Llegó el turno de los corruptores en el Tribunal Supremo. De los empresarios que se acercaron, presuntamente, a la trama formada por Santos Cerdán, Koldo Garcia y José Luis Ábalos para conseguir adjudicación de obra pública a cambio de comisiones. Su objetivo era que a sus compañías no les faltaran proyectos, a poder ser sufragados con dinero público. En el punto de mira del juez ,si actuaron ilegalmente para conseguir su propósito y si pagaron mordidas a cambio a los cargos públicos implicados.
Una de las declaraciones decisivas fue la de José Ruz, de Levantina Ingeniera, una de las empresas beneficiadas y “elemento común” del triángulo Cerdán, Koldo a García, Ábalos. En concreto, trató de acercarse a los tres, pero desde el primer momento mostró especial servilismo con García: “Pues entonces a muerte. En lo que te pueda ayudar considérame a tu lao”, le decía en 2019.
El empresario ratificó varias sospechas del juez. Reconoció que, en las conversaciones incautadas por la UCO, con “ganadería” se refería al PSOE y que envió un mensaje a Koldo Garcia, tras la destitución de José Luis Ábalos, diciendo que no era “conveniente para la ganadería dejar a gente fuera del baile”.
Explicó en sede judicial que después de la salida de Ábalos se sintió marginado. No entendía por qué dejó de conseguir adjudicación de obra pública. En aras de que su empresa volviera a ser de las favoritas para los políticos del momento, pidió reunirse con el “navarro”, Santos Cerdán. “Yo me quería reunir con el secretario del PSOE porque el mecanismo para ganar concursos es que nadie hable mal de ti”, declaró.
Además, Ruz dijo ante el juez que, en efecto, mantuvo decenas de reuniones con Ábalos y Koldo García y que su manera de comunicarse era con móviles prepago que llamaban “cafetera”. Explicó que las peticiones se pedían por ese canal: “Me acuerdo que yo pedí un favor a Ábalos para que me pusiera en contacto con alguien de la Caixa porque mi empresa tenía problemas para las renovaciones de las certificaciones de Argelia y le pedí el favor a través de Koldo para convencerles de que las deudas de adelantos de certificaciones se pasaran a préstamos”, ejemplificó.
También reconoció que en las conversaciones preguntaba por Javier Herrero, director general de Carreteras, para saber más sobre las obras a las que quería optar porque “comunicarse con Koldo era difícil porque no controla la terminología administrativa”, confesó.
Niega mordidas
Eso sí, negó las supuestas contraprestaciones reflejadas en el informe de la UCO. Rechazó el pago de mordidas y sobre la nómina de 2.600 euros que estuvo pagando a Koldo Garcia explicó que le contrataron para la seguridad de una obra porque “daba el coñazo”.
Declaración clave y parecida a la de los hermanos Fernández Menéndez de la empresa Obras Públicas y Regadío (OPR). Ellos se beneficiaron, según la UCO, de la obtención de tres obras millonarias por parte del ministerio de transportes liderado por José Luis Ábalos. Ambos reconocieron los contactos con Koldo García y conversaciones en las que iban comentando con el ex asesor de Ábalos los cambios en los altos cargos del ministerio de Transportes.
Otro sueldo para la mujer de García
Una de las contraprestaciones para la trama, recogida por la UCO, fue la contratación de la ex mujer de Koldo en una empresa de uno de los socios de OPR después de la salida de Ábalos del ministerio. Contratación que Daniel Fernández enmarcó en un favor y en la que reconoció haber intercedido quitándole peso al asunto.
Las confesiones de este viernes dejan contrastado que la trama hablaba con los empresarios para mediar en la adjudicación de obra pública y que para los corruptores parecía un procedimiento habitual.
Además, certifican las sospechas del juez Leopoldo Puente que al terminar las declaraciones interpuso a todos las mismas medidas cautelares, al considerar que los indicios de criminalidad “de modo alguno” podían “considerarse desvirtuados como resultado de las declaraciones prestadas”.
Por eso, los tres imputados tienen prohibición de salir del país y comparecencias quincenales en sede judicial. Unas medidas solicitadas por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, denotando una vez más el mismo criterio con el magistrado instructor.
