Mélenchon se hundió en las encuestas.