Un año después de aquel fatídico 29 de octubre en el que el término Dana se instaló en vocabulario de los españoles y sobre todo en el de los valencianos, las heridas personales, económicas y políticas siguen abiertas en miles de familias que vieron literalmente quebrada sus vidas para siempre. Las vidas no se pueden devolver lamentablemente y la perdida es imposible de recompensar pero un año después de aquella terrible tragedia hay dos cosas que merecen las víctimas de aquella riada: más agilidad en las ayudas para la reconstrucción y un presidente de la Generalitat que merezca realmente su cargo y no el que tienen que en lo único que se esfuerza es en eludir su papel como responsable último del operativo encargado de gestionar la tragedia aquella fatídica tarde.
Doce meses después de la Dana que causó la muerte de 229 personas en Valencia y unas perdidas económicas estimadas en más de 17.000 millones de euros el esfuerzo inversor para la reconstrucción es urgente principalmente para que no vuelva a pasar lo mismo. Acabo de volver de la zona cero de la catástrofe, de la localidad de Paiporta que fue epicentro de la tragedia, y lo que más me ha sorprendido es el que el barranco de El Poyo sigue sucio y que las casas a ras del suelo siguen igual de desprotegidas que hace un año. Se siguen dando clases y cursos en barracones, hay que volver a urbanizar prácticamente todas las calles y hay que cambiar 15 kilómetros de desagües. En Paiporta se han restaurado todos los servicios en precario, es decir se han restablecido, pero no en condiciones óptimas y esto asusta a los que no somos expertos pero que vemos que puede pasar y lo que es peor a los que conocen y trabajan la materia. En las últimas horas diferentes profesionales de la ingeniería han alertado de los problemas que acarrea la falta de inversión y de ejecución en infraestructuras estructurales. Los ingenieros alertan de que no se han hecho obras de encauzamiento en las presas para que los caudales puedan asumir los fenómenos meteorológicos adversos.
Es decir un año después de la mayor catástrofe natural de este siglo en España que ha costado la vida a 229 personas, los colectivos de ingenieros y arquitectos advierten que riadas e inundaciones se pueden repetir porque no se ha invertido el dinero necesario. Hasta el pasado julio se han movilizado 9.240 millones de euros, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado, de los que el 88% corresponde al Ejecutivo central, y el resto, a la Generalitat. Es la mayor movilización de fondos jamás activada en España para atender a una catástrofe pero va a un ritmo más lento de lo que se desearía porque no hay suficiente agilidad administrativa ni tampoco suficientes funcionarios para gestionar estos expedientes.
Hace un año se habló de la necesidad de coordinar mucho mejor la maquinaría del Estado con la de las autonomías teniendo en cuenta que es muy difícil para una comunidad hacer frente a una catástrofe de semejante magnitud. Esto paso durante los primeros días de las riadas cuando todavía Madrid y Valencia no se echaban los trastos a la cabeza e incluso comparecían de forma conjunta en las ruedas de prensa para hablar de los trabajos de rescate y de la recuperación de cuerpos que se estaban haciendo. Y eso mientras Carlos Mazón se resistía a pedir ayuda al Estado y el Gobierno evitaba ofrecérsela a la espera de que el President de la Generalitat se lo pidiese. Un año después el choque entre la Generalitat de Mazón y el Gobierno de Sánchez se recrudece cada día. Lejos de asumir responsabilidades y en su estrategia de liberarse de cualquier responsabilidad, el jefe del Consell sigue manteniendo que las agencias estatales, la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar) no informaron del desastre que venía.
El relato de la Generalitat sin embargo está siendo desmontado por la jueza que instruye la causa penal, Nuria Ruiz Tobarra. La jueza descartó la tesis del “apagón informativo” que maneja la Generalitat y destaca que el avance de la Dana fue anunciado por la AEMET hasta el punto de que la Universidad de Valencia acordó la suspensión completa de sus actividades. El 112 comenzó a recibir llamadas alertando del desbordamiento del barranco del Poyo a las 16.40horas, 20 minutos antes de que se constituyese el CECOPI y tres horas y media antes de la emisión del SMS de alerta. De la instrucción judicial lo último que hemos conocido es que a pesar de que el Consell dijo que no la reunión del CECOPI (El centro de Coordinación de Operativa Integrada) fue grabada. Hay material audiovisual y sonido que se desconocía.
Pero es que además la situación del president se ha complicado mucho en los últimos días porque han citado a declarar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que compartió con el presidente autonómico una comida que duró casi cuatro horas mientras muchos pueblos y localidades se anegaban y se multiplicaban las llamadas de auxilio al 112. Cuando esa comida terminó habían fallecido más de 50 personas en la provincia de Valencia y todavía hay una hora en blanco porque Mazón no llegó a su despacho inmediatamente después de comer en el restaurante sino poco antes de las ocho de la tarde.
Un año después y después de muchas versiones contradictorias Carlos Mazón sigue sin explicar donde estuvo esa hora antes de llegar al Palau. Defiende además su inacción a veces hasta de forma chulesca en la jornada más trágica que ha tenido Valencia y eso pese a que desde primera hora de la mañana contaba con un informe encargado por él mismo que advertía de la magnitud de la gota fría. Un año después lo que no se entiende es como su partido no le ha obligado a dimitir. Es un presidente insostenible que solo busca su salvación personal dando cada día una versión para justificar lo que no se puede justificar: que no estaba donde debía estar.