La postura sobre el aborto es un asunto espinoso para el Partido Popular, casi tabú, y así había decidido el propio Alberto Núñez Feijóo que continuase –hasta ahora con éxito- tras el último congreso nacional en julio.
Y es que en el PP hay dos corrientes que dividen al partido, entre quienes han normalizado la interrupción voluntaria del embarazo y quienes piden preservar la vida del feto. Dos almas que ahora vuelven a aflorar después de que el la estructura de Madrid agitara el avispero. El apoyo del PP de José Luis Martínez Almeida a una iniciativa de Vox sobre el síndrome del “post aborto” situó esta semana todos los focos en la reacción de los populares ante el aborto.
“Es un incendio innecesario”, clamaban dentro de la dirección nacional, tal y cómo ha podido saber Artículo14. “Es un debate complejo para nosotros y es un error caer en la trampa”, coincidan otra fuente de la formación. “No hay una posición común”, reconocían en el PP, donde son plenamente conscientes de que esta cuestión “no” le aporta ningún rédito electoral.
Desde la dirección nacional, nada más conocerse la votación, avalaron la posición de Almeida al entender que “la información nunca es un problema”, en palabras de la portavoz Ester Muñoz. Horas después, un cruce de llamadas entre la dirección nacional y la del PP de Almeida acabaron en una rectificación de la posición inicial del regidor con el fin de apagar los fuegos internos.
Así, a las pocas horas, el alcalde reconocía en público que no había ninguna “categoría científica reconocida” que avalase un supuesto síndrome postaborto. El regidor matizó que la información que se facilitaría a las mujeres que decidiesen abortar no sería obligatoria sino voluntaria y que no dependería de Vox, sino del ayuntamiento. Su nueva posición fue aprobada por la dirección nacional. El secretario general, Miguel Tellado, subrayó que Almeida había “matizado” y explicado con “claridad” que no se iba a obligar a las mujeres a recibir información. “Almeida también ha dicho que el síndrome postaborto no es una categoría científica reconocida y nosotros compartimos su posición”, dijo.
En la dirección popular, aun dando por zanjada la polémica, se seguía insistiendo en que no se entendía porque se había “abierto el melón”. “Si en Cibeles no necesitan a Vox, tienen mayoría absoluta”, se oye decir en Génova como muestra de que no se entiende el “error”.
De hecho, el viernes en el PP se lamentó que el Ejecutivo consiguiera algo de “oxígeno” con el galimatías que supone para el PP el aborto. Y es que el Gobierno aprovechó la falta de posición común al respecto en el PP para anunciar que blindará por ley el aborto en la Constitución, obligando a los de Feijóo a posicionarse. Desde el PP salieron inmediatamente a frenar el debate y a denunciar que el PSOE busca “tapar” sus escándalos a cambio de generar una nueva cortina de humo. “Un nuevo señuelo”.
“Que se olvide de contar con nosotros para reformar un texto que está incumpliendo”, señalaban fuentes de la dirección nacional del PP, en referencia a la Constitución tras pasar el tiempo legal para presentar los Presupuestos ante el Congreso.
En las filas populares, no obstante, se mandó un mensaje en clave interna: la petición de cierre de filas. “No dejaremos que la izquierda reabra debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes”, avisaron formalmente.
De puntillas en el congreso nacional
Como así quiso Feijóo, el PP pasó de puntillas por los grandes debates ideológicos en su congreso nacional. El aborto, la eutanasia o los vientres de alquiler fueron asuntos esquivados y se quedaron fuera de la ponencia política del partido.
En su día, Feijóo sí reivindicó una posición propia con la que se enfrentó a parte del partido al comprometerse a que “en ningún lugar en el que gobierne el PP se coaccionará a una mujer durante su embarazo”. Su alegato fue polémico al pronunciarse después de que el PP apoyara en Castilla y León una iniciativa de Vox en las Cortes regionales para obligar a una mujer que quisiera abortar a escuchar el latido fetal. Ante eso, el presidente gallego aseguró que ningún médico, “y mucho menos un político”, podía interferir en la decisión de la mujer. Desde entonces, los populares han evitado pronunciarse más allá.