Tras un mes en la prisión de Soto del Real, el objetivo prioritario de la defensa de Santos Cerdán es lograr su libertad. Y, tras el no de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, han acudido directamente al Tribunal Constitucional al considerar que se están violando sus derechos fundamentales con la medida cautelar.
Ahora su recurso de amparo tiene preferencia al ser una causa con reo, y el vocal conservador José María Macías será en cargado de redactar el fallo final con la máxima brevedad. “Sigue la línea de considerar al TC como un juzgado de guardia”, explican fuentes del Tribunal de Garantías a Artículo14, que ven poco recorrido en el recurso interpuesto.
De hecho, las fuentes consultadas en el Constitucional llegan a dudar de que “haya precedentes en relación al levantamiento de la prisión provisional”. Motivo por el que, interpretan, no fallarán a favor de Cerdán.
La argumentación de este recurso sigue la línea del anterior. La defensa de Cerdán considera que no hay riesgo de destrucción de pruebas y que se ha adoptado la prisión en base a un “marco de sospecha”.
Ponen de relieve su disposición a colaborar con la Justicia que “ha mostrado desde el principio” su cliente, que dejó el acta de diputado y todos sus cargos para que el Supremo no tuviera que elevar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder citarlo a declarar como investigado.
Además, se quejan de que su imputación se basa en los audios incautados de los dispositivos de Koldo García “que a fecha de hoy no conocemos ni su veracidad, ni el soporte de los mismos, ni quien los grabó y porque motivo y que han sido convenientemente editados y filtrados en los medios de comunicación”, reza el escrito, siguiendo con la estrategia de defensa de los otros dos principales investigados: Koldo García y José Luis Ábalos.
Los abogados del ex secretario de Organización socialista se preguntan por qué si el juez instructor considera que tiene documentación que se pueda alterar no ha registrado su domicilio a diferencia de lo ocurrido con Ábalos y Koldo García que, por otra parte, se encuentran en libertad.
Precisamente, su defensa también se queja de esa disonancia. Porque si existiera el riesgo de destrucción de pruebas “debería haber sido valorado de forma global respecto el conjunto de los investigados, y por tanto haber acordado la prisión para todos ellos e internarlos en centros penitenciarios diferentes”.
También afea al tribunal que hayan interpuesto esta medida cautelar porque aún no se ha encontrado el dinero de las presuntas mordidas que cobraban de la adjudicación de obra pública presuntamente amañada y se preguntan los abogados de Cerdán si la prisión provisional va a depender de “la pericia” de los investigadores para encontrar ese incremento de patrimonio que, por otra parte, insisten en que no existe.
Vuelven a insinuar que el objetivo de la prisión de Santos Cerdán es presionarlo para que pida un pacto con la Fiscalía y confiese al igual que hizo Víctor de Aldama, que solo fue liberado “en el momento que proporcionó el material investigador”. Pretensión que califica como “tortura indagatoria”.
Y denuncian el intento de la Unidad Central Operativa por registrar las visitas a la cárcel de Santos Cerdán. Creen que la vigilancia de sus abogados atenta contra el derecho a la defensa y a la importancia de reserva de las comunicaciones entre sus abogados.
Por último, creen que el recurso debe ser admitido a trámite por las trascendencia política y social del caso por “el revuelo social suscitado a raíz de los hechos objeto de investigación” y porque “la población es especialmente reacia y reprocha este tipo de comportamientos dentro de nuestra sociedad”, habiendo marcado la prisión de Cerdán la agenda política y social de nuestro país.