La escena ha sido muy distinta a la de hace unos meses. Este miércoles, en el juicio de apelación que puede marcar su futuro político, Marine Le Pen ha optado por la discreción. No ha atendido a los periodistas ni ha hablado de persecución política. Ha entrado y ha salido en silencio. El contraste con la primera instancia, cuando denunció un “juicio político” ante las cámaras, ha sido evidente.
La fecha clave ya la conocemos: el 7 de julio. Ese día el tribunal dará a conocer la sentencia que puede condicionar de forma decisiva su carrera. La dirigente del Reagrupamiento Nacional lidera hoy la mayoría de las encuestas para las presidenciales de 2027, pero ahora todo depende ahora de una resolución judicial que parece que le apartará de la carrera presidencial.
El caso gira en torno al uso de fondos del Parlamento Europeo. La acusación sostiene que durante tres legislaturas se pagó con cargo a la Eurocámara a trabajadores que en realidad desempeñaban tareas para el partido en Francia. Entre ellos, su propio guardaespaldas y el mayordomo de su padre, Jean-Marie Le Pen, quien había instaurado ese sistema en etapas anteriores. Muchos de esos asistentes parlamentarios, recriminan desde la Fiscalía, apenas acudían a Bruselas o Estrasburgo. Ese es el núcleo del procedimiento.
La defensa escurre la culpa en el Parlamento Europeo
En esta fase de apelación, la estrategia ha sido clara. Aunque Le Pen ha reconocido desde el principio los hechos, ha insistido en que nunca tuvo “el sentimiento” de estar cometiendo una falta. Sus abogados han pedido al tribunal que tenga en cuenta su “buena fe” y han defendido que la organización del trabajo de los asistentes parlamentarios no estaba claramente delimitada. La defensa, consciente de que era demasiado tarde para negar los pagos, cuestiona la interpretación jurídica. Y según sus abogados, el contexto permitía distintas lecturas y no existió voluntad fraudulenta.
La Fiscalía, sin embargo, ha sido especialmente dura con la líder de extremadercha. Aunque en esta segunda instancia ha rebajado -sólo un año- la petición de prisión, ha insistido en que el uso de fondos europeos para fines partidistas fue sistemático y no puede justificarse por una supuesta ambigüedad administrativa.
La defensa ha tratado de trasladar parte de la carga al propio Parlamento, subrayando que el sistema era conocido y que no hubo advertencias formales durante años. ResFiscalía ha respondido que la responsabilidad última recae en quien autorizó y mantuvo ese modelo.
Las penas en juego
Los fiscales han solicitado cuatro años de cárcel, una multa de 500.000 euros -que se mantiene intacta- y cinco años de inhabilitación para cargo público.
La inhabilitación es el punto decisivo. Si el tribunal confirmara esos cinco años, Le Pen quedaría fuera de la carrera presidencial de 2027. Si la pena se redujera a dos años, aún podría presentarse, dependiendo, eso sí, de un calendario que debería mantenerse fijo.
La absolución, claro está, sería el escenario más favorable para la líder ultraderechista. Pero el tono del juicio y la contundencia de la acusación, sumado a la cautela con la que Le Pen ha acudido este miércoles al juicio, no parece que esto vaya a suceder.
El impacto político
Más allá de la dimensión penal, el calendario político pesa cada vez más sobre la causa judicial de la líder política. Le Pen ha logrado consolidar una base electoral sólida y aparece como favorita en prácticamente todos los sondeos para 2027. Una inhabilitación larga alteraría por completo el escenario político francés y obligaría a su partido, cuyo éxito se basa en su figura, a replantear su estrategia al quedarse sin candidata.