Ninguna de las líneas de defensa seguida por los abogados de Santos Cerdán es plausible para el juez Leopoldo Puente. Lo deja claro con su último auto, demoledor, en el que rechaza todas las diligencias solicitadas por el ex secretario de Organización y desmonta su tesis de estar siendo sometido a una “causa general” por ser “el responsable de la negociación de iniciativas políticas que no han gustado a una parte importante de los poderes del Estado”, según rezaba el último escrito presentado por sus abogados.
Subraya el magistrado que desconoce por quién considera la defensa de Cerdán que está “orquestado siniestro complot” al que hacen alusión los abogados. Pero deduce que se refieren a miembros de la Guardia Civil actuando, según cree el juez instructor, de acuerdo a Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos. Aunque Puente zanja el asunto aseverando que tal idea “carece de apoyatura indiciaria”.
En el escrito, el juez declina la petición de citar como testigos a agentes de la Guardia Civil para que aclararen el papel del comandante Rubén Villalba, imputado por ser el suministrador de móviles que usaba Koldo García. Esos dispositivos los usaba el ex asesor de Ábalos para su colaboración con el Instituto Armado y “nada tienen que ver” con los iphones que le incautaron donde aparecían los audios que “resultaron consistentes indicios de la eventual participación de Cerdán León” en la presunta organización criminal que se dedicaba a la adjudicación de obra pública amañada a cambio de comisiones.
Sus abogados dudan de la veracidad de estas grabaciones que incriminan a Cerdán y, por ello, insinuaban en sus últimos escritos que podrían venir de móviles infectados con algún programa informático y, por ende, haber sido manipuladas. Sin embargo, Leopoldo Puente recuerda que hay una pericial pendiente para dilucidar si existe algún tipo de manipulación y mantiene la cautela hasta conocer los resultados.
La defensa de Cerdán también quería que la UCO investigue específicamente “cuál era el motivo de la existencia del chat “K fontanería” por parte de miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil”. Un grupo al servicio de Villalba. Pero el juez tampoco ve procedente indagar en ello, así como en solicitar la declaración de Víctor de Aldama en noviembre de 2024 ante el juez del caso de los hidrocarburos y el contenido de las reuniones que mantuvo cuando estuvo en prisión provisional. El objetivo de los abogados con esta diligencia era saber si recibió “instrucciones para mentir” ante el juez y afirmar que entregó a Cerdán una comisión de 15.000 euros, entre otras acusaciones para conseguir su excarcelación.
En definitiva, Leopoldo Puente cree que la motivación de las diligencias está basada en “insostenibles conjeturas” que nada tienen que ver con los hechos investigados y que solo podrían provocar una “dilación injustificada”.
El magistrado descarta de plano otra de las solicitudes de Cerdán, en la que le pedía que preguntara a la UCO por las personas aforadas que están siendo investigadas sin la aprobación de un suplicatorio y que remitiera al Congreso de los Diputados dicha información.
Estas sospechas las basa la defensa de Cerdán en un auto en el que el juez solicitó a la UCO “las comunicaciones telefónicas y demás actuaciones efectuadas hasta el momento de los hechos que concernían a los tres investigados hasta entonces (don José Luis Ábalos, don Koldo García y don Víctor Gonzalo de Aldama)”. El objetivo del juez es averiguar si en los terminales de Aldama se hallaba, tal y como el afirmó “alguna comunicación mantenida con don Ángel Víctor Torres (o subordinados de éste), con don Santos Cerdán, o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo”, rezaba el auto de febrero.
Pero el magistrado afea a los abogados que se erijan como “paladín de los derechos parlamentarios de terceros o, más genéricamente, del adecuado funcionamiento de la estructura constitucional” y aclara que no se está investigando a ninguna persona aforada, cerrando la puerta a las sospechas de que el actual ministro de política territorial esté siendo sometido a una investigación policial.