Debería hacérselo mirar el sanchismo cuando sale a defender en tropel a alguno de los suyos, porque suele ser la anteasala de la imputación y posterior procesamiento. Ha sucedido con la contabilidad del PSOE, sobre la cual cada vez hay más sospechas, ha sucedido con José Luis Ábalos y con Sántos Cerdán, pero también con David “el músico”, Begoña “la Fundraiser” y García Ortiz “el eliminador”. Con todos ellos se ha repetido con pavorosa sincronía el mismo patrón: se publica una información comprometedora, desde el Gobierno se niega, luego se denuncia en los tribunales, se investiga, posteriormente se abre una causa, se observan indicios de delito, se sustancian las sospechas y finalmente la causa avanza hasta llegar a la apertura de juicio oral. Dadas las circunstancias uno casi prefiere que el PSOE no lo declare públicamente inocente, porque da la sensación de que este es el requisito previo para poner en marcha todo el proceso.
A todos ellos salió a defenderlos el entramado presidencial y como si de una maldición se tratase todos ellos procesionan ahora por los tribunales de justicia como lo hace la Santa Compaña por los montes de Galicia.
Álvaro García Ortiz bien podría haber pasado a ser uno más de la amplia nómina de fiscales generales del Estado -o del Tribunal Supremo como se le conocía antes- que han pasado por el cargo desde que en 1808 Joaquín Francisco Pacheco fuera el primero. Desde entonces ni uno solo de los casi cien que han pasado por el cargo había sido procesado por haber cometido supuestamente un delito.
Han tenido que pasar 217 años para que España asista el bochornoso espectáculo de ver a un fiscal general como si fuera uno más de los muchos delincuentes que se someten al escrutinio de la justicia.
El caso de García Ortiz cuyo juicio hoy comienza es probablemente el epítome de la contaminación radiactiva que desprende la estrecha cercanía con el presidente del Gobierno. Pues se trata de otro más de esos insensatos liquidadores que, de forma voluntaria pero inconscientemente, se acercaron al degradado reactor sanchista a recoger grafito radiactivo para terminar abrasándose sufriendo los efectos de la contaminación que desprendía.
La intrahistoria de este caso
Fue precisamente eso lo que hizo el todavía fiscal general: participar supuestamente en el fallido experimento de liquidación de una adversaria política de Pedro Sánchez en este caso Díaz Ayuso. A veces se olvida pero ese y no otro es el trasfondo de esta historia cuya génesis la encontramos a finales de aquel mes de febrero de 2024 en el que la Guardia Civil detuvo a Koldo García Izaguirre y tuvieron que hacer como que expulsaban a Ábalos de su escaño en el Congreso. La situación empeoró cuando unos días más tarde comenzaron a publicarse las primeras informaciones sobre la conducta supuestamente delictiva de Begoña Gómez la mujer de Pedro Sánchez.
El Gobierno necesitaba sacudirse la presión con una maniobra alternativa con la que recuperar el control de la agenda y encontraron a un ciudadano particular que se llamaba Alberto y se apellidaba González Amador que nunca jamás hubiera sido noticia en España de no ser porque era el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Todavía se ignora quien en Hacienda o en la Fiscalía cruzó el nombre de este ciudadano con graves problemas con el fisco para concluir que ahí había carnaza con la que tapar los inicios del caso Ábalos y el caso Begoña.
Al parecer la Fiscalía tenía en la noche del 12 de marzo del pasado año mucho interés en que salieran publicadas estas informaciones en los medios de comunicación, y el fiscal general decidió tomar partido porque se comportó como un activista o un jefe de prensa al pensar que parte de su trabajo era ganar relato. Aquella noche García Ortiz cometió un error que es el que hoy comienza a juzgarse, el de publicar los datos confidenciales de un ciudadano particular.
Aunque para el recuerdo quedarán bochornosos episodios como el protagonizado por el presidente del Gobierno exigiendo a los medios que pidiéramos perdón por publicar y comentar las supuestas andanzas delictivas de García Ortiz o el frenesí con el que esta último borró todo el contenido de su teléfono móvil justo el mismo día que lo imputaron.
El reflejo sanchista
La vista que hoy comienza en el Supremo condensa todos los excesos de Pedro Sánchez desde que se encuentra en el poder. La colonización de las instituciones, su utilización con fines partidistas, el juego sucio para desacreditar adversarios políticos, el señalamiento y persecución a los medios de comunicación que destaparon el caso, la obstrucción a la justicia con la eliminación de pruebas y la pretensión de modificar coyunturalmente las leyes para dar más poder a los fiscales quitándosela a los jueces.
No se sorprendan de que haya una parte de España que a todo esto lo llame democracia. Y ojo, no son pocos.