El 26 de febrero, la Comisión Europea deberá pronunciarse sobre una cuestión que afecta de manera directa a millones de mujeres en la Unión Europea. Decidirá si respaldará o no las demandas de la iniciativa ciudadana My Voice, My Choice para garantizar el acceso a un aborto seguro en todo el territorio comunitario. La decisión llega en un momento tenso, después de que las comisarias responsables hayan rechazado reunirse con los impulsores de la propuesta antes de emitir su veredicto.
Desde la organización aseguran que el borrador de la decisión apunta a una respuesta negativa y, ante esa perspectiva, han optado por trasladar el debate a la esfera pública. Han iniciado una campaña de recaudación de fondos para publicar anuncios en los principales periódicos europeos dirigidos a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al Ejecutivo comunitario, instándoles a apoyar la iniciativa antes de que se adopte la decisión definitiva.
La plataforma recuerda para Artículo14 que, en la actualidad, más de 20 millones de mujeres en la UE no tienen un acceso real a servicios de aborto seguro. “Negar el acceso no reduce los abortos, aumenta los inseguros”, sostienen. La propuesta ha reunido más de 1,1 millones de firmas verificadas —1,2 millones según los promotores— en el marco de la Iniciativa Ciudadana Europea, superando los umbrales exigidos en diecinueve países y recibiendo el respaldo del Parlamento Europeo, ministros de varios Estados miembros, jefes de Estado y expertos legales y médicos.
“Una vía clara y respaldada para recibir atención”
La medida planteada no modificaría las legislaciones nacionales en materia de aborto. Sin embargo, sus impulsores subrayan que sí tendría efectos prácticos. Si se convirtiera en una herramienta efectiva a nivel europeo, “el cambio sería muy concreto para las mujeres que viven en países donde el aborto está restringido o es prácticamente inaccesible”.
La desigualdad dentro de la propia UE es, aseguran, evidente. En Polonia, tras la prohibición casi total de 2020, “mujeres han muerto porque los médicos retrasaron la atención por miedo a infringir la ley”. En Malta, el aborto está penalizado y las mujeres se enfrentan a penas de prisión. En otros países como Croacia o Italia, aunque es legal sobre el papel, el acceso depende del lugar de residencia o de la disposición del personal sanitario.
En la práctica, muchas mujeres deben desplazarse, reunir dinero con urgencia, pedir permisos laborales y asumir en solitario el coste económico y emocional. La propuesta prevé un mecanismo financiado por la UE que apoye económicamente a los Estados miembros que atiendan a mujeres procedentes de países donde no pueden acceder al servicio. “En lugar de estar solas y sin saber qué hacer, las mujeres tendrían una vía clara y respaldada para recibir atención”, explican para este medio. No sería una solución inmediata a todos los problemas, pero permitiría que el acceso a la atención sanitaria no dependiera tanto del lugar de residencia o de la capacidad económica. Para muchas, subrayan, “esta es la diferencia entre recibir ayuda a tiempo o enfrentarse a un riesgo grave para su salud e incluso su vida”.
“No nos iremos a ninguna parte”
La posibilidad de un rechazo por parte de la Comisión abre interrogantes políticos de mayor alcance. Desde My Voice, My Choice advierten de que una negativa no solo afectaría a las mujeres, sino también a la credibilidad democrática de la UE. “La Iniciativa Ciudadana Europea My Voice, My Choice tiene el mandato democrático más fuerte en la historia de este tipo de iniciativas”, afirman. Recuerdan que siguieron cada paso del procedimiento, construyeron una propuesta jurídicamente sólida y cumplieron todos los requisitos formales.
Si, pese a ello, la Comisión opta por no actuar, “no sería solo un no a nuestra propuesta. Enviaría un mensaje mucho más amplio”. A su juicio, no se puede invitar a la ciudadanía a participar y movilizarse, someterse al escrutinio legal y debatir en el Parlamento, para después considerar el resultado como políticamente opcional. “Cuando la democracia no ofrece resultados, se abren las puertas al autoritarismo”, alertan.
En caso de una respuesta negativa, consideran que el mensaje hacia las mujeres sería devastador: “Significaría que la UE dará la espalda a las mujeres en lugar de protegerlas”. Incluso con más de 1,1 millones de firmas y un respaldo social que supera el 70% a favor de un aborto seguro y accesible, temen que sus derechos básicos “no signifiquen mucho para el liderazgo de la UE”.
Pase lo que pase el 26 de febrero, el movimiento asegura que continuará activo. Seguirán trabajando con eurodiputados, profesionales sanitarios, organizaciones civiles y gobiernos dispuestos a avanzar. “Hasta que más de 20 millones de mujeres en la UE sigan sin tener acceso real a una atención segura, no nos iremos a ninguna parte”, concluyen.