El Partido Popular prepara un plan de regeneración institucional y democrática para obligar al Gobierno por ley a tener que convocar elecciones generales de manera automática en el caso de que no tenga los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Un proyecto que Alberto Núñez Feijóo ha confiado a Cuca Gamarra, la nueva vicesecretaría de Regeneración Institucional, y que incluirá la derogación “de buena parte del cuerpo legislativo sanchista”, según las fuentes consultadas por Artículo14.
Así, Gamarra tiene la misión de analizar las leyes que deberían cambiarse en el ordenamiento jurídico español para sancionar al Ejecutivo que no apruebe las cuentas cada año en el Congreso. Fuentes de la dirección del PP evitan avanzar cuáles serían las leyes a tocar pero confirman que ya están trabajando en ello. Una de las fórmulas sería la de la reforma del artículo 134 de la Constitución, que es el que trata sobre la obligación del Gobierno a presentar las cuentas públicas tres meses antes de que expiren los anteriores.
El propio Feijóo puso sobre la pista de este plan en julio cuando reflexionó en los cursos de verano de El Escorial que a veces, por “la ingenuidad del legislador”, el Ejecutivo no es sancionado ni presionado cuando, por ejemplo, prorroga unos presupuestos ya de por sí prorrogados. Y el PP pone el foco ahora en solventar lo que interpreta como una laguna legal. “No puede considerarse sin efectos el hecho de que un Gobierno no presente los Presupuestos y tiene que tener una consecuencia jurídica: o bien cuestión de confianza o, proseguidos los años, una convocatoria de elecciones tras la disolución de las Cortes”, diagnosticó el líder popular.
Este compromiso de los populares de reformar la ley para obligar al Gobierno a presentar presupuestos en tiempo y forma corresponde a la promesa de Feijóo de convocar a las urnas si llega a la Moncloa, presenta presupuestos y la Cámara Baja se los rechaza. “Haremos todos los cambios normativos necesarios para que la falta de Presupuestos no vuelva a ocurrir”, sentencian en el PP.
El PP se reserva también otra carta, según fuentes parlamentarias, la de llevar al Tribunal Constitucional la ausencia de presupuestos a través de la vía del Senado. Esto implicaría, de facto, un conflicto institucional entre la Cámara Alta y el Gobierno. El Senado -el órgano agraviado- plantearía un requerimiento previo que tendría que votar el pleno de la institución -con mayoría absoluta del PP- y de ahí se elevaría al Tribunal Constitucional que es el que debería de resolver la legalidad o ilegalidad del Gobierno al no aprobar presupuestos. Los populares ya usaron una vía parecida, planteando un conflicto de atribuciones desde el Senado al Congreso por la Ley de Amnistía, que finalmente suspendieron.
Sin Presupuestos esta legislatura
Una ofensiva total en la que ya trabaja el PP en este nuevo curso político coincidiendo con las dificultades manifiestas del Gobierno para aprobar con el voto de sus socios los Presupuestos para 2026, a los que el propio presidente se ha comprometido. Y es que Pedro Sánchez se ha visto obligado a prorrogar hasta en dos ocasiones las cuentas públicas y, de hecho, legisla con los aprobados por un gobierno distinto, el de PSOE y Podemos, que en el año 2022 conseguía amarrar el voto de los socios de investidura.
Este plan del PP se suma a la presión que ya ha ejercido antes del verano en este sentido en el Congreso y en el Senado. Entonces, ERC, Podemos o BNG apoyaron una iniciativa de los populares en la que se exigía al Gobierno cumplir el “mandato constitucional” de presentar Presupuestos. La pasada semana, los populares registraron una proposición no de ley para su debate en pleno del Congreso con la que trataran de evidenciar la dificultad del Ejecutivo para aprobar los presupuestos.
Más medidas del plan Gamarra
Por otro lado, el plan de regeneración democrática del PP también pone el foco en la figura del fiscal general del Estado, que se encuentra procesado por un delito de revelación de secretos vinculado con la pareja del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Feijóo busca como modificar las leyes para que el procesamiento del fiscal general del Estado conlleve su “cese inmediato y automático”, según avanzan a Artículo14 fuentes de la dirección del PP.
Por otro lado, los populares se comprometen a impulsar cambios normativos para que la celebración del debate del estado de la Nación sea obligatoria una vez al año. La última vez Sánchez convocó este foro fue en 2022.
El PP también busca dejar “sin efecto” una serie de leyes aprobadas en las dos últimas legislaturas. Desde la Ley Trans o de Vivienda a la Amnistía y la le de Memoria Democrática. Para ellas, presentará proyectos alternativos. El plan del equipo de Feijóo pretende incluir además medidas que permitan, con la modificación del Código Penal, el endurecimiento de delitos como el de malversación y la tipificación del delito de referéndum.