Las dos concejalas socialistas del Ayuntamiento de Torremolinos pidieron en el último pleno municipal no sentarse junto a sus compañeros de grupo. No fue un gesto simbólico ni una discrepancia política: fue una decisión tomada tras la denuncia por acoso sexual presentada contra el entonces secretario general del PSOE local, Antonio Navarro, y ante la continuidad del edil en la bancada socialista pese a estar suspendido cautelarmente de militancia.
Navarro continúa ocupando su escaño porque se ha negado a entregar el acta, lo que le permite seguir formando parte del grupo municipal y del grupo socialista en la Diputación de Málaga. El partido le ha solicitado formalmente que dé un paso atrás, pero ha respondido por escrito que no lo hará. Mientras tanto, la suspensión cautelar no implica su salida de las instituciones ni del espacio físico compartido con las concejalas.
Una denuncia presentada hace casi un año
La imagen del pleno, con las dos ediles sentadas aparte, evidenció una fractura interna que no se ha cerrado con el paso de los meses. Navarro no acudió al pleno alegando motivos de salud. La denuncia, presentada hace casi un año, sigue sin resolución y ha derivado en una situación inédita: las mujeres han optado por apartarse.
El caso se remonta a varios años atrás. Victoria (nombre ficticio) era militante socialista y compartía espacio político con Antonio Navarro en Torremolinos. Durante ese tiempo, según consta en la denuncia interna, sufrió un acoso continuado que incluyó comentarios de carácter sexual, insinuaciones persistentes y un episodio donde le tocó el culo. Los mensajes aportados como prueba incluyen expresiones como “estás muy buena”, referencias reiteradas a su cuerpo, insinuaciones sexuales explícitas y frases de presión que la situaban en una posición de incomodidad constante.
Durante ese periodo, la denunciante optó por guardar silencio. El contexto político era especialmente delicado: en el municipio se estaba gestando una moción de censura que acabaría arrebatando la alcaldía al gobierno local. La decisión de no denunciar entonces estuvo motivada por la voluntad de no interferir en un momento clave para el partido y por el temor a las consecuencias personales y políticas.
La denuncia formal se presentó tiempo después, cuando la situación se volvió insostenible. La primera reacción del PSOE de Málaga fue rápida. En apenas tres días, se elaboró un informe interno que calificaba los hechos denunciados como muy graves y contrarios a los principios del partido. Ese documento proponía apartar a Navarro de todos sus cargos y responsabilidades orgánicas.
Sin embargo, un mes más tarde, el expediente fue asumido por el Órgano contra el Acoso del PSOE, creado tras el estallido del caso Salazar para centralizar este tipo de denuncias. En julio, se comunicó oficialmente que ese órgano instruiría el procedimiento. Se celebró una reunión telemática con sus integrantes y, tras ese encuentro, el proceso entró en una fase de silencio administrativo prolongado.
Acudió a la Fiscalía
Durante meses no hubo comunicación, avances conocidos ni medidas adicionales. En ese tiempo, la denuncia empezó a trascender en el ámbito local, lo que incrementó la exposición de la denunciante sin que existiera, según el relato del caso, un acompañamiento efectivo por parte del partido. Ante la falta de respuesta, en otoño se advirtió formalmente de la situación de vulnerabilidad y se señaló la posibilidad de acudir a la Fiscalía para solicitar protección.
Finalmente, se solicitaron medidas de protección ante la Fiscalía, al considerar que el partido no estaba en condiciones de garantizarlas. A día de hoy, el procedimiento interno sigue sin una resolución, mientras el denunciado mantiene sus cargos electos.
La situación ha derivado en un escenario de tensión interna que se hizo visible en el pleno municipal. La decisión de las concejalas de apartarse físicamente del grupo socialista no es solo un gesto de protesta, sino la constatación de que la gestión del caso ha generado una sensación de desprotección y aislamiento.
El caso de Torremolinos ha reabierto el debate sobre la eficacia real de los protocolos internos contra el acoso en los partidos políticos, la diferencia entre suspensión cautelar y responsabilidad política efectiva, y el impacto que tienen los tiempos y silencios institucionales en quienes denuncian violencia machista en entornos de poder. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y sin una respuesta clara por parte del partido a nivel orgánico.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.