El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno da un paso que deja la puerta abierta a una eventual imputación del PSOE como persona jurídica por financiación irregular. En concreto, abre una pieza separada para investigar los pagos en metálico del PSOE a José Luis Ábalos y el que fuera su asesor en el ministerio, Koldo García, y da traslado a las partes personadas y a la Fiscalía para que se pronuncien.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguran a Artículo14 que pedirán al juez practicar nuevas diligencias, es decir, ordenarán investigar más para llegar al fondo del asunto de esos pagos. “Viniendo del Tribunal Supremo y un auto tan fundamentado, hay que practicar diligencias”, explican las fuentes consultadas.
Si bien, en el ministerio fiscal son cautos con el devenir de la investigación: “Primero se verán los delitos que hay y luego si esos eventuales delitos generan responsabilidad de la persona jurídica, el PSOE como partido. A partir de ahí se valorará”, desarrollan las citadas fuentes.
El auto del juez del Supremo Leopoldo Puente al que se refieren las fuentes consultadas remitía a la Audiencia Nacional lo indagado en el marco de la instrucción contra José Luis Ábalos y Koldo García “a fin de que, si considera que existe para ello méritos suficientes, se proceda a la investigación de los extremos que también se refieren en el cuerpo de la presente resolución”.
Este jueves, el juez Ismael Moreno aceptó esa propuesta del Supremo abriendo esta pieza separada al margen de su investigación principal.
Moreno es el juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Koldo. Es decir, el que lleva la instrucción que investiga la presunta organización criminal que cobró comisiones ilícitas por la venta de material sanitario en la pandemia.
No hay que olvidar que el Tribunal Supremo ha llevado en paralelo una investigación de los mismos hechos, pero solo con la parte que implicaba directamente al ex ministro, que goza aún de aforamiento, y su círculo más cercano, Koldo García y Víctor de Aldama.
Y es por ello que el génesis de esta investigación está en el auto del Supremo tras los descuadres en los pagos que encontró la UCO en el informe patrimonial de Ábalos, y tras tomar declaración al ex gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y una secretaria que controlaba estos pagos, Celia Rodríguez.
Las declaraciones clave
En el Supremo, Moreno Pavón fue preguntado por los requisitos que exigía el partido para pagar los tickets que se presentaban: “Que ese tipo de gastos estuviesen contemplados en los gastos oficiales. No podías presentar cualquier tipo de gastos. Y también tenían que coincidir con las fechas”, contestó vagamente. Un extremo que causó la sorpresa del magistrado: “No me diga usted que eso es un control”.
Por su parte, Celia Rodríguez reconoció que los sobres se los daba a Koldo García o a los emisarios que mandara ya fuera “su mujer o un motorista” y que el ex asesor de Ábalos también recogía aquellas liquidaciones de la Secretaría de Organización del PSOE. Un dinero que en teoría iba para el equipo y que Rodríguez “suponía que lo distribuía entre el personal”.
Estas testificales unidas a los descuadres hallados por la UCO, que Víctor de Aldama aseguró que parte de las comisiones que pagaba tenían como destinatario final el partido y que la empresaria imputada en el caso de los hidrocarburos, Carmen Pano, aseguró que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en la Calle Ferraz hizo pensar al juez Puente que había “conductas potencialmente delictivas”.
En el auto apuntó a ese desconocimiento de las personas finales a las que iba el dinero recogido por Koldo García: “Tampoco quedó explicado, de manera suficiente, quien era la persona, y cuál el procedimiento, que comprobaba, en su caso, las facturas presentadas por quienes, en su ámbito de actuación vinculada al partido, obtenían compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones”.
Subrayando que el ex gerente Mariano Moreno Pavón dijo que no había nadie por encima de Ábalos en la Secretaría de Organización y que, por tanto, “su sola firma justificaba la procedencia de la devolución del gastos sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior”, deduce el magistrado en el auto.
Puente incluso sembró la duda sobre un posible delito de blanqueo de capitales. Insinuó el juez que era posible que los trabajadores adelantaran gastos con dinero procedente de actividades ilícitas y después fueran a reclamar los abonos al partido recibiendo dinero legal a cambio. Extremos que tendrá que dilucidar ahora en el marco de esta pieza separada el juez Ismael Moreno.