Este viernes 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del INE, difundida la semana pasada, el 33,2% de los menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, de acuerdo con la tasa AROPE. Aunque el dato supone un ligero descenso, continúa siendo el más elevado entre todos los grupos de edad.
La desigualdad, además, no se distribuye de forma uniforme. Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34%) y la Región de Murcia (32,5%) encabezan las cifras más altas, reflejando una brecha territorial que condiciona las oportunidades de la infancia en función del lugar de residencia. Para Beatriz Sigüenza, directora de la Fundación Balia, “la causa que estas tres comunidades autónomas registren altos números de AROPE son multifactoriales” y señala como elemento común la baja renta media familiar. La precariedad laboral —empleos temporales, inestables y peor remunerados— y la dispersión geográfica dificultan el acceso a mejores oportunidades y servicios.
Las familias con un solo adulto
A ello se suma el coste de la vivienda, desproporcionado en relación con los ingresos, lo que golpea con especial intensidad a los hogares con hijos. Otro factor transversal es el aumento de familias con un solo adulto y varios menores a cargo, en su mayoría hogares monomarentales. La combinación de salarios más bajos y obstáculos para conciliar sitúa a estos núcleos en una posición especialmente vulnerable: “el 50% de estos hogares viven en riesgo de exclusión social”, subraya Sigüenza.
En este escenario, la Fundación Balia cumple 25 años de trayectoria. Nacida en 2001, en un momento de fuerte movimiento migratorio, la entidad surgió para acompañar niños y niñas que pasaban largas horas solos tras la jornada escolar debido a las extensas jornadas laborales de sus familias. Balia se propuso ofrecer un entorno seguro por las tardes y un espacio educativo para potenciar el desarrollo integral.
Con el paso del tiempo, el perfil de las familias ha evolucionado al ritmo de las crisis económicas. De hogares con empleo pero escaso tiempo de cuidado se pasó a situaciones de desempleo y precariedad que han deteriorado el nivel socioeconómico. En la actualidad, según datos de la entidad, el 87% de los menores atendidos vive en situación de pobreza y el 63% en pobreza extrema, con ingresos inferiores a 664 euros mensuales. Más de la mitad presenta dificultades académicas, a lo que se añaden problemas de socialización, de conducta o contextos familiares complejos. Tras la pandemia, además, se ha detectado un incremento significativo de problemas de salud mental.
Evitar que la pobreza se cronifique
Ante esta realidad, Sigüenza reclama medidas urgentes. Advierte de que “el 85% de las personas que nacen en pobreza, vivirán en ella el resto de su vida” y considera imprescindible actuar para evitar que la exclusión se cronifique. Entre las prioridades, sitúa el acceso a la vivienda y la reducción de la brecha educativa, especialmente en centros con ratios elevadas y alta complejidad, donde el alumnado vulnerable encuentra mayores obstáculos para progresar.
Futuros posibles
Cada año, la Fundación Balia trabaja con más de 3.000 menores en Madrid, Sevilla y Guadalajara, combinando refuerzo escolar, acompañamiento emocional y desarrollo de competencias cívicas. La experiencia de quienes han pasado por sus programas ilustra el impacto de ese acompañamiento.
Rosa María, que en la actualidad tiene 27 años, llegó desde República Dominicana y comenzó a acudir a la fundación animada por sus compañeras de colegio.
“Inicié en Balia cuando acababa de venir de República Dominicana. Recuerdo que mis amigas del colegio me decían siempre que tenía que ir a Balia, no conocía a nadie en el colegio y estaba desanimada”, rememora. Con el tiempo, el programa se convirtió en un apoyo decisivo: “El programa influyó en mí de una forma muy positiva. Me ayudó a no sentirme sola, me ayudó a dirigir mi vida… estoy segura de que gran parte de las cosas que he conseguido y he aprendido hoy en día es gracias a Balia”. Hoy trabaja como teleoperadora, estudia un grado en relaciones laborales y es madre de dos hijos.
Desde los 15 años realiza voluntariado y afirma: “Creo que esa es mi manera de aportar mi pequeño granito de arena”.
También Katwa, abogada de 26 años, inició su vínculo en primaria. Describe la fundación como “un lugar seguro al que ir por las tardes cuando no había adultos en casa porque estaban trabajando”. Destaca que allí adquirió valores y una base sólida para su futuro.
Actualmente ejerce en la ONG Sercade, asesorando jurídicamente a jóvenes en situación de exclusión. Cuando le preguntaron por qué dejaría un empleo estable y bien remunerado para incorporarse a una entidad social, respondió: “Siento la necesidad de devolver algo de lo que recibí en Fundación Balia y de trabajar con humanidad para sentirme más persona”.