Más de una semana después seguimos sin que nadie en Ferraz dé explicaciones lógicas que arrojen luz sobre por qué una “fontanera” del PSOE ofrecía acuerdos a empresarios investigados por la justicia a cambio de informaciones para minar la credibilidad de la UCO, los jueces y los fiscales, que investigan los casos de corrupción que afectan al presidente y a su partido. En la entrevista publicada ayer por Artículo 14, Leire Díez decía que la Guardia Civil “tiene que rendir cuentas”. Como si no lo hiciera. Y que todo este trabajo lo ha hecho, claro “en su tiempo libre” (mucho ha debido de tener, a juzgar por la vertiginosa actividad que ha desplegado en estos años).
En lugar de llevar a los tribunales a esta “falsa intermediaria”, el Gobierno ha pasado del shock inicial a intentar embarrar el terreno de juego utilizando a medios amigos que se han mostrado dispuestos a hacer el trabajo sucio inicial. Hace unos días, El Plural reproducía unas conversaciones entre el entonces capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, y un confidente, en el que el oficial de la Guardia Civil parecía que fantaseaba con poner una bomba lapa a Pedro Sánchez o contratar a un sicario venezolano que supuestamente atentara contra él.
El pasado sábado, sin embargo, The Objective demostraba que esa información no era cierta, y que, por el contrario, era el propio Bonilla el que temía que tomaran represalias contra él. Horas después, sin embargo, la vicepresidenta, María Jesús Montero y los ministros Pilar Alegría y Óscar López, echaron mano del bulo inicial para arremeter contra la UCO en tres actos públicos. Es decir, que lejos de rectificar o de callarse, siguieron utilizando una información falsa, porque, aquí está el quid de la cuestión: que no es que no se enteraran de las nuevas noticias, sino que los tres miembros del Gobierno mintieron a sabiendas porque servía a sus propios intereses, que no son otros que los de crear un relato en el que Sánchez aparece como una víctima de la ultraderecha.
El ministro Félix Bolaños repite constantemente una máxima: “Es una cacería ultra contra progresistas honestos”. Y con ese argumento se evita dar explicaciones sobre el caso Leire, el caso Ábalos, el caso Begoña Gómez o el de David Sánchez. El Ejecutivo no habla ya para todos los españoles, sino para sus propios votantes, que prefieren esa versión edulcorada de la historia y no el de la triste realidad. Y algunos, se creen esta versión.
El caso de Leire Díez deja además bien a las claras a quiénes considera el Gobierno sus enemigos en esta legislatura: a la UCO, a los jueces y a algunos fiscales, y contra ellos ha iniciado una ofensiva en la que se acepta todo. Cualquier cosa será válida siempre que sirva para anular todas las causas que tienen abiertas, porque ese es el verdadero objetivo.
Hace ya siete años que Sánchez llegó a Moncloa. En el debate de la moción de censura, el entonces candidato a presidente, elogiaba la labor de “un pequeño grupo o un pequeño gran ejército, mejor dicho, de hombres y mujeres honestos que no se dejan intimidar por las presiones y que consagran su labor al servicio público desde la Judicatura, desde el Ministerio Fiscal o también desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Hoy, al parecer, todos han mutado en fachas dispuestos a derrocar al Gobierno.