La agresión sexual que sufrió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una calle del Centro Histórico de la capital ha detonado una reacción política inmediata, sacudido al país y reabierto el debate sobre la efectividad de las políticas de protección a las mujeres.
El episodio —captado en vídeo y viralizado en redes sociales— mostró a un hombre intentando besarla y tocándole el pecho sin su consentimiento. La escena, que generó indignación nacional, ha evidenciado una realidad cotidiana para millones de mexicanas y se convirtió en un punto de inflexión para impulsar nuevas acciones gubernamentales.
El impacto político fue inmediato. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó un Plan Integral contra el abuso sexual con el objetivo de reforzar la respuesta institucional y avanzar hacia la homologación de este delito en todo el país. Hernández insistió en que el Gobierno busca que cada mujer sepa que puede denunciar sin miedo: “Queremos decirles a todas las mujeres mexicanas, niñas, mujeres jóvenes y mujeres en general que no están solas, que cuando experimenten cualquier tipo de violencia, es importante denunciarla”, afirmó. Subrayó además: “Sepa que hoy hay una presidenta que lo protege”.
La agresión contra Sheinbaum llegó a los tribunales de manera acelerada. El sábado 8 de noviembre, un juez de control abrió un juicio contra Uriel Rivera, de 33 años, por abuso sexual en contra de la mandataria. El acusado permanecerá en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación, y enfrenta además otro proceso por haber tocado sin consentimiento a una mujer de 25 años el mismo día del ataque a la presidenta.
El caso, además de la indignación, reactivó una pregunta central que la propia Sheinbaum expresó en su conferencia matutina: “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?”. La mandataria relató que no entendió lo que ocurría hasta que su equipo de seguridad intervino y luego vio los vídeos que circularon masivamente. Confirmó que presentó una denuncia formal y adelantó que su gobierno revisará si el acoso está tipificado como delito penal en las 32 entidades federativas, además de promover una campaña enfocada en “el respeto por la mujer en todos los sentidos”.
Un problema estructural
La agresión a la jefa del Estado expuso nuevamente el enorme tamaño del problema. Según cifras del Inegi, más del 70% de las mexicanas mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia —psicológica, física o sexual— y un 15,5% ha experimentado acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación. Organizaciones civiles estiman que existe un subregistro superior al 90%, lo que hace aún más alarmante la dimensión real de los casos no denunciados.
El país enfrenta además una grave crisis de violencia feminicida: en México se asesina a un promedio de 10 mujeres al día, mientras que este año ya se contabilizan más de 500 feminicidios registrados oficialmente hasta septiembre.
Para la congresista Rocío Abreu, del partido Morena, lo ocurrido a Sheinbaum refleja la vulnerabilidad que comparten millones de mujeres: “Lo que le pasó al presidente es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros… Y ninguna de nosotras está exenta”, señaló.
El plan integral
La apuesta del Ejecutivo es que el delito de abuso sexual se convierta en un delito grave y penalmente perseguible de forma homogénea en todo el país. El Código Penal Federal ya contempla penas de hasta 10 años de prisión y multas, pero la tipificación varía significativamente entre estados. Hernández presentó un diagnóstico: 19 entidades cuentan con criterios avanzados y agravantes; nueve lo tipifican con requisitos insuficientes; y cuatro lo reconocen, pero sin denominarlo “abuso sexual”.
La senadora Martha Lucía Mícher, también de Morena, enfatizó que la reforma va más allá de actualizar leyes: “Tienes que clasificar el crimen como un delito grave. También trabajas con hombres. También empoderas a las mujeres… Y también haces un gran trabajo con la comunidad”, sostuvo.
El plan federal incluye acciones como agilizar las denuncias, fortalecer la coordinación con fiscalías estatales, capacitar a ministerios públicos, jueces, policías y funcionarios, y desarrollar protocolos específicos en transporte público y espacios laborales. A ello se suma una campaña nacional de sensibilización, que será presentada el próximo 25 de noviembre.
Hernández llamó explícitamente a la participación masculina: consideró indispensable “construir una nueva relación entre hombres y mujeres con igualdad y con respeto” y reforzar campañas dirigidas a los hombres como parte del cambio cultural.